LA VÍA PENAL NO ES EL CAMINO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ACCESO EN LOS ARCHIVOS

Junta Directiva
El pasado 6 de junio se publicaba en la prensa local salmantina, y en algún otro medio de alcance regional, la noticia de la imputación del Director del Centro Documental de la Memoria Histórica, Manuel Melgar Camarzana, por el titular del Juzgado de Primera Instancia  nº 3 de la ciudad del Tormes. La imputación era consecuencia de la querella interpuesta contra Manuel por un investigador habitual del mencionado centro, conocido por sus reiteradas intervenciones denunciando las actuaciones llevadas a cabo por el  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el proceso de restitución de los documentos incautados en Cataluña durante y tras la Guerra Civil Española, al entender que con ellas se estaba vulnerando la propia ley de restitución. El delito denunciado es el de obstrucción en el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 542 del Código Penal), al no permitírsele al denunciante la consulta, en formato original, de cierto número de cajas afectadas por el proceso citado de restitución, al contener documentos cuyo traslado a Barcelona se realizaría próximamente.

Independientemente del juicio que nos merezca el asunto de los documentos incautados en la Guerra Civil y en concreto la regulación de la restitución de los incautados en Cataluña, hay algo que nos gustaría señalar como novedad muy a tener en cuenta en este caso: por primera vez, al menos que le conste a Archiveros Españoles en la Función Pública, una denegación de acceso a los documentos originales (se ofrecía la consulta en formato de copia digital, previa identificación de los documentos que se deseaban ver) se afronta por la vía penal, lo que supone un preocupante precedente para los profesionales que debemos atender las peticiones de acceso en primera línea.

Se dice que la imputación en una querella no es más que la vía para que el denunciado se pueda defender con todas las garantías. Pero, en este caso, dada la enorme carga política del tema de la restitución de documentos del archivo salmantino, el archivero, al ser el eslabón más débil del Ministerio en la ejecución de la política archivística del Gobierno, se convierte en el objetivo sobre el que centrar los ataques a esa política.  A este respecto, hemos de enfatizar que, con frecuencia, los archiveros nos sentimos como emparedados entre la presión política de las autoridades de las que dependemos y la presión de los usuarios y los medios de comunicación a quienes servimos y, en ese contexto, aunque tratamos siempre de mantener una posición profesional independiente, dependemos de superiores jerárquicos que también interpretan la legislación e imponen sus criterios en caso de discrepancia.

Por otra parte, en esta querella podría verse una especie de aviso para navegantes: ¡ojo, archiveros!, que si no me dejáis ver lo que yo quiero, se pueda o no legalmente, os denuncio por prevaricación y obstrucción. Y vista la facilidad con que se acepta la querella y se imputa al archivero, y sabiendo que en este momento, en España, imputado significa en el ámbito popular “corrupto”, a ninguno de nosotros nos gustaría aparecer en las páginas de un periódico como funcionario imputado por impedir el ejercicio de los derechos constitucionales.

La inexistencia de una vía ágil y rápida para reclamar ante denegaciones injustificadas de acceso a la información, ha sido una de las lagunas históricas en la regulación del derecho de acceso a la información y los documentos en España desde que se plasmara en la Constitución de 1978 el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos. Parece que, por fin, la Ley de Transparencia aprobada a finales del año 2013, cuyo título primero entrará en vigor en el ámbito de la Administración General del Estado a finales de 2014, así como las leyes autonómicas que van siguiéndola, ofrecen esa vía de reclamación ante un organismo específicamente creado para ese fin y que, en el caso del Estado, es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta vía de reclamación administrativa especial evitará que las denegaciones de acceso, comunicadas formalmente o presuntas, por silencio administrativo, tengan que llevarse a un contencioso - administrativo, que puede demorarse varios años y éste es, sin duda, uno de los principales avances que ofrece la ley en cuestión.

Sin esperar esos meses que faltan para la entrada en vigor del título de la ley en el que se incluye la regulación del acceso a la información pública, el demandante en esta querella que comentamos bien podía haber presentado recurso de alzada ante la autoridad ministerial de la que depende el Centro Documental de la Memoria Histórica, pero ha preferido la vía penal, quizá por su rapidez, aun sabiendo que en ella el juez no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, sobre la accesibilidad a los documentos denegados, que sólo se puede sustanciar en el marco del derecho administrativo.

