Junta Directiva
Madrid, 8 de julio de 2013. AEFP ha conseguido que se introduzcan algunas
de sus propuestas en las enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno que estudia la Ponencia del Congreso (Boletín
Oficial de las Cortes Generales nº 19 – 3, de 2 de julio de 2013):
- Modificación de la Disposición Adicional Primera (Enmienda nº 534 del Grupo Parlamentario Popular y nº 498 del Grupo Socialista).
- Un representante del sector de los archivos en el organismo que vele por la transparencia (Enmienda nº 478 del Grupo Socialista).
Recordemos que,
anteriormente, el texto de la Disposición adicional Primera era el siguiente:
“Disposición
adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la
información pública. (…)
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta Ley será de aplicación,
en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la
información ambiental, a la destinada a la reutilización y a la obrante en los
archivos que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión.”
Pues bien, AEFP, tanto en el grupo de expertos del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales como en la comparecencia en la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, propuso eliminar la
referencia a los archivos de oficina o gestión, que restringía el objeto de
aplicación de la Ley a los documentos en ellos contenidos, relegando a los
demás archivos públicos (centrales, intermedios, históricos) a su regulación
específica. Esto suponía un ataque frontal al derecho de acceso a la información
pública. Propusimos modificarla, sobre todo en lo que se refiere al acceso a
los archivos históricos, para no perpetuar el error cometido en el art. 37 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que remitía el acceso a los
archivos históricos a su regulación específica, cuando éstos no están definidos
en ninguna norma concreta, sino que, al contrario, según la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, el patrimonio documental lo
integran todos los documentos públicos desde su creación.
Considerábamos que hacer
depender el alcance del derecho de los ciudadanos según en qué tipo de archivo
obre la información a la que van a intentar acceder, parecía un sinsentido.
Nuestra propuesta ha calado.
En una primera lectura de las enmiendas publicadas podemos ver que:
1) El
Grupo Parlamentario Popular ha presentado la ENMIENDA 534 con la modificación
de la Disposición Adicional Primera, en estos términos:
“3. No obstante lo dispuesto en el
apartado anterior, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus
respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la
destinada a la reutilización”.
Y
con la siguiente
“JUSTIFICACIÓN: Se unifica el acceso a
la información sin diferenciar entre el tipo de archivo en el que se encuentre,
garantizando así la igualdad en el acceso independientemente de la ubicación de
la información.”
2) El
Grupo Parlamentario Socialista ha procedido de igual manera y en la ENMIENDA
498, propone la supresión en la misma disposición del inciso referido a los
archivos de oficina o gestión, con la siguiente motivación:
“La Ley no debe remitir a la regulación
específica de los archivos históricos, ya que la Ley de Patrimonio Histórico
Español considera que el patrimonio documental lo integran todos los documentos
públicos desde el mismo momento en que se generan. Por tanto, a estos efectos,
no se deben distinguir los archivos históricos de los de oficinas y gestión”.
3) El
Grupo Parlamentario Socialista, en su ENMIENDA 478, propone la presencia en el
Consejo Consultivo de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de un
experto del sector de archivos designado por las organizaciones profesionales
del sector.
AEFP propuso la adición
de una Disposición adicional en la que se incorporara a los miembros del
Consejo Consultivo: “Un archivero que
desempeñe su trabajo en la función pública”.
Continuaremos
informando de los progresos en el debate del Proyecto de Ley.
2 comentarios:
¿Y no sería más correcto "Un archivero que desempeñe su trabajo en la Administración Pública"? Porque podría parecer, quizá, que la asociación pretende que sea uno de sus miembros quien forme parte de dicho Consejo y son muchos los profesionales que no forman parte de la misma...
Efectivamente, esa es la propuesta de nuestra Asociación, que sea un archivero que desempeñe su trabajo en la Administración Pública. Ha sido el Grupo Parlamentario Socialista el que ha incluido la mención a "un experto del sector de archivos designado por las organizaciones profesionales del sector".
La Junta Directiva
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