21 mayo 2008

Ante la posible creación de un Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas en Madrid...

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP) EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN COLEGIO OFICIAL DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Junta Directiva

Madrid, 19 de mayo de 2008.

La Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) quiere hacer pública su opinión contraria a la propuesta de creación de un Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas en la Comunidad de Madrid.

Consideramos, en primer lugar, que, en caso de prosperar, esta iniciativa supondría un retroceso importante para los archiveros en su avance hacia el reconocimiento social de la nuestra como una profesión independiente de cualquier otra. Porque la existencia de este colegio interdisciplinar, en realidad interprofesional, potenciaría la idea de que existe una familia común de ciencias de la documentación en la que estaría incluida la archivística, concepción que nuestra asociación no comparte.

En el camino hacia la consolidación de la profesión de archivero, un título académico universitario en archivística, por el que las asociaciones de archiveros llevamos años abogando, supondría un paso adelante esencial. Por el contrario, la integración de los diplomados en Biblioteconomía y Documentación o de los licenciados en Documentación en un colectivo mixto, en el que esas titulaciones avalaran la pertenencia al colegio, no ayudaría a avanzar en la referida consolidación profesional. Hemos de recordar que la legislación sobre colegios profesionales exige, como requisito básico para la creación de un colegio, que haya una titulación académica que acredite la solvencia de los colegiados; y entendemos que los promotores del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid piensan en el título de diplomado en Biblioteconomía y Documentación o de licenciado en Documentación como el título a exigir a sus integrantes.

En segundo lugar, la colegiación sólo puede pretender ordenar el ejercicio liberal de la profesión, de modo que sólo puedan ejercer como archiveros, bibliotecarios o documentalistas quienes estén previamente colegiados. Esta medida, beneficiosa, obviamente, para quienes con un título en la mano pretendan acceder a la contratación de sus servicios sin la desleal competencia de intrusos podría producir la paradoja de que los auténticos intrusos –eso sí, con patente profesional acreditativa— llegaran a ser los propios colegiados: porque podrían llegar a trabajar como archiveros, sin la mínima preparación exigible, colegiados que fueran contratados en cualquiera de los cientos de contratos que los archivos y organismos públicos en general suscriben actualmente con empresas de servicios o con autónomos en la ascendente dinámica de externalización de servicios que vive la Función Pública. Y es que el bagaje de conocimientos que los diplomados en Biblioteconomía y Documentación así como los licenciados en Documentación tienen a la finalización de sus estudios, a pesar de tener unos programas amplios y ambiciosos y sin prejuzgar la valía académica o intelectual de estos para el desarrollo de otras profesiones, es claramente insuficiente para realizar la mayor parte de los trabajos que ha de hacer un archivero.

Sin embargo, nuestra sociedad adolece de vías adecuadas para el aprendizaje y la adquisición de las capacidades que van a ser demandadas de los archiveros y, en última instancia, a pesar del déficit estructural de archiveros que presentan nuestras administraciones públicas, con frecuencia, la oferta de plazas no puede ser cubierta en su totalidad por falta de opositores en condiciones de superar los procesos selectivos.

El presente debate sobre el colegio profesional nos da la oportunidad de reflexionar sobre esta realidad, que no puede seguir siendo ignorada. Porque, además, presenta el caldo de cultivo ideal para el fomento de la endogamia en la profesión (las enseñanzas se obtienen en el entorno familiar o de amistad) cuando no del negocio en torno a la formación de los archiveros en marcos muy exclusivos e inaccesibles por su coste para la mayor parte de los ciudadanos.

Para superar esta situación, la definición clara de lo que se espera y se exige de un archivero público y, por tanto, de las capacidades y conocimientos mínimos que debe tener, sería un primer paso adelante. Consensuados y asentados entre instituciones archivísticas y asociaciones profesionales los conocimientos exigibles a los archiveros y dotándoles de una mínima estabilidad en el tiempo, sería mucho más fácil construir alternativas docentes y formativas estables y no sometidas a los cambios de rumbo coyunturales, derivados de la alternancia política fundamentalmente, pero guiados en algunas ocasiones sólo por intereses económicos.

Desde Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) confiamos en que el debate sobre el perfil profesional del archivero nos ayude a separar el grano de la paja a la hora de diseñar los temarios de oposiciones; pues, en algún ejemplo, sólo la lectura de los enunciados de los temas nos muestra tal panoplia de conocimientos exigidos que nos acercaríamos más al funcionario polivalente, mezcla de documentalista, bibliotecario y archivero, experto tanto en letras antiguas como en lenguajes documentales y en tecnologías de la información y de las comunicaciones, que al archivero como profesional consciente de sus responsabilidades en la gestión de documentos que testimonian las actividades del organismo para el que trabajan, incluidas la custodia, la valoración, la selección, la descripción y la disposición de los documentos. En el caso de los organismos públicos, estas responsabilidades están íntimamente ligadas al ejercicio de los derechos ciudadanos y a la garantía de un funcionamiento transparente de las administraciones y los poderes públicos, lo que convierte a los archivos en elementos esenciales del Estado democrático.

Lo que pueden y deben plantearse las instituciones archivísticas es que si necesitan, como parece evidente, documentalistas para sus centros de archivo, los incorporen a sus plantillas para hacer, precisamente, de documentalistas: para explotar y difundir la información lo más y mejor posible, ya que son expertos en esas técnicas. Pero, estamos ante cosas distintas, seamos conscientes de ello.


La Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

*El texto del comunicado os lo podéis descargar desde el siguiente enlace: http://www.aefp.org.es/PDF/Comunicado_Colegio_ABD_Madrid.pdf