06 octubre 2012

CONCILIO VATICANO II: RECOMENZAR DE LOS ARCHIVOS

 
Ciudad del Vaticano, 2 de octubre de 2012.
 
Esta mañana en la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la presentación del Convenio Internacional de Estudios sobre el Concilio Ecuménico Vaticano II a la luz de los archivos de los Padres Conciliares en el 50° aniversario de su apertura (1962-2012), organizado por el Pontificio Comité de Ciencias Históricas en colaboración con el Centro de Estudios e Investigaciones "Concilio Vaticano II" de la Pontificia Universidad Lateranense. El convenio se celebrará del 3 al 5 de octubre.

Intervinieron en la presentación el padre Bernard Ardura, O. Praem., Presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas y el profesor Philippe Chenaux, Director del Centro de Estudios e Investigaciones "Concilio Vaticano II" de la Pontificia Universidad Lateranense y miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas.

El Presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas señaló que en vista del aniversario del Concilio Vaticano II, se ha realizado un proyecto de investigación en todos los continentes sobre los archivos personales de los Padres del Concilio con el fin de promover una investigación original y científicamente válida que favorezca el estudio y la comprensión profunda de un acontecimiento que “ha marcado profundamente la vida de la Iglesia en el último medio siglo”.

Siguiendo la línea indicada por el beato Juan XXIII en su discurso de apertura del Concilio -dijo el padre Ardura- , es necesario llevar a cabo un meticuloso estudio histórico de todo el material de archivo a nuestra disposición, para no convertirnos, como decía el Papa, en 'personas que no tienen nada que aprender de la historia que es maestra de la vida'. La consulta y la publicación de algunos diarios y memorias y la correspondencia de personajes relevantes que participaron en el Concilio Vaticano II ya han contribuido al desarrollo de la hermenéutica del Concilio. Una 'hermenéutica de la reforma en la continuidad', indicada por Benedicto XVI como el camino de la interpretación eclesial auténtica.

En esta perspectiva -prosiguió- hemos iniciado una investigación sobre los archivos privados de los Padres Conciliares, con el fin de identificar e inventariar los documentos elaborados por ellos: diarios, notas en las distintas comisiones, etc.. (...); todo lo que puede ayudar a entender cómo los padres conciliares vivieron el gran acontecimiento del concilio, como lo entendieron y cómo reaccionaron ante las diversas opiniones planteadas”.

El Convenio actual es el primero de dos eventos cuyo protagonista es el Concilio Vaticano II y representa el primer paso para dar a conocer “el estado de la investigación y señalar, entre otras cosas, las dificultades en la investigación de los archivos”, ya que de los Padres Conciliares, 2.090 procedían de Europa y del continente americano mientras sólo 408 venían de Asia, 351 de África y 74 de Oceanía. Por otra parte, un gran número de este episcopado procedente de los “territorios de misión” pertenecía a institutos misioneros , por lo cual muchos de sus documentos están en conventos y, además, el “culto de los archivos” habitual en Europa y América, no está igualmente difundido en Asia o África, si bien el archivo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos ofrece la posibilidad de colmar, en parte, estas lagunas.

Por lo tanto, “la intención del Pontificio Comité es la de promover, a la luz del Magisterio del Santo Padre y siguiendo una estricta metodología histórico-crítica, ajena a cualquier inspiración ideológica, una relectura historiográfica, ponderada y científicamente fundada, de lo que fue, indudablemente, el 'gran evento' del Concilio Vaticano II”.

El Convenio se abrirá con un documental de la Filmoteca Vaticana y una conferencia a dos voces. El cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, hablará del período de tiempo transcurrido entre el anuncio del Concilio y su apertura ya que “el período de preparación del evento ofrece muchas claves para entender el conjunto del concilio”. Por su parte, el profesor Philippe Levillain hablará de la historiografía en relación con el Concilio. Para recordar la dimensión ecuménica “fuertemente subrayada” por el beato Juan XXIII, intervendrán también un representante del Patriarcado de Moscú y un representante del protestantismo que administra los archivos personales del gran teólogo reformado Oscar Cullmann.

Fruto de la investigación de estos años y de los trabajos del Convenio, será un primer Directorio de Archivos de los Padres Conciliares que, una vez elaborado, pasará a una base de datos disponible gratuitamente on-line en la página web del Comité Pontificio.

El profesor Chenaux explicó que “la tentativa de historizar el Concilio no implicaba solamente un trabajo de investigación en el ámbito de las fuentes (...) sino de interpretación, la llamada hermenéutica conciliar. En otras palabras, los historiadores que han ideado este proyecto de historia del Vaticano II han 'pensado' el Concilio y de ello han surgido dos criterios de interpretación: el Concilio como 'evento' y el Concilio como 'ruptura'.
 
La apuesta fundamental de los historiadores del Concilio es, por tanto: ¿Cómo reconciliar estas dos lecturas contrapuestas del evento conciliar y de sus decisiones? No se trata de escribir una 'contra-historia' del Concilio Vaticano II, sino de retomar la investigación histórica sobre la base de una documentación lo más amplia posible y sin condicionamientos ideológicos, evitando de instrumentalizar su historia para fines extraños a la misma, para llegar a una comprensión más equilibrada y compartida del evento y de sus decisiones. 'Recomenzar de los archivos', es la apuesta que está en la base del gran proyecto de investigación sobre los archivos de los padres conciliares”.