El tema de los documentos de la Generalitat de Cataluña incautados durante la Guerra Civil por el ejército de Franco parece no tener fin. La sentencia del Tribunal Constitucional no ha hecho sino complicar las cosas aún más: el alto Tribunal dice que los documentos no reclamados o no devueltos a los particulares a quienes fueron incautados no dejan de pertenecer al Estado, pero no dice “y, por tanto, devuélvanse al Archivo General de la Guerra Civil”, como parecería lo apropiado en una sentencia que, como su nombre indica, zanja un pleito con una decisión. No, aquí una vez más, nos vemos obligados a interpretar, si bien se podría concluir que será la Administración General del Estado, si quiere recuperar esos documentos, quien deberá iniciar acciones legales con ese fin; a ver quién se atreve, en la coyuntura política actual, a plantear siquiera la posibilidad de tal demanda.

Esta inseguridad para un archivo, institución en la que la estabilidad y la vocación de perdurabilidad son características esenciales para fortalecer su papel, mina la credibilidad y el prestigio del centro y socava la confianza en él. En todo el embrollo suscitado con los mal llamados “papeles de Salamanca”, los únicos que han recibido los golpes de ambos lados han sido los archiveros.

Sabiendo pues que el contencioso de los documentos incautados en la Guerra Civil va para largo, nos queda al menos confiar en que la querella no prospere y que los contenciosos sobre accesibilidad se canalicen, ahora mejor con las leyes de transparencia, por la vía administrativa y, en su caso, en las salas de lo contencioso - administrativo.

"IN MEMORIAM": SEMBLANZA DE JAVIER ÁLVAREZ PINEDO

En memoria de nuestro compañero JAVIER ÁLVAREZ PINEDO, que nos dejó el pasado sábado 22 de febrero de 2014 y al que con cariño recordaremos siempre.

 

Junta Directiva

Nació en Valladolid el 3 de mayo de 1944. Acabados los estudios primarios y de Bachillerato, se trasladó a Salamanca en cuya Universidad alcanzó la Licenciatura en Literatura Hispánica. Ejerció sus primeros años como profesor de instituto en la zona minera de Laviana (Asturias). Buscando espacios más tranquilos, aprobó las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo destinado al Archivo Histórico Provincial de Logroño. En 1986, y después de superar las pruebas al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos), entró a formar parte de la plantilla del Archivo General de Simancas, del que fue Subdirector desde 1999 hasta su jubilación en mayo de 2009.

Persona bondadosa y conciliadora, de sutil y fina ironía, colaboró muy activamente en todos los proyectos de descripción y difusión del Archivo General de Simancas. Participó en numerosos congresos y cursos, destacando los Cursos de Archivística, organizados por la Fundación “Sánchez de Albornoz”, en Ávila, y los cursos del Instituto Universitario de Historia “Simancas”, del que fue miembro desde su creación. Activo colaborador en todas las exposiciones del Archivo, fue comisario y organizador de la dedicada a la expulsión de los moriscos, que dejó ultimada en el mismo año de jubilarse. Su saber y experiencia archivísticas quedaron reflejados en varios trabajos (Las “Alteraciones de Aragón” en el Archivo de Simancas, entre otros), y en especial en la obra “Simancas. Los Archivos Españoles”, de la que fue coautor.

Casado y con dos hijos, se encontraba disfrutando de su nietecillo al que le estaba transmitiendo su bondad, su alegría de vivir, su afición por la buena literatura (“El principito” era su favorito) y su pasión por la música.

Agradecemos a Julia Teresa Rodríguez de Diego, archivera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, la redacción de su semblanza.

AEFP COLABORA CON EL INAP EN LA CELEBRARACIÓN DE LA JORNADA SOBRE "LOS ARCHIVOS PÚBLICOS ANTE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (9 - 10 DE DICIEMBRE DE 2013, MADRID)

Bajo el título "Los archivos públicos ante la implantación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) colabora con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en la celebración de esta Jornada que tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de diciembre de 2013.

Junta Directiva

Con la celebración de esta Jornada, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en colaboración con Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), pretende, además de continuar con su política de difusión entre los profesionales de las Administraciones Públicas de la futura Ley de Transparencia, analizar más detalladamente sus repercusiones en el sistema de los archivos públicos.

La Jornada tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de diciembre en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en Madrid en horario de mañana y tarde. Los objetivos de esta Jornada son: 

• Analizar el Proyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el papel de los archivos públicos en su implementación.
• Describir las necesarias modificaciones normativas en materia de archivos.
• Exponer los procedimientos a seguir en materia de gestión documental y la administración electrónica.
• Promover el debate público sobre la función de los archivos en la transparencia.

