Presentación de la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos

Junta Directiva

Tríptico informativo

Estimados colegas:

Como presidente de esta nueva asociación quiero enviaros un saludo muy cordial y haceros una doble petición: que os adhiráis a la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos y que nos acompañéis el día 20 de abril del 2007 en su presentación oficial, a las 18 horas en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, situado en la C/ Ramírez de Prado, nº 3.

Comentaros brevemente que lo que nos ha impulsado realmente a crear esta asociación (que no trata de competir con las ya existentes asociaciones de archiveros) es la necesidad, desde nuestro punto de vista, de iniciar una auténtica batalla en defensa de los archivos públicos en la que los archiveros de todas las administraciones y de todas las comunidades deberíamos tener una voz común en la exigencia de responsabilidades en la conservación y disponibilidad de los documentos de los organismos públicos, de modo que se garanticen de verdad la transparencia administrativa, el ejercicio de derechos ciudadanos y el acceso al conocimiento de nuestro pasado reciente.

Como archiveros estamos muy preocupados por el discurso que se está dando en algunas políticas públicas en relación con el tema de la recuperación de la memoria histórica, que apoyamos, como sabéis, en cuanto traten de hacer realidad el derecho a la verdad; pero que criticamos con dureza en cuanto supongan poner en entredicho el carácter y la función que los archivos han de desempeñar en esa labor, como herramientas insustituibles que son de testimonio de nuestro pasado. Nuevas instituciones como el Centro Documental de la Memoria Histórica no deben llevarnos a pensar que desde los archivos ya no se puede hacer un trabajo de recuperación de ésta y que son necesarias otras formas de afrontar esto de modo más dinámico o más "moderno" en las que los fondos de los archivos se podrían diluir...

Y ya conocéis nuestra insistencia en recalcar el carácter diferencial del documento de archivo en relación con bibliotecas o centros de documentación, y en el valor añadido que supone la preservación de su contextualidad. Además, algunas iniciativas de gran impacto mediático pueden desviar la atención sobre la situación de abandono extremo de importantísimos archivos: los de los tribunales militares sobre todo, absolutamente claves para conocer la represión franquista; o sobre la pérdida de algunos otros de los que no tenemos noticias desde el comienzo de la transición, como el del Servicio Central de Documentación (SECED) de la Presidencia del Gobierno, fundamental para conocer la actuación de los servicios de información a partir de los años sesenta. A todo ello añadamos la tendencia cada vez más extendida de que los organismos públicos se desentiendan de sus documentos y contraten su gestión por empresas privadas, que hacen así cada día más difícil la exigencia de responsabilidades en las labores de guarda, custodia y disponibilidad de los documentos. La llamada externalización de servicios archivísticos impide, asimismo, garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la documentación de los organismos públicos o, en otro caso, garantizar la privacidad de los datos en ellos contenidos, como vemos ha sucedido con los documentos de la sanidad pública gestionados por algunas de esas empresas, sin garantía alguna de confidencialidad o respeto a la intimidad.

En nuestra opinión, sólo una política archivística que asegure las infraestructuras y los medios humanos necesarios para un tratamiento adecuado de los documentos de las administraciones y organismos públicos junto con una labor profesional de los archiveros, independiente de presiones políticas y basada en un fuerte compromiso ético con la sociedad para la que trabajan, nos permitirá, a todos los ciudadanos, el acceso al conocimiento de los testimonios del pasado que conservan los archivos y el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos que los archivos sustentan en nuestra convivencia diaria. Por todo esto es necesaria una Ley de Archivos específica en el ámbito estatal y en el de algunas Comunidades Autónomas, que por su propia competencia están obligadas a regular sus propios archivos y los de sus entidades locales; leyes en cuyos textos respectivos es necesario que se concreten, de forma plena, las garantías anteriormente apuntadas.

El año pasado elaboramos el Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos que adjunto a este mensaje, al final del cual proponemos la creación de esta Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos que fortalezca la base social de esta batalla que, si bien la iniciamos los archiveros, afecta a otros múltiples colectivos. Si la iniciativa os parece interesante os pedimos que os suméis a Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, ya que si todos nosotros nos unimos, resultará mucho más fácil conseguir los objetivos propuestos. Podéis adheriros vía Internet a través de nuestra página web (http://www.aefp.org.es/), de nuestro correo electrónico (aefp@aefp.org.es) o por carta a nuestra dirección postal (C/ Alfaro, 35, 2º A, 28035 Madrid). Para cualquier duda relativa a esta iniciativa, quedo a vuestra disposición.
Un abrazo,
Antonio González Quintana
Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

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