09 julio 2012

ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE AEFP

La Asamblea General Extraordinaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha elegido a los nuevos miembros de su Junta Directiva en las elecciones celebradas el pasado 28 de junio de 2012.
Junta Directiva
 
En el proceso electoral celebrado el pasado jueves, 28 de junio de 2012, han resultado elegidos los siguientes socios como miembros titulares del órgano directivo de nuestra Asociación:
-Dª Rosana de Andrés Díaz, PRESIDENTA.
-Dª Alejandra Gil de Gandarillas, VICEPRESIDENTA - TESORERA.
-Dª Beatriz Contreras Gómez, SECRETARIA.
-Dª María Teresa Piris Peña, VOCAL.
-Dª Teresa Flores Velasco, VOCAL.

Para más información, podéis acudir a nuestro sitio web.

17 mayo 2012

AEFP FORMA PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO CREADO SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA

El grupo de trabajo creado en el CEPC sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia cuenta con la participación de AEFP

Junta Directiva
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) está participando en el Comité de Expertos creado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) por el Ministerio de la Presidencia, que está encargado de analizar el borrador del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de asesorar durante la tramitación parlamentaria. Este Comité de Expertos se constituyó el pasado 26 de abril, cuando tuvo lugar la primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas.

El programa de la primera sesión se dedicó al debate del Capítulo I (Publicidad Activa) del Título I (Transparencia de la Actividad Pública) del borrador del Anteproyecto.

El resto de sesiones de trabajo proseguirá de la siguiente manera:
  • 17 de mayo: Debate en torno al Capítulo II (Derecho de Acceso a la Información Pública) del Título I.
  • 24 de mayo: Debate en torno al Título II (Buen Gobierno).
  • 31 de mayo: Análisis y debate de las propuestas provenientes de distintos ámbitos de usuarios de la Ley (sociedad civil, periodistas, abogados, etc.).

26 abril 2012

AEFP PUBLICA SUS ALEGACIONES CON RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO


Junta Directiva
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha presentado en este mes de abril las siguientes alegaciones al borrador del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dentro del proceso de consulta pública abierto por el Gobierno:
Artículos 8 y 9.

El uso del término información pública para englobar el conjunto del derecho de acceso, a pesar de la existencia de una definición en el artículo 9 es confuso y puede suponer un límite en el derecho de acceso. Si tenemos en cuenta la definición que establece el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, información es el término que significa:

a)   Acción y efecto de informar, es decir (tomando la definición de “informar” del mismo diccionario): “Enterar, dar noticia de algo”.

b)   Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada.

Sin embargo, convendría hacer mención al concepto de documento de titularidad pública tal y como se establece en, por ejemplo, el artículo 9.1  de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía: “los de titularidad de las personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, enumeradas en el apartado siguiente, producidos y recibidos en el ejercicio de las competencias que les son propias, sin perjuicio de la normativa estatal o internacional que les afecte”. Además, estos documentos, por ser garantes de derechos y obligaciones de las Administraciones y de los ciudadanos deben gozar de unas características propias tales como las que establece el artículo 11.1 de la citada ley andaluza (“Los documentos de titularidad pública, a efectos de su validez, han de cumplir los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación”). Características estas que ya vienen de algún modo definidas en el propio Código Civil, en su artículo 1216 (“Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”) y que vienen definidas por dos características:

a)   Su autorización por un empleado público competente.

b)   Unos requisitos formales propios.

Además, el artículo 1218 del Código Civil establece la fuerza probatoria que, sólo el documento de titularidad pública puede tener en derecho: “Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”. En todos estos elementos inciden todavía más los artículos 317 y 319 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En definitiva, toda información pública deberá plasmarse en un documento o será consecuencia de un documento de titularidad pública (porque tal y como se define en la legislación archivística más reciente –el artículo 2 de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía – el documento es “toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado. Se excluyen de este concepto las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo”. Sin este soporte material y formal, el derecho de acceso de los ciudadanos se verá mermado ya que el acceso a la información pública no presupone el acceso al documento que, hoy por hoy, es el único elemento generador de derechos y obligaciones entre Administración y ciudadanos. Es más, el artículo 13 de este borrador de Anteproyecto de Ley establece la exclusión de las solicitudes de información “para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”, lo que reafirma nuestra postura de que el elemento definitorio del acceso debiera girar en torno al documento y no a la información.

A modo de ejemplo: los medios de comunicación o los centros de documentación producen información (incluso las Administraciones), pero sólo las Administraciones producen documentos entendidos como “el testimonio material de un hecho o acto elaborado de acuerdo con unas características de tipo material y formal” (Diccionario de Terminología Archivística, 2º ed.,  Ministerio de Cultura, 1995).

Artículo 10.

Debemos resaltar la vaguedad de las excepciones contempladas en este artículo y en el artículo anterior, ya que: ¿en qué casos se puede ver afectada, por ejemplo, la defensa o la seguridad nacional? Se trata de excepciones tan amplias que puede suponer una limitación injustificada al acceso. Por otro lado, sería planteable un plazo general de inaccesibilidad con obligación de su revisión cada cierto tiempo para que no se puedan producir limitaciones en el acceso a documentos con antigüedad considerable.

Artículo 15.

No parece razonable que no se admitan este tipo de solicitudes ya que no sería propio de la Administración desconocer el órgano competente, pudiendo lesionar los derechos de los ciudadanos y convertirse en una puerta por la que se inadmitiera por parte de la Administración un buen número de solicitudes. Más aún, parece ciertamente contradictorio con el artículo 16.1 de este borrador de Anteproyecto.

Artículo 16.

Este es uno de los problemas de hablar de información pública y no de documentos de titularidad pública. Si un documento forma parte de un procedimiento tramitado por el organismo X, independientemente de que su órgano productor hay sido el organismo X o el organismo Y, y el procedimiento no plantea problemas en el acceso, ¿por qué el organismo X ha de pedir autorización al organismo Y?