  Otros datos de interés que se pueden destacar:

• Destinatarios:  funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral fijo asimilado.
• Lugar de realización: sede del INAP de la C/Atocha, 106 (Madrid).
• Duración: 10 horas.
• Plazo de inscripción: hasta el 2 de diciembre.

Para más información sobre la misma, así como para la realización de la inscripción, podéis consultar el programa de las mismas o acudir al sitio web del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

CELEBRACIÓN DE LAS IV JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES Y ACCESO LIBRE A LAS PONENCIAS DE LAS III JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

Bajo el título "Desafíos a la implantación de la Ley de Transparencia", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza la cuarta edición de estas jornadas técnicas, en colaboración con la Society of Finnish Archivists y con el patrocinio de la Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que tendrá lugar el próximo día 3 de octubre de 2013.

Junta Directiva
Ante la próxima aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno por parte de las Cortes Generales, queremos reflexionar en estas IV Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales sobre el proyecto de ley español y sus implicaciones para el colectivo de los archiveros de la función pública y, sobre todo, debatir con archiveros procedentes de uno de los países con mayor índice de transparencia, Finlandia, sobre el impacto de la misma en los archivos públicos y los desafíos que han supuesto y suponen en el día a día.

Asimismo, desde el día de hoy, abrimos a toda la comunidad profesional las ponencias y materiales de las III Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas en 2012 para que puedan ser consultados gratuitamente.

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de estas jornadas, así como el resto de información relativa a los plazos y proceso de inscripción en las mismas.

ALGUNAS PROPUESTAS DE AEFP LLEGAN A LA PONENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Junta Directiva

Madrid, 8 de julio de 2013. AEFP ha conseguido que se introduzcan algunas de sus propuestas en las enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que estudia la Ponencia del Congreso (Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 19 – 3, de 2 de julio de 2013):

• Modificación de la Disposición Adicional Primera (Enmienda nº 534 del Grupo Parlamentario Popular y nº 498 del Grupo Socialista).
• Un representante del sector de los archivos en el organismo que vele por la transparencia (Enmienda nº 478 del Grupo Socialista).

Recordemos que, anteriormente, el texto de la Disposición adicional Primera era el siguiente:

“Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. (…)

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental, a la destinada a la reutilización y a la obrante en los archivos que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión.”

Pues bien, AEFP, tanto en el grupo de expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales como en la comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, propuso eliminar la referencia a los archivos de oficina o gestión, que restringía el objeto de aplicación de la Ley a los documentos en ellos contenidos, relegando a los demás archivos públicos (centrales, intermedios, históricos) a su regulación específica. Esto suponía un ataque frontal al derecho de acceso a la información pública. Propusimos modificarla, sobre todo en lo que se refiere al acceso a los archivos históricos, para no perpetuar el error cometido en el art. 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que remitía el acceso a los archivos históricos a su regulación específica, cuando éstos no están definidos en ninguna norma concreta, sino que, al contrario, según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el patrimonio documental lo integran todos los documentos públicos desde su creación.

Considerábamos que hacer depender el alcance del derecho de los ciudadanos según en qué tipo de archivo obre la información a la que van a intentar acceder, parecía un sinsentido.

Nuestra propuesta ha calado. En una primera lectura de las enmiendas publicadas podemos ver que:

1) El Grupo Parlamentario Popular ha presentado la ENMIENDA 534 con la modificación de la Disposición Adicional Primera, en estos términos:

“3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización”.

Y con la siguiente

“JUSTIFICACIÓN: Se unifica el acceso a la información sin diferenciar entre el tipo de archivo en el que se encuentre, garantizando así la igualdad en el acceso independientemente de la ubicación de la información.”

2) El Grupo Parlamentario Socialista ha procedido de igual manera y en la ENMIENDA 498, propone la supresión en la misma disposición del inciso referido a los archivos de oficina o gestión, con la siguiente motivación:

“La Ley no debe remitir a la regulación específica de los archivos históricos, ya que la Ley de Patrimonio Histórico Español considera que el patrimonio documental lo integran todos los documentos públicos desde el mismo momento en que se generan. Por tanto, a estos efectos, no se deben distinguir los archivos históricos de los de oficinas y gestión”.

3) El Grupo Parlamentario Socialista, en su ENMIENDA 478, propone la presencia en el Consejo Consultivo de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de un experto del sector de archivos designado por las organizaciones profesionales del sector.

AEFP propuso la adición de una Disposición adicional en la que se incorporara a los miembros del Consejo Consultivo: “Un archivero que desempeñe su trabajo en la función pública”.

Continuaremos informando de los progresos en el debate del Proyecto de Ley.

