12 octubre 2006

Carta de Joan Pi y respuesta de A. González Quintana

Mensaje enviado a Arxiforum por Joan Pi, Archivero de Sueca
Bienvenidos, yo también soy archivero de la función pública, Local, y comparto el escrito, sin embargo, creo que esta asociación sí que compite con las existentes, que son generales, y expongo (soís libres de aceptar el consejo, por descontado) que estas reivindicaciones ya se contemplan y se tramitan por las generales (de ahí que vayaís a competir), por tanto, la naturaleza de la agrupación vuestra societaria debería transformarse en SINDICATO DE ARCHIVEROS, como hicieron en su día para la defensa propia los médicos y la policía de la Administración Local o los pilotos de la aviación civil, recordad los réditos que sacan estos grupos laborales ajenos a los sindicatos también generales.De nuevo saludos cordiales y que todo sea para bien.
Joan Pi
Archivista de Sueca
Madrid, 06 de octubre de 2006

Respuesta de Antonio González Quintana
Muchas gracias por tu bienvenida y por tus consejos, aunque estos últimos, de momento, no los vamos a seguir. Te explico por qué. En primer lugar, ojalá existiese una asociación “general” de archiveros de ámbito estatal. Y digo ojalá no porque añore los tiempos preconstitucionales, sino porque, en algunas comunidades autónomas pequeñas, la única forma de sostener una asociación ha sido la de hacerla mixta (archiveros, bibliotecarios, museólogos y documentalistas) con las funestas consecuencias que esa mezcla tiene para el asociacionismo profesional, y los mensajes de arxiforum en estos días son la mejor prueba de lo que digo. En otros casos en los que se han organizado los archiveros independientemente, su escaso número les ha limitado en gran medida, siendo su único contacto con los colegas del resto del Estado el mantenido por los representantes de las distintas asociaciones en la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, que se reúne con escasa frecuencia.En segundo lugar, hemos querido constituir una asociación de funcionarios porque eso nos da un carácter profesional que, desgraciadamente, no encontramos en la titulación académica en archivística, de la que carecemos. A cambio, los procesos selectivos en todas las administraciones y organismos públicos ofrecen, hoy por hoy, la mejor homologación profesional, por la vía de unas exigencias de conocimientos y capacidades que, si bien son dispares, tienen una base común indiscutible y, sobre todo, garantizan que quienes los superan van a trabajar con archivos y con documentos de archivo. Entre los funcionarios archiveros no existen (salvo excepción que no conozco) confusiones de identidad como las que ha puesto a la luz el debate lanzado por el COBDC. Quizá este ámbito lo debamos extender a otros archiveros de las administraciones y organismos públicos que, siendo personal laboral, han accedido a una plaza catalogada para la que se han exigido conocimientos similares a los de los funcionarios; estamos estudiando la posible modificación de nuestros estatutos en este sentido.Queremos, en definitiva, tener un foro sin intermediarios que nos conecte con los colegas de todo el territorio del Estado. Creemos, por poner un ejemplo, que un archivero de la Administración General del Estado, en cualquier ciudad, tiene más en común con el resto de archiveros de la AGE, o con un archivero municipal de cualquier comunidad autónoma distinta de la suya, que con un archivero-bibliotecario-museólogo-historiador... de su vecindario, que trabaja para una fundación sin ánimo de lucro en labores de “técnico comodín en temas culturales”.Esa necesidad que sentimos de asentamiento de nuestra identidad a través del debate y del contraste de pareceres con otros colegas con los mismos cometidos y los mismos retos profesionales que nosotros, con total independencia profesional, sin distinción de ámbito geográfico dentro de España, es lo que nos ha llevado a crear una nueva asociación.En ningún caso hemos querido hacer, y no hemos constituido, un sindicato. Ni de nuestros estatutos ni de nuestros documentos publicados o de nuestras manifestaciones, propuestas o actitudes expuestas, se desprende ningún posicionamiento vindicativo de tipo laboral: ni subidas salariales, ni mejoras de las condiciones laborales, ni caja de resistencia, ni guarderías para nuestros hijos u otros salarios sociales..., ni de servicios sociales paralelos: ni grupo de montaña, ni asesoría jurídica, ni cursos de bailes de salón. Las peticiones que hacemos a los poderes públicos son tendentes a obtener mejoras para la profesión o para las instituciones archivísticas y, sobre todo, para sus usuarios. Sobre esas peticiones y sobre las propuestas relacionadas con las mismas que recogemos en nuestro manifiesto fundacional, es sobre las que nos gustaría centrar la discusión sobre nuestro “nacimiento”, y no tanto sobre lo que supuestamente somos o deseamos ser. Sin ser tan ingenuos como para pensar que los temas económicos o puramente laborales no tienen importancia, no es nuestro principal objetivo obtener grandes fortunas con nuestra profesión; si eso es lo que hubiéramos pretendido, probablemente, no la habríamos elegido. Desde luego no encontramos en los pilotos de líneas aéreas nuestro modelo a imitar; además, dudo que una huelga de archiveros de las administraciones colapsara económicamente el país.
Antonio González Quintana
Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