Artículo 17.

Apartado 1º

Debería establecerse un plazo para la remisión desde el órgano receptor no competente al órgano competente para resolver ya que esto puede generar dilaciones en la resolución que pueden ir en perjuicio de los ciudadanos.

Apartado 4º

No es concebible en una Administración moderna que el silencio se entienda como negativo. En aras de las transparencia que pretende este Anteproyecto se debería establecer la obligación de resolver por parte de la Administración para que las denegaciones de acceso estuvieran motivadas. No obstante, la situación de la Administración aconseja  que el silencio sea negativo y se recomienda que se tomen las medidas oportunas para conseguir una mayor diligencia en la atención a las solicitudes de acceso.

Artículo 18.

Se debería incluir un artículo específico dedicado a los archivos públicos como unidades específicas responsables, desde hace mucho tiempo, de resolver, entre otras cuestiones, las establecidas en las letras b. a d. del apartado 1º de este artículo. En este sentido, debería haber un compromiso de la Administración en este Anteproyecto de velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de archivos y de sus centros para una correcta gestión de los documentos de las Administraciones, dotándolos de medios humanos y materiales y estableciendo políticas globales y coherentes de gestión de los mismos.  Y esto es importante porque los archivos públicos y sus archiveros son los elementos clave en una correcta gestión de los documentos públicos como garantes de su valor legal y su fiabilidad, así como de que sea eficaz la aplicación de cualquier legislación sobre acceso.

Artículo 21.4.

Como se ha comentado para el artículo 17.4, la Administración debería estar obligada a la resolución y notificación de la misma, evitando el silencio negativo.

Disposición adicional primera (apartado 1º).

Remitimos a lo comentado para los artículos 8 y 9 del Anteproyecto. Resulta curioso que es la única vez donde aparece mencionado el término documento.

Disposición final primera.

Se deben incluir los documentos de titularidad pública en los artículos 35 h) y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Otros comentarios.

Se debería incluir un artículo relativo a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos del Estado y a los órganos equivalentes en el resto de Administraciones como los órganos colegiados responsables Estas Comisiones tienen, entre sus competencias, “la accesibilidad y utilización de los documentos y series documentales” (art. 1 c) del Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos).

Al hilo de la potenciación de las Comisiones Calificadoras u organismos equivalentes en el resto de Administraciones, creemos que podría ser interesante la aplicación de un modelo de actuación semejante o parecido al que ha establecido Cataluña en el art. 5 del Decreto 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación y selección de documentos.


Para obtener el texto en  PDF, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis este documento.

11 abril 2012

CELEBRACIÓN DE LAS III JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES Y ACCESO LIBRE A LAS PONENCIAS DE LAS II JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

Bajo el título "La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza la tercera edición de estas jornadas técnicas, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que tendrán lugar los próximos días 23 y 24 de abril de 2012.

Junta Directiva
A finales de septiembre de 2010, Access Info Europe, asociación integrante de la Coalición Pro Acceso, hizo público un borrador del Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, del que se había hablado en las II Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas ese mismo año. De esta manera, parecía que se iba a cumplir por parte del entonces Gobierno del PSOE una de las promesas electorales que figuraban en su programa electoral para la pasada legislatura. Posteriormente, el Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011 aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con algunos cambios respecto al borrador de 2010, pero que no vio la luz la pasada legislatura. Como última novedad, el nuevo Gobierno surgido de las elecciones del 20 de noviembre de 2011 ha aprobado en su reunión del 23 de marzo pasado el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobiernos. Por todo ello, nos proponemos suscitar en estas III Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales las siguientes preguntas: ¿qué novedades plantea este Anteproyecto de Ley con respecto a la situación actual?, ¿cumple la futura disposición con los estándares de los países más avanzados en esta materia?, ¿supone un avance o, por el contrario, este Anteproyecto de Ley se queda muy lejos de lo esperado?, ¿qué dudas suscita la futura norma con respecto a su posible aplicación? o ¿qué implicaciones para la gestión de los archivos y para sus profesionales podría tener este Anteproyecto de Ley?

Asimismo, desde el día de hoy, abrimos a toda la comunidad profesionales las ponencias y materiales de las II Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas en 2010 para que puedan ser consultados gratuitamente.


Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de estas jornadas, así como el resto de información relativa a los plazos y proceso de inscripción en las mismas.

26 marzo 2012

EL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO ABIERTO A CONSULTA CIUDADANA

Junta Directiva

El Consejo de Ministros ha puesto a disposición de todos los ciudadanos el borrador del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, ha abierto un plazo de 15 días para que, a través de una web específica (www.leydetransparencia.gob.es) habilitada al efecto, además de consultar dicho borrador, puedan realizar aportaciones al mismo.

Para su descarga, acudid a la sección de Legislación archivística del área de Servicios de nuestro sitio web (en PDF) o a la web del Gobierno www.leydetransparencia.gob.es.

06 diciembre 2011

CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE A CONCHITA CONTEL BAREA POR SU JUBILACIÓN

Junta Directiva

La Junta Directiva de la Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), en su reunión celebrada el 29 de noviembre de 2011, ha acordado celebrar un acto público de homenaje a nuestra compañera Conchita Contel Barea con motivo de su jubilación. El acto tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre, miércoles, a las 19:00 h. Os convocamos a celebrar con nosotros la culminación de su dilatada trayectoria profesional en un acto cuyos detalles figuran en el tríptico que adjuntamos.