 

Podéis consultar esta nota de prensa también en formato PDF.

CELEBRACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN 2013-001 CUR "HABLAMOS DE ARCHIVOS CON... GUSTAVO CASTAÑER MARQUARDT"

Bajo el título "MPLP (Más Producto, Menos Proceso): un concepto fundamental en los archivos estadounidenses (código: 2013001CUR)", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza este curso de formación que tendrá lugar el próximo día 9 de mayo de 2013 en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.


Junta Directiva
Uno de los objetivos que se ha propuesto la actual Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública para el período 2012 – 2015 es continuar con la celebración de Hablamos de Archivos con…: un formato más relajado, de pequeñas jornadas de carácter técnico, donde los diferentes profesionales de los archivos públicos y cualesquier otras personas interesadas puedan intercambiar experiencias o resolver dudas sobre cualquier aspecto que pueda atañer a nuestra profesión.

Por todo ello, hemos creído conveniente continuar con esta nueva modalidad de cursos, con un carácter eminentemente práctico y distendido, al modo de una charla o tertulia de carácter más informal, en la que a partir de las experiencias mostradas por la persona invitada se pueda desarrollar un debate, un intercambio de opiniones y de “saber hacer” entre el público asistente y el invitado que presentamos.

En esta segunda edición de Hablamos de Archivos con…, contaremos con Gustavo Castañer Marquardt, Administrador de la Unidad de Gestión Documental y Archivos Centrales del Consejo de la Unión Europea, para tratar un tema muy en boga en el ámbito archivístico norteamericano como es el de la propuesta MPLP (More Product, Less Process).

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de este curso.

LOS ARCHIVEROS EXPONEN SUS PUNTOS DE VISTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

AEFP comparecerá el 20 de marzo en el Congreso de los Diputados en relación con la tramitación del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

Junta Directiva

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha sido convocada para su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el próximo 20 de marzo a partir de las 16,30 horas para exponer sus propuestas y los puntos de vista del colectivo de archiveros de las administraciones públicas en relación con el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En nombre de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), comparecerá Dª Rosana de Andrés Díaz, Presidenta de AEFP.

Se trata, probablemente, de la primera vez que una asociación profesional de archiveros de las administraciones públicas comparece ante una comisión de las Cortes para exponer sus puntos de vista en relación con la tramitación de un proyecto de ley de trascendental importancia para el colectivo de los archiveros de la función pública.

Asimismo, hay que destacar que, independientemente del resultado que se logre, la implicación de los profesionales de los archivos públicos tiene, y debería tener aún más, resultados prácticos en la tramitación de este tipo de leyes. A modo de ejemplo, fruto del período de alegaciones en la fase previa a la aprobación del anteproyecto de esta ley, se consiguió modificar levemente el artículo 10 (inicialmente, el artículo 9), relativo al concepto de información pública, para hacer referencia a los documentos como elementos que soportan la información pública y generadores de valor jurídico:

- VERSIÓN DEL BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE 26/03/2012.

Artículo 9. Información Pública.

Se entiende por información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

- VERSIÓN DEL PROYECTO DE LEY (ACTUAL).

Artículo 10. Información Pública

Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

ACCESOS A LA COMPARECENCIA DE AEFP

- Archivo audiovisual de la sesión de 20 de marzo de 2013 de la Comisión Constitucional (VÍDEO COMPLETO - 3 horas 46 min 10 seg).
    * Intervención inicial de Rosana de Andrés (22 min 52 seg).
    * Intervención de la diputada del Grupo Mixto Ana María Oramas González-Moro (9 min 44 seg).
    * Intervención del diputado del Grupo Vasco Emilio Olabarría Muñoz (15 min 50 seg).
    * Intervención del diputado del Grupo UPyD Carlos Martínez Gorriarán (13 min 50 seg).
    * Intervención de la diputada del Grupo Catalán Lourdes Ciuró i Buldó (7 min 49 seg).
    * Intervención del diputado del Grupo Socialista José Enrique Serrano Martínez (16 min 28 seg).
    * Intervención del diputado del Grupo Popular Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villacieros (12 min 11 seg).
    * Intervención final de Rosana de Andrés (21 min 16 seg).

- Diario de Sesiones de la Comisión Constitucional de 20 de marzo de 2013.

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE AEFP

- Canal 24h de TVE: programa Parlamento del 23 de marzo de 2013 (del minuto 44:12 al minuto 46:19).

Para más información sobre la propuesta de modificación del articulado del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, podéis acudir a nuestro sitio web.