05 octubre 2006

Carta abierta a las asociaciones profesionales de archiveros y a la comunidad archivística en general

Junta Directiva
Madrid, 19 de septiembre de 2006

Estimados colegas:

El pasado 25 de junio se constituyó la Asociación “Archiveros Españoles en la Función Publica” (AEFP). Esta nueva asociación profesional nace con el fin de aglutinar a los funcionarios de todas las categorías y cuerpos especializados en archivos que trabajamos para las distintas administraciones u organismos públicos y que compartimos la defensa de los archivos como servicios esenciales para la ciudadanía.

Lo que nos ha impulsado a crear esta asociación, que no trata de competir con las ya existentes asociaciones de archiveros, a las que individualmente pertenecemos muchos de los integrantes de AEFP, y a las que saludamos fraternalmente, es la necesidad, desde nuestro punto de vista, de iniciar una batalla en defensa de los archivos públicos en la que los archiveros de todas las administraciones y de todas las comunidades tengan una voz común en la exigencia de responsabilidades en la conservación y disponibilidad de los documentos de los organismos públicos, de modo que se garanticen la transparencia administrativa y el ejercicio de los derechos ciudadanos y se contribuya al conocimiento de la verdad sobre nuestro pasado reciente.

En primer lugar nos preocupa la tendencia, cada vez más extendida, a que los organismos públicos se desentiendan de sus documentos y contraten su gestión por empresas privadas; lo que hace cada día más difícil la exigencia de responsabilidades en las labores de guarda, custodia y disponibilidad de los documentos. La llamada externalización de servicios archivísticos impide, asimismo, garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la documentación de los organismos públicos o, en otro caso, garantizar la privacidad de los datos en ellos contenidos, como vemos ha sucedido con los documentos de la sanidad pública gestionados por algunas de esas empresas, sin garantía alguna de confidencialidad o respeto a la intimidad.
En segundo lugar, estamos muy preocupados por el discurso que se está dando en algunas políticas públicas en relación con el tema de la recuperación de la memoria histórica. Pues, si bien apoyamos toda iniciativa que trate de hacer una realidad el derecho a conocer la verdad y de responder al deber de recordar las atrocidades cometidas en el pasado, criticamos con firmeza cuanto pueda poner en entredicho el carácter y la función que los archivos han de desempeñar en esa labor, como herramientas insustituibles que son de testimonio de nuestro pasado.

Nuevas instituciones como los centros documentales de la memoria no deben llevarnos a pensar que desde los archivos ya no se puede hacer un trabajo de recuperación de la memoria y que son necesarias otras formas de afrontar esto de modo más dinámico o más "moderno" en las que los fondos de los archivos se podrían diluir. Al respecto conviene recalcar el carácter diferencial del documento de archivo en relación con bibliotecas o centros de documentación, y en el valor añadido que supone la preservación de su contextualidad. Además, algunas iniciativas de gran impacto mediático pueden desviar la atención sobre la situación de abandono extremo de importantísimos archivos: los de los tribunales militares sobre todo, absolutamente claves para conocer la represión franquista; o sobre la pérdida de algunos otros de los que no tenemos noticias desde el comienzo de la Transición, como el del Servicio Central de Documentación (SECED), de la Presidencia del Gobierno, fundamental para conocer la actuación de los servicios de información a partir del los años sesenta; o sobre la falta de iniciativas en cuanto a la, a nuestro entender, inaplazable desclasificación de los fondos de inteligencia militar conservados en los archivos militares.

En nuestra opinión, sólo una política archivística que asegure las infraestructuras y los medios humanos necesarios para un tratamiento adecuado de los documentos de las administraciones y organismos públicos junto con una labor profesional de los archiveros, independiente de presiones políticas y basada en un fuerte compromiso ético con la sociedad para la que trabajan, nos permitirá, a todos los ciudadanos, el acceso al conocimiento de los testimonios del pasado que conservan los archivos y el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos que los archivos sustentan en nuestra convivencia diaria.

Así, hemos elaborado el “Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos”, que se puede consultar en nuestro sitio web http://www.aefp.org.es/FR_mani.html o en nuestro blog http://archiverosefp.blogspot.com/, al final del cual proponemos la creación de una Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, que fortalezca la base social de esta batalla que, si bien la iniciamos los archiveros, afecta a otos múltiples colectivos.

A tales efectos, proponemos la discusión del manifiesto elaborado por nosotros a todos los interesados en la creación de la plataforma y sobre las ideas anteriormente expuestas.

Antonio González Quintana

Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)