Finalizado el acto, aquellos que lo deseen nos pueden acompañar a una cena, cuyo lugar de celebración se confirmará el 12 de diciembre. El importe de la cena es de 45 €, y el del regalo 15 €, cuyo ingreso podrá realizarse en la cuenta corriente bancaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), poniendo en el concepto el nombre y apellidos de quien quiere asistir, antes del día 12 de diciembre:
  • ENTIDAD BANCARIA: Caja Madrid (BANKIA).
  • DIRECCIÓN POSTAL DE LA OFICINA BANCARIA: Paseo de la Alameda, 28. 28804 - Alcalá de Henares (Madrid).
  • Nº DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA: 2038 2281 02 6000545010
Para aquellos que no puedan acompañarnos y deseen enviar su felicitación a la homenajeada, pueden adherirse a la Tabula Gratulatoria enviando un mensaje a  aefp@aefp.org.es

Rosana de Andrés Díaz
Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)


28 septiembre 2011

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ¿CADA VEZ MÁS CERCA?

Madrid, 28 de septiembre de 2011.

Hoy Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso organizan un coloquio para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber con la presencia de cuatro representantes de partidos políticos que presentarán y debatirán sobre las propuestas de transparencia para la próxima legislatura.

Los dos partidos políticos mayoritarios, el PSOE y el PP han redactado propuestas de leyes de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, ninguna de las propuestas cumple con los 10 principios creados por la plataforma de la sociedad civil, la Coalición Pro Acceso.

Quedando sólo dos meses para las elecciones, Access Info y otros miembros de la Coalición Pro Acceso piden a todos los partidos políticos que se comprometan a adoptar una ley de acceso a la información en el caso de que ganen las elecciones. Dicha ley fue prometida por primera vez a la sociedad española en el programa electoral del PSOE de 2004; sin embargo, 7 años más tarde, España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin esta ley.

“Ambos partidos prometen más transparencia pero de momento sus propuestas de ley siguen siendo insuficientes para conseguir la transparencia necesaria” comenta Victoria Anderica. “El reconocimiento del principio de publicidad de toda la información pública debe ser explícito y la creación de un órgano independiente garante del derecho de acceso a la información es esencial para una buena implementación del derecho y ambas propuestas de ley deberían reflejarlo”.

La Coalición Pro Acceso pide a todos los partidos políticos que apoyen los 10 principios y los incluyan en sus propuestas. Para ver los principios pincha aquí.

El coloquio está abierto a los medios y al público. Los detalles del evento se encuentran a continuación:

Ponentes:
  • Arturo García Tizón, PP.
  • David Ortega, UPyD.
  • Armando Recio, IU.
  • Por confirmar, PSOE.
Lugar y hora de celebración:
18,00 h en la Sala de Profesores, 3ª planta (Decanato)
Facultad de Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

Para más información contactar con:
Victoria Anderica Caffarena
Legal Researcher and Campaigner
Access Info Europe
(+34) 91 366 53 44
(+34) 606 592 976

(Fuente: Access Info Europe)

27 septiembre 2011

CELEBRACIÓN DEL 9º DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) y el resto de miembros de la Coalición Pro Acceso celebran, mañana 28 de septiembre, el 9º Día Internacional del Derecho a Saber

Junta Directiva
Mañana, 28 de septiembre, se celebra el 9º Día Internacional del Derecho a Saber. Con tal motivo la Coalición Pro Acceso organiza a las 18,00 horas en la Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el siguiente evento:


Ponentes:

  • Arturo García Tizón, PP.
  • David Ortega, UPyD.
  • Armando Recio, IU.
  • Lucila Corral o Juan Antonio Barrio, PSOE.
Os animamos a difudir en vuestros sitios web y blogs los siguientes materiales elaborados por la Red Internacional de Defensores de la Libertad de Información (FOIAnet):


30 julio 2011

EL GOBIERNO PUBLICA EL ANTEPROTECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Madrid, 29 de julio de 2011.

El mismo día que anuncia el adelanto de las elecciones, el Ministerio de la Presidencia envía a Access Info Europe el anteproyecto de la futura Ley de Transparencia, cumpliendo por fin con una promesa electoral que data de 2004.

Oficialmente enviado a la sociedad civil por el Ministro de la Presidencia Ramón Jauregui la tarde del viernes 29 de julio, el gobierno presenta un texto de ley que aporta mejoras sustanciales al texto que conocíamos.
Desgraciadamente, no existe la posibilidad de que este texto se apruebe durante esta legislatura, pero el documento presentado hoy sube el listón de la transparencia para la campaña de las próximas elecciones del 20 de noviembre.

La Ley de Transparencia ha sido demandada desde 2006 por la Coalición Pro Acceso, formada por 54 organizaciones de la sociedad civil, y es una de las exigencias prioritarias del movimiento 15M.

El PP presentó en el Congreso el pasado 29 de junio de 2011 su propia propuesta de ley que mejoraba ligeramente el anterior borrador del PSOE, filtrado a Access Info Europe en septiembre de 2010, pero que seguía siendo insuficiente para cumplir con los estándares internacionales mínimos en materia de acceso a la información.

Respondiendo a las críticas de la sociedad civil española y de expertos internacionales, el nuevo anteproyecto, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, cuenta con muchos puntos positivos: reconoce la titularidad del derecho a todas las personas, y obliga a todos los poderes del estado, a todos los niveles regionales y a las entidades privadas que ejercen una potestad administrativa.

Entre los defectos hay que destacar que sigue excluyendo un gran volumen de información que debería ser por pública por ser de utilidad general, entre otra información se excluye la información de apoyo (informes, notas, opiniones…), gran parte de los archivos, los registros públicos, y las estadísticas.

“Aunque sigue necesitando algunas mejoras, este es el primer borrador de ley de acceso a la información que presenta una calidad suficiente para avanzar cuantiosamente por la transparencia en España”, comentaba Victoria Anderica, Access Info Europe.

Entre los fallos también hay que destacar, que no reconoce explícitamente el carácter fundamental del derecho de acceso la información como se hace a nivel internacional, y que no contempla la creación de un órgano garante independiente, ya que este estaría adscrito al Ministerio de la Presidencia.

(Fuente: Access Info Europe)

30 junio 2011

SOBRE LA SUPRESIÓN DE LAS COMISIONES CALIFICADORAS DE DOCUMENTOS EN EL ESTADO

La Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) desea poner de manifiesto su total coincidencia con lo manifestado en este breve artículo de Enrique Borruel López, archivero del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, acerca de la supresión de buena parte de las Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos de los Departamentos ministeriales.

Zaragoza, 28 de junio de 2011.

Enrique Borruel López
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

El mayor reto archivístico, todavía no resuelto, al que los archiveros de cualquier administración se enfrentan cada día es, sin duda, el de la selección y, en su caso, conservación únicamente de la documentación que merece ser conservada, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en las normas autonómicas en la materia. Documentación que ya desde su generación forma parte del Patrimonio Documental de la Nación.

A nadie se le oculta que el funcionamiento actual de la Administración General del Estado genera cantidades ingentes de documentos, en distintos soportes, que pueden y deben ser eliminados de acuerdo con dicha legislación tras los consiguientes procesos de valoración y selección propios de la metodología archivística y que se han implantado en el día a día de las administraciones. Procesos que no son sino otro procedimiento administrativo más.

¿Por qué un reto? Primero, porque esa tarea exige de los profesionales de los archivos un profundo conocimiento del funcionamiento integrado de la administración en la que desarrollamos nuestro trabajo. Y segundo porque ayuda a ahorrar dinero al Estado.

¿Dónde se produce el ahorro? En primer lugar, la selección y eliminación de documentos evita un gasto innecesario en las arcas públicas, que se verían obligadas a desembolsar grandes cantidades de euros para conservar documentos que no merecen ser conservados: gastos de transporte de las sucesivas transferencias de la documentación, ampliación de los edificios de archivos intermedios carísimo mantenimiento de los mismos, gastos de personal, de seguridad y otros que ocasiona la conservación de los documentos. Resulta gratificante para cualquier archivero del Estado pensar que con nuestro trabajo y asesoramiento estamos ayudando a que no se malgaste inútilmente el dinero de los contribuyentes.

La organización de nuestro sistema archivístico actual, mejor o peor determinado por las normas citadas, tiene por único objetivo mejorar la eficacia administrativa, la satisfacción efectiva del derecho constitucional de acceso a la documentación administrativa y del acceso a la cultura por parte de los ciudadanos y conservación de nuestro Patrimonio Documental. Por lo que se refiere a la Administración General del Estado, la Ley 16/1985 creó la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos para estudiar y dictaminar sobre las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos, sobre la inutilidad administrativa de los mismos, sobre su régimen de acceso y sobre su integración en los archivos. Asimismo animaba a que otros organismos públicos llegaran a constituir sendas Comisiones Calificadoras de Documentos, lo que hasta la fecha había venido sucediendo ya que sucesivas disposiciones (especialmente el Real Decreto 1164/2002) facilitaron la creación de estos órganos colegiados en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Educación, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, Sanidad, Política Social e Igualdad, Ciencia e Innovación. Cada organismo, a través de su comisión, valoraba sus propias series documentales y dirigía su propuesta a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuyo dictamen era finalmente objeto de resolución por parte del titular del Ministerio de Cultura.

Aunque faltaban por crearse comisiones en no pocos Organismos Públicos, parecía que el procedimiento se estuviera implantando de una vez por todas en la Administración General del Estado.

Dicho todo esto causa asombro y estupefacción la publicación del reciente Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, (BOE 4 de junio de 2011) por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismo Públicos.

Si bien no se pone en duda la conveniencia de la supresión de varios órganos colegiados en algunos Ministerios, no parece en manera alguna que fuese conveniente la supresión de las Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos, dado que todas ellas se atendían con los medios personales y materiales de cada Departamento y su creación y funcionamiento nunca supuso incremento de gasto público alguno. El esfuerzo de austeridad que parece justificar la promulgación del mencionado Real Decreto en este caso se evidencia no ya baldío sino contraproducente. Sobre todo porque, permaneciendo la necesidad de seleccionar la documentación, dudamos mucho de que se haya previsto alguna alternativa razonable. Más bien va a propiciarse un futuro de desorganización y por lo tanto de despilfarro. El Sistema Archivístico Estatal da un gran paso atrás ante la falta de actuación de nuestro Ministerio de Cultura que lejos de defender sus competencias en relación con el Patrimonio Documental Español se muestra en retirada ya no sólo ante las otras Administraciones sino también ante el resto de los órganos de la Administración General del Estado.

Momento triste para el Sistema Archivístico Estatal que ve cómo se paraliza su ya siempre demasiado lenta implantación.

06 mayo 2011

CELEBRACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN 2011-001 CUR "HABLAMOS DE ARCHIVOS CON... EVA MERINO FLECHA"

Bajo el título "Normalización de modelos de gestión en archivos públicos (código: 2011001CUR)", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza este curso de formación que tendrá lugar el próximo día 31 de mayo de 2011 en el Café del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

Junta Directiva
Uno de los objetivos que se ha propuesto la actual Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública para el período 2009 – 2012 es el desarrollo, bajo un formato más distendido, de pequeñas jornadas de carácter técnico donde los diferentes profesionales de los archivos públicos y cualesquier otras personas interesadas puedan intercambiar experiencias o resolver dudas sobre cualquier aspecto que pueda atañer a nuestra profesión.

Por todo ello, hemos creído conveniente poner en marcha esta nueva modalidad de cursos, con un carácter eminentemente práctico y distendido, al modo de una charla o tertulia de carácter más informal, en la que a partir de las experiencias mostradas por la persona invitada se pueda desarrollar un debate, un intercambio de opiniones y de “saber hacer” entre el público asistente y el invitado que presentamos.

En esta primera edición de Hablamos de Archivos con…, contaremos con Eva Merino Flecha, Directora del Archivo Histórico Provincial de León, para tratar un tema muy en boga en el ámbito de los archivos públicos, pero a la vez un gran desconocido para muchos profesionales, como es el de la utilización de modelos normalizados para la gestión de archivos basados en sistemas de mejora.

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de este curso, así como el resto de información relativa a los plazos y proceso de inscripción en el mismo.

22 marzo 2011

VERSIÓN DEFINITIVA DE LA NORMA GALLEGA DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA (NOGADA) EN NUESTRO SITIO WEB

Junta Directiva
Gracias a la Subdirección Xeral de Arquivos de la Xunta de Galicia, ponemos a disposición de toda la comunidad archivística en nuestra sección de Documentos del área de Servicios de nuestro sitio web la versión definitiva de la Norma Gallega de Descripción Archivística (NOGADA) de febrero de 2010, elaborada por el Grupo de Arquiveiros de Galicia.

Para su descarga, acudid a la sección de Documentos del área de Servicios de nuestro sitio web.

27 enero 2011

O ARQUIVO (VIVO?) DA NAÇÃO

22 de enero de 2011

Prof. José Maria Jardim
Escola da Arquivologia da UNIRIO

No Brasil, a idéia de arquivo é associada, com muita frequência, a de arquivo morto. A expressão "virou arquivo" designa as pessoas que, por alguma razão, foram silenciadas por seus assassinos. "Arquivo" e "morte" são termos associados por grande parte da sociedade brasileira, especialmente aquela que mais sofre com a falta de informações relevantes para o exercício dos seus direitos. "Arquivos" têm sido "mortos" sistematicamente ao longo da história do Brasil, especialmente no e pelo Estado brasileiro.
O reencontro com a democracia nos anos 1980, trouxe um sopro de vitalidade inédita para nossos arquivos públicos, órgãos tradicionalmente "mortos" na estrutura da nossa administração pública. Afinal, sem arquivos plenos de vitalidade, dinâmicos e facilmente acessíveis pela sociedade, como o Estado pode ser transparente? E sem transparência do Estado, qual democracia almejamos construir e ampliar?
Os arquivos públicos são territórios do Estado a serviço da sociedade, da democratização da informação governamental e do exercício do direito do cidadão à informação e à memória. Seu papel como infraestrutura para a transparência da administração pública é imprescindível para que a sociedade controle a atuação do Estado e do governo.
Os arquivos públicos não são apenas um depósito de documentos. São instituições com múltiplas facetas: cultural, científica, administrativa, etc. É agência de transparência do Estado e território de construção da memória coletiva e, ao mesmo tempo, infraestrutura para a produção de conhecimento científico.
Os arquivos públicos dos governos mais avançados em termos de transparência e interação social são infraestruturas governamentais de informação para o Estado e a sociedade. Trata-se de órgãos supraministeriais com múltiplas funções de apoio à gestão pública e à produção de conhecimento científico e tecnológico. São territórios da memória coletiva, cultura e cidadania.
Não por acaso, o primeiro Arquivo Nacional criado foi o da França, em 1790, logo após a Revolução Francesa. A ideia de organização e, sobretudo, de publicidade dos documentos do governo por um tipo de instituição até então inexistente tem suas bases na construção do novo regime. Esse é um marco da história dos arquivos e da Arquivologia. O arquivo público é neste momento instrumento da administração do Estado.
Ao longo do século XIX, a formação dos Estados Nacionais traz em seu bojo a construção de identidades nacionais para as quais é imprescindível uma "memória nacional". Os arquivos públicos passam também à condição de depositários e construtores dessa memória nacional. São, nesse momento, território da História.
A criação do Arquivo Público do Império brasileiro estava prevista na Constituição de 1824, mas a fundação só ocorreu em 1838, aliás o mesmo ano de criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).
Como chama atenção a historiadora Célia Costa, autora da tese de doutorado intitulada "Memória e administração: o Arquivo Público do Império e a consolidação do Estado brasileiro", o acesso aos documentos no Arquivo Público do Império era garantido estritamente ao governo ou usuários que fossem indicados pelo imperador.
Ao contrário dos arquivos nacionais europeus, a historiadora nos lembra que o Arquivo Público do Império caracterizou-se muito mais como espaço do segredo do Estado, perspectiva procedente do período colonial, do que como um órgão envolvido nos processos de construção da história nacional.
O nome "Arquivo Nacional" só foi adotado em 1911. Ao longo da República, o Arquivo Nacional, como os demais arquivos públicos do país, sobreviveram na periferia do Estado. Eram voltados quase exclusivamente para a guarda e acesso de documentos considerados, sem parâmetros científicos, como de "valor histórico", ignorando-se a produção documental que resultava de um Estado com funções cada vez mais amplas.
Neste cenário, os documentos eram acumulados ou eliminados - quase sempre sem critérios científicos - nos serviços arquivísticos do Estado. Tal ocorreu - e ainda ocorre em vários setores do Estado brasileiro - em função da inexistência de políticas públicas arquivísticas.
A ruptura da visão de arquivo público como apenas um depósito de documentos e a adoção de um novo modelo de gestão envolvendo todo o ciclo documental, desde a produção até a eliminação ou guarda permanente, só ocorrerá, em diversos países, após a década de 50 do século passado.
No Brasil, a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991 garante o marco legal para essa concepção, incluindo também os arquivos estaduais e municipais. Além de suas atribuições em relação aos documentos federais, o Arquivo Nacional deve ainda implementar a política nacional de arquivos, a ser definida pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). Esse Conselho, subordinado ao Arquivo Nacional, é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos.
O Arquivo Nacional teve grande protagonismo nesse processo, a partir dos anos 80 e 90, influenciando arquivos estaduais e municipais. No entanto, de modo geral, nossos arquivos públicos permanecem periféricos no Estado e pouco visíveis à sociedade. Ainda se caracterizam mais como reserva de opacidade do que de transparência.
Não se altera uma cultura de opacidade do Estado em apenas três décadas. A maior parte dos nossos arquivos públicos segue socialmente pouco visível. Na Europa e Estados Unidos, a abertura crescente dos arquivos a um uso social mais amplo ganha terreno após a II Guerra Mundial.
Procura-se cada vez mais superar a ideia dos arquivos como espaços acessíveis apenas a eruditos e cientistas. Por outro lado, as crescentes demandas sociais pelo direito à informação colocam os arquivos no epicentro das políticas públicas de transparência. A democratização do acesso aos arquivos tende a ser cada vez maior e diversificada, mesmo nas sociedades cujo regime democrático já se encontra mais consolidado.
As demandas sociais pelos arquivos se ampliam e mudam com o uso crescente das tecnologias da informação e comunicação. Novas fronteiras vêm sendo conquistadas pelos arquivos, ampliando-se a sua interatividade com a sociedade mediante programas de difusão via web, incluindo, mais recentemente, o uso cada vez maior das redes sociais.
Essa perspectiva tem orientado os caminhos do Arquivo Nacional do Brasil desde a década de 80. Talvez poucas instituições públicas brasileiras tenham passado por um processo de modernização tão intenso e em tão pouco tempo, influenciando ações semelhantes nos planos estadual e municipal.
Esse "dever de casa" encontrava limites no fato do Arquivo Nacional ser subordinado, há décadas, ao Ministério da Justiça. Ao ser vinculado à Casa Civil da Presidência da República, em 2000, o Arquivo Nacional adquiriu melhores condições - especialmente políticas e orçamentárias - para avançar num novo modelo de gestão das informações governamentais. Beneficiou-se diretamente desse novo cenário o Conselho Nacional de Arquivos, subordinado ao Arquivo Nacional, responsável pela política nacional de arquivos.
Neste sentido, é um retrocesso político, gerencial e científico a transferência do Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça. Essa inadequação, vale lembrar, seria a mesma em qualquer outro ministério, dada a abrangência de atuação da instituição em todo Executivo Federal.
Esse novo destino institucional provavelmente comprometerá frontalmente a dimensão nacional do Conselho Nacional de Arquivos. Setores diversos da sociedade brasileira, representantes do mundo acadêmico e de associações profissionais, vêm expressando seu descontentamento face a essa decisão.
Ainda que fosse mantido na Presidência da República, seriam muitos os desafios a serem enfrentados pelo principal arquivo público do país para atuar plenamente na gestão das informações governamentais e torná-las acessíveis à sociedade brasileira. A política nacional de arquivos ainda está por se definir. O Sistema Nacional de Arquivos não foi operacionalizado. O Arquivo Nacional encontra-se distante do que pode e deve vir a ser, embora tenha acumulado suficiente vitalidade para deixar de ser um "arquivo histórico" do século XIX e projetar-se como um centro de informações governamentais do século XXI.
Ao ser excluído da Presidência da República e inserido no Ministério da Justiça, o Arquivo Nacional protagonizará, uma vez mais, o velho e ainda insuperado drama brasileiro de periferização dos arquivos do Estado e sua inevitável invisibilidade social. O Arquivo Nacional provavelmente não morrerá porque, de alguma forma, aprendeu a sobreviver perifericamente ao longo da sua história, mas certamente será um órgão aquém de suas transformações recentes, de suas atribuições legais e da democracia que buscamos.

Artículo originalmente publicado en: Jornal da Ciência
Fuente: Blog "Archivística y Sociedad"

25 octubre 2010

CELEBRACIÓN DEL I CICLO DE CINE Y ARCHIVOS (cINaRCH)

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza este ciclo, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y la Filmoteca Española (Ministerio de Cultura, que tendrán lugar entre los días 17 de noviembre y 4 de diciembre de 2010.

Junta Directiva
El I Ciclo de Cine y Archivos (cINaRCH) es la plasmación de una aspiración largamente mantenida. Desde su fundación, en junio de 2006, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha tratado de organizar una actividad que relacionara cine y archivos. Después de varios intentos, vemos con gran satisfacción que, finalmente, el proyecto se ha convertido en realidad gracias a la Filmoteca Española (Ministerio de Cultura) y a la Facultad de Ciencias de la Documentación (Universidad Complutense de Madrid); y no sólo nos satisface por el hecho de contar entre nuestros miembros con un importante grupo de cinéfilos, con nuestra Presidenta de Honor, Vicenta Cortés Alonso, a la cabeza, sino, sobre todo, porque nos parecía que un ciclo como el que presentamos podría tener un gran interés para estudiar cuál es la imagen que desde el cine se ofrece de nuestra profesión.

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de este ciclo, así como el más información relativa al mismo.

25 septiembre 2010

ACCESS INFO EUROPE LANZA UNA CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA FILTRADO

Madrid, 22 de septiembre de 2010.

Access Info Europe lanza hoy una consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, después de recibir una copia filtrada de dicho anteproyecto de ley. Las respuestas serán enviadas al Gobierno.

Access Info Europe junto a otras 40 ONGs miembros de la Coalición Pro Acceso han reclamado mayor transparencia sobre dicho anteproyecto de ley. Hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta a la carta enviada al Gobierno el 20 de agosto requiriendo una copia del borrador y reclamando una consulta pública sobre el anteproyecto.

Se invita a la ciudadanía a aportar sus opiniones sobre el borrador, sobre todo en aquellas áreas donde el anteproyecto de ley no cumple con los estándares europeos, como, por ejemplo:

• La definición de información excluye gran cantidad de información.
• El alcance limitado –sólo la Administración y no los Poderes Legislativo ni Judicial–.
• Plazos muy largos –30 días para responder a una solicitud, tiempo adicional para proporcionar la información y, además, la posibilidad de extender el plazo otros 30 días más–.
  1. Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública: file_pdf
  2. Análisis breve del Anteproyecto de Ley: file_pdf file_doc odf2odt-16x16
  3. Cuadro comparativo del Anteproyecto de Ley:  file_pdf file_doc odf2odt-16x16
(Fuente: Access Info Europe/Coalición Pro Acceso)

16 agosto 2010

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA: ANÁLISIS Y GUÍAS

Access Info Europe presenta cuatro documentos que analizan la situación actual del derecho de acceso a la información en España. Estos documentos incluyen un análisis detallado, así como una guía sobre cómo acceder a la información en España.

En España no existe una regulación adecuada del derecho de acceso a la información. La única normativa dedicada de forma exclusiva a la protección este derecho resulta ser insuficiente y no cumple con las garantías mínimas otorgadas a nivel internacional.
Estos documentos, que pretenden ser un acercamiento a la situación actual del derecho de acceso a la información en España, son una ayuda para conocer a distintos niveles cómo acceder a la información pública en España.

  1. Análisis de los nueves principios y de la legislación española: file_pdf file_doc odf2odt-16x16
  2. El derecho de acceso a la información: principios básicos: file_pdf file_doc odf2odt-16x16
  3. Preguntas y respuestas: file_pdf file_doc odf2odt-16x16
  4. Guía sobre cómo solicitar información en España file_pdf file_doc odf2odt-16x16

(Fuente: Access !nfo Europe/Coalición Pro Acceso)

15 abril 2010

LA COALICIÓN PRO ACCESO PONE A PRUEBA LA TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

Coalición Pro Acceso – Comunicado de Prensa
7 de Abril de 2010


Madrid, 5 de abril de 2010 (Comunicado de Prensa, 7 de abril de 2010 - Coalición Pro Acceso)
Ante la falta de transparencia de las instituciones españolas y la falta de una ley que garantice el derecho de acceso la información pública, la Coalición Pro Acceso lanza hoy la “Campaña de las 100 Preguntas” con la que pretende reclamar y demostrar la necesidad de un mayor aperturismo de la administración española.

La Coalición Pro Acceso, un grupo de 29 organizaciones unidas a favor de la aprobación de una ley de acceso a la información en España, ha empezado a presentar solicitudes de información a todo tipo de entidades públicas. Monitoreos previos revelaron entre un 60% y 78% de silencio administrativo como respuesta a las solicitudes presentadas.

Teniendo en cuenta la dificultad que tiene la ciudadanía para acceder a datos públicos debido a la carencia de una ley de acceso a la información en España, la Coalición Pro Acceso quiere demostrar la urgente necesidad de mejorar el cumplimiento de un derecho que está protegido por la Constitución Española.

“El derecho de acceso a la información es esencial para la lucha contra la corrupción, y para facilitar el debate público sobre temas importantes como la situación económica, el desempleo, y la protección del medio ambiente” dijo Victoria Anderica, de Access Info Europe, miembro de la Coalición Pro Acceso.

Según la información que posee la Coalición Pro Acceso, el Gobierno, para cumplir con sus promesas electorales de 2004 y 2008 de aprobar una ley de acceso a la información, está trabajando en una ley cuyo borrador aún no ha sido compartido con la sociedad civil.

Victoria Anderica comentó: “Conseguir recibir información de las instituciones españolas es una odisea, requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte del solicitante y ante la continua falta de respuesta, el desgaste hace que la gente desista”.

Las preguntas serán de toda índole e irán dirigidas a todo tipo de entidad pública de cualquier parte del territorio español. Estas preguntas son propuestas que la Coalición Pro Acceso recoge de los ciudadanos a través de su página web.

Las primeras solicitudes han ido dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al Ayuntamiento de Madrid, al Ministerio de Trabajo e Inmigración, y al Ministerio de Sanidad y Política Social. A la espera de los resultados que se irán publicando en la página de la Coalición Pro Acceso, ésta anima a todo aquel que quiera participar en esta campaña a proponer sus preguntas en http://www.proacceso.org y a exigir una mayor transparencia en su relación con la administración.

Para saber más sobre la Coalición Pro Acceso ir a http://www.proacceso.org
Para mayor información, contactar con:
Access Info