AEFP PUBLICA SU PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

La propuesta fue presentada en el marco de su participación en el Grupo de Expertos del Proyecto de Ley de Transparencia del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) del que forma parte.

 

Junta Directiva

 

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) presentó el pasado mes de septiembre, en el marco del Grupo de Expertos del Proyecto de Ley de Transparencia del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) del que forma parte, su propuesta de modificación del articulado del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

 

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) forma parte de dicho Grupo de expertos desde su constitución el pasado 26 de abril, siendo la única entidad profesional ligada a los archivos públicos presente en este comité.

 

Para más información, podéis acudir a nuestro sitio web o a la  web del Grupo de Expertos del Proyecto de Ley de Transparencia dentro del sitio web del CEPC.

CONCILIO VATICANO II: RECOMENZAR DE LOS ARCHIVOS

 

Ciudad del Vaticano, 2 de octubre de 2012.

 

Esta mañana en la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la presentación del Convenio Internacional de Estudios sobre el Concilio Ecuménico Vaticano II a la luz de los archivos de los Padres Conciliares en el 50° aniversario de su apertura (1962-2012), organizado por el Pontificio Comité de Ciencias Históricas en colaboración con el Centro de Estudios e Investigaciones "Concilio Vaticano II" de la Pontificia Universidad Lateranense. El convenio se celebrará del 3 al 5 de octubre.

Intervinieron en la presentación el padre Bernard Ardura, O. Praem., Presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas y el profesor Philippe Chenaux, Director del Centro de Estudios e Investigaciones "Concilio Vaticano II" de la Pontificia Universidad Lateranense y miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas.

El Presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas señaló que en vista del aniversario del Concilio Vaticano II, se ha realizado un proyecto de investigación en todos los continentes sobre los archivos personales de los Padres del Concilio con el fin de promover una investigación original y científicamente válida que favorezca el estudio y la comprensión profunda de un acontecimiento que “ha marcado profundamente la vida de la Iglesia en el último medio siglo”.

“Siguiendo la línea indicada por el beato Juan XXIII en su discurso de apertura del Concilio -dijo el padre Ardura- , es necesario llevar a cabo un meticuloso estudio histórico de todo el material de archivo a nuestra disposición, para no convertirnos, como decía el Papa, en 'personas que no tienen nada que aprender de la historia que es maestra de la vida'. La consulta y la publicación de algunos diarios y memorias y la correspondencia de personajes relevantes que participaron en el Concilio Vaticano II ya han contribuido al desarrollo de la hermenéutica del Concilio. Una 'hermenéutica de la reforma en la continuidad', indicada por Benedicto XVI como el camino de la interpretación eclesial auténtica.

En esta perspectiva -prosiguió- hemos iniciado una investigación sobre los archivos privados de los Padres Conciliares, con el fin de identificar e inventariar los documentos elaborados por ellos: diarios, notas en las distintas comisiones, etc.. (...); todo lo que puede ayudar a entender cómo los padres conciliares vivieron el gran acontecimiento del concilio, como lo entendieron y cómo reaccionaron ante las diversas opiniones planteadas”.

El Convenio actual es el primero de dos eventos cuyo protagonista es el Concilio Vaticano II y representa el primer paso para dar a conocer “el estado de la investigación y señalar, entre otras cosas, las dificultades en la investigación de los archivos”, ya que de los Padres Conciliares, 2.090 procedían de Europa y del continente americano mientras sólo 408 venían de Asia, 351 de África y 74 de Oceanía. Por otra parte, un gran número de este episcopado procedente de los “territorios de misión” pertenecía a institutos misioneros , por lo cual muchos de sus documentos están en conventos y, además, el “culto de los archivos” habitual en Europa y América, no está igualmente difundido en Asia o África, si bien el archivo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos ofrece la posibilidad de colmar, en parte, estas lagunas.

Por lo tanto, “la intención del Pontificio Comité es la de promover, a la luz del Magisterio del Santo Padre y siguiendo una estricta metodología histórico-crítica, ajena a cualquier inspiración ideológica, una relectura historiográfica, ponderada y científicamente fundada, de lo que fue, indudablemente, el 'gran evento' del Concilio Vaticano II”.

El Convenio se abrirá con un documental de la Filmoteca Vaticana y una conferencia a dos voces. El cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, hablará del período de tiempo transcurrido entre el anuncio del Concilio y su apertura ya que “el período de preparación del evento ofrece muchas claves para entender el conjunto del concilio”. Por su parte, el profesor Philippe Levillain hablará de la historiografía en relación con el Concilio. Para recordar la dimensión ecuménica “fuertemente subrayada” por el beato Juan XXIII, intervendrán también un representante del Patriarcado de Moscú y un representante del protestantismo que administra los archivos personales del gran teólogo reformado Oscar Cullmann.

Fruto de la investigación de estos años y de los trabajos del Convenio, será un primer Directorio de Archivos de los Padres Conciliares que, una vez elaborado, pasará a una base de datos disponible gratuitamente on-line en la página web del Comité Pontificio.

El profesor Chenaux explicó que “la tentativa de historizar el Concilio no implicaba solamente un trabajo de investigación en el ámbito de las fuentes (...) sino de interpretación, la llamada hermenéutica conciliar. En otras palabras, los historiadores que han ideado este proyecto de historia del Vaticano II han 'pensado' el Concilio y de ello han surgido dos criterios de interpretación: el Concilio como 'evento' y el Concilio como 'ruptura'.

 

La apuesta fundamental de los historiadores del Concilio es, por tanto: ¿Cómo reconciliar estas dos lecturas contrapuestas del evento conciliar y de sus decisiones? No se trata de escribir una 'contra-historia' del Concilio Vaticano II, sino de retomar la investigación histórica sobre la base de una documentación lo más amplia posible y sin condicionamientos ideológicos, evitando de instrumentalizar su historia para fines extraños a la misma, para llegar a una comprensión más equilibrada y compartida del evento y de sus decisiones. 'Recomenzar de los archivos', es la apuesta que está en la base del gran proyecto de investigación sobre los archivos de los padres conciliares”.

(Fuente: 'Vatican Information Service' [VIS])

ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE AEFP

La Asamblea General Extraordinaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha elegido a los nuevos miembros de su Junta Directiva en las elecciones celebradas el pasado 28 de junio de 2012.

Junta Directiva

 

En el proceso electoral celebrado el pasado jueves, 28 de junio de 2012, han resultado elegidos los siguientes socios como miembros titulares del órgano directivo de nuestra Asociación:

-Dª Rosana de Andrés Díaz, PRESIDENTA.

-Dª Alejandra Gil de Gandarillas, VICEPRESIDENTA - TESORERA.

-Dª Beatriz Contreras Gómez, SECRETARIA.

-Dª María Teresa Piris Peña, VOCAL.

-Dª Teresa Flores Velasco, VOCAL.

Para más información, podéis acudir a nuestro sitio web.

AEFP FORMA PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO CREADO SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA

El grupo de trabajo creado en el CEPC sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia cuenta con la participación de AEFP

Junta Directiva
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) está participando en el Comité de Expertos creado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) por el Ministerio de la Presidencia, que está encargado de analizar el borrador del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de asesorar durante la tramitación parlamentaria. Este Comité de Expertos se constituyó el pasado 26 de abril, cuando tuvo lugar la primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas.

El programa de la primera sesión se dedicó al debate del Capítulo I (Publicidad Activa) del Título I (Transparencia de la Actividad Pública) del borrador del Anteproyecto.

El resto de sesiones de trabajo proseguirá de la siguiente manera:

• 17 de mayo: Debate en torno al Capítulo II (Derecho de Acceso a la Información Pública) del Título I.
• 24 de mayo: Debate en torno al Título II (Buen Gobierno).
• 31 de mayo: Análisis y debate de las propuestas provenientes de distintos ámbitos de usuarios de la Ley (sociedad civil, periodistas, abogados, etc.).

AEFP PUBLICA SUS ALEGACIONES CON RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Junta Directiva

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha presentado en este mes de abril las siguientes alegaciones al borrador del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dentro del proceso de consulta pública abierto por el Gobierno:

Artículos 8 y 9.

El uso del término información pública para englobar el conjunto del derecho de acceso, a pesar de la existencia de una definición en el artículo 9 es confuso y puede suponer un límite en el derecho de acceso. Si tenemos en cuenta la definición que establece el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, información es el término que significa:

a)   Acción y efecto de informar, es decir (tomando la definición de “informar” del mismo diccionario): “Enterar, dar noticia de algo”.

b)   Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada.

Sin embargo, convendría hacer mención al concepto de documento de titularidad pública tal y como se establece en, por ejemplo, el artículo 9.1  de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía: “los de titularidad de las personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, enumeradas en el apartado siguiente, producidos y recibidos en el ejercicio de las competencias que les son propias, sin perjuicio de la normativa estatal o internacional que les afecte”. Además, estos documentos, por ser garantes de derechos y obligaciones de las Administraciones y de los ciudadanos deben gozar de unas características propias tales como las que establece el artículo 11.1 de la citada ley andaluza (“Los documentos de titularidad pública, a efectos de su validez, han de cumplir los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación”). Características estas que ya vienen de algún modo definidas en el propio Código Civil, en su artículo 1216 (“Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”) y que vienen definidas por dos características:

a)   Su autorización por un empleado público competente.

b)   Unos requisitos formales propios.

Además, el artículo 1218 del Código Civil establece la fuerza probatoria que, sólo el documento de titularidad pública puede tener en derecho: “Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”. En todos estos elementos inciden todavía más los artículos 317 y 319 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En definitiva, toda información pública deberá plasmarse en un documento o será consecuencia de un documento de titularidad pública (porque tal y como se define en la legislación archivística más reciente –el artículo 2 de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía – el documento es “toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado. Se excluyen de este concepto las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo”. Sin este soporte material y formal, el derecho de acceso de los ciudadanos se verá mermado ya que el acceso a la información pública no presupone el acceso al documento que, hoy por hoy, es el único elemento generador de derechos y obligaciones entre Administración y ciudadanos. Es más, el artículo 13 de este borrador de Anteproyecto de Ley establece la exclusión de las solicitudes de información “para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”, lo que reafirma nuestra postura de que el elemento definitorio del acceso debiera girar en torno al documento y no a la información.

A modo de ejemplo: los medios de comunicación o los centros de documentación producen información (incluso las Administraciones), pero sólo las Administraciones producen documentos entendidos como “el testimonio material de un hecho o acto elaborado de acuerdo con unas características de tipo material y formal” (Diccionario de Terminología Archivística, 2º ed.,  Ministerio de Cultura, 1995).

Artículo 10.

Debemos resaltar la vaguedad de las excepciones contempladas en este artículo y en el artículo anterior, ya que: ¿en qué casos se puede ver afectada, por ejemplo, la defensa o la seguridad nacional? Se trata de excepciones tan amplias que puede suponer una limitación injustificada al acceso. Por otro lado, sería planteable un plazo general de inaccesibilidad con obligación de su revisión cada cierto tiempo para que no se puedan producir limitaciones en el acceso a documentos con antigüedad considerable.

Artículo 15.

No parece razonable que no se admitan este tipo de solicitudes ya que no sería propio de la Administración desconocer el órgano competente, pudiendo lesionar los derechos de los ciudadanos y convertirse en una puerta por la que se inadmitiera por parte de la Administración un buen número de solicitudes. Más aún, parece ciertamente contradictorio con el artículo 16.1 de este borrador de Anteproyecto.

Artículo 16.

Este es uno de los problemas de hablar de información pública y no de documentos de titularidad pública. Si un documento forma parte de un procedimiento tramitado por el organismo X, independientemente de que su órgano productor hay sido el organismo X o el organismo Y, y el procedimiento no plantea problemas en el acceso, ¿por qué el organismo X ha de pedir autorización al organismo Y?

Artículo 17.

Apartado 1º

Debería establecerse un plazo para la remisión desde el órgano receptor no competente al órgano competente para resolver ya que esto puede generar dilaciones en la resolución que pueden ir en perjuicio de los ciudadanos.

Apartado 4º

No es concebible en una Administración moderna que el silencio se entienda como negativo. En aras de las transparencia que pretende este Anteproyecto se debería establecer la obligación de resolver por parte de la Administración para que las denegaciones de acceso estuvieran motivadas. No obstante, la situación de la Administración aconseja  que el silencio sea negativo y se recomienda que se tomen las medidas oportunas para conseguir una mayor diligencia en la atención a las solicitudes de acceso.

Artículo 18.

Se debería incluir un artículo específico dedicado a los archivos públicos como unidades específicas responsables, desde hace mucho tiempo, de resolver, entre otras cuestiones, las establecidas en las letras b. a d. del apartado 1º de este artículo. En este sentido, debería haber un compromiso de la Administración en este Anteproyecto de velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de archivos y de sus centros para una correcta gestión de los documentos de las Administraciones, dotándolos de medios humanos y materiales y estableciendo políticas globales y coherentes de gestión de los mismos.  Y esto es importante porque los archivos públicos y sus archiveros son los elementos clave en una correcta gestión de los documentos públicos como garantes de su valor legal y su fiabilidad, así como de que sea eficaz la aplicación de cualquier legislación sobre acceso.

Artículo 21.4.

Como se ha comentado para el artículo 17.4, la Administración debería estar obligada a la resolución y notificación de la misma, evitando el silencio negativo.

Disposición adicional primera (apartado 1º).

Remitimos a lo comentado para los artículos 8 y 9 del Anteproyecto. Resulta curioso que es la única vez donde aparece mencionado el término documento.

Disposición final primera.

Se deben incluir los documentos de titularidad pública en los artículos 35 h) y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Otros comentarios.

Se debería incluir un artículo relativo a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos del Estado y a los órganos equivalentes en el resto de Administraciones como los órganos colegiados responsables Estas Comisiones tienen, entre sus competencias, “la accesibilidad y utilización de los documentos y series documentales” (art. 1 c) del Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos).

Al hilo de la potenciación de las Comisiones Calificadoras u organismos equivalentes en el resto de Administraciones, creemos que podría ser interesante la aplicación de un modelo de actuación semejante o parecido al que ha establecido Cataluña en el art. 5 del Decreto 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación y selección de documentos.

Para obtener el texto en  PDF, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis este documento.

CELEBRACIÓN DE LAS III JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES Y ACCESO LIBRE A LAS PONENCIAS DE LAS II JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

Bajo el título "La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza la tercera edición de estas jornadas técnicas, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que tendrán lugar los próximos días 23 y 24 de abril de 2012.

Junta Directiva
A finales de septiembre de 2010, Access Info Europe, asociación integrante de la Coalición Pro Acceso, hizo público un borrador del Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, del que se había hablado en las II Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas ese mismo año. De esta manera, parecía que se iba a cumplir por parte del entonces Gobierno del PSOE una de las promesas electorales que figuraban en su programa electoral para la pasada legislatura. Posteriormente, el Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011 aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con algunos cambios respecto al borrador de 2010, pero que no vio la luz la pasada legislatura. Como última novedad, el nuevo Gobierno surgido de las elecciones del 20 de noviembre de 2011 ha aprobado en su reunión del 23 de marzo pasado el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobiernos. Por todo ello, nos proponemos suscitar en estas III Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales las siguientes preguntas: ¿qué novedades plantea este Anteproyecto de Ley con respecto a la situación actual?, ¿cumple la futura disposición con los estándares de los países más avanzados en esta materia?, ¿supone un avance o, por el contrario, este Anteproyecto de Ley se queda muy lejos de lo esperado?, ¿qué dudas suscita la futura norma con respecto a su posible aplicación? o ¿qué implicaciones para la gestión de los archivos y para sus profesionales podría tener este Anteproyecto de Ley?

Asimismo, desde el día de hoy, abrimos a toda la comunidad profesionales las ponencias y materiales de las II Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas en 2010 para que puedan ser consultados gratuitamente.

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de estas jornadas, así como el resto de información relativa a los plazos y proceso de inscripción en las mismas.

EL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO ABIERTO A CONSULTA CIUDADANA

Junta Directiva

El Consejo de Ministros ha puesto a disposición de todos los ciudadanos el borrador del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, ha abierto un plazo de 15 días para que, a través de una web específica (www.leydetransparencia.gob.es) habilitada al efecto, además de consultar dicho borrador, puedan realizar aportaciones al mismo.

Para su descarga, acudid a la sección de Legislación archivística del área de Servicios de nuestro sitio web (en PDF) o a la web del Gobierno www.leydetransparencia.gob.es.

CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE A CONCHITA CONTEL BAREA POR SU JUBILACIÓN

Junta Directiva

La Junta Directiva de la Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), en su reunión celebrada el 29 de noviembre de 2011, ha acordado celebrar un acto público de homenaje a nuestra compañera Conchita Contel Barea con motivo de su jubilación. El acto tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre, miércoles, a las 19:00 h. Os convocamos a celebrar con nosotros la culminación de su dilatada trayectoria profesional en un acto cuyos detalles figuran en el tríptico que adjuntamos.

Finalizado el acto, aquellos que lo deseen nos pueden acompañar a una cena, cuyo lugar de celebración se confirmará el 12 de diciembre. El importe de la cena es de 45 €, y el del regalo 15 €, cuyo ingreso podrá realizarse en la cuenta corriente bancaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), poniendo en el concepto el nombre y apellidos de quien quiere asistir, antes del día 12 de diciembre:

• ENTIDAD BANCARIA: Caja Madrid (BANKIA).
• DIRECCIÓN POSTAL DE LA OFICINA BANCARIA: Paseo de la Alameda, 28. 28804 - Alcalá de Henares (Madrid).
• Nº DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA: 2038 2281 02 6000545010

Para aquellos que no puedan acompañarnos y deseen enviar su felicitación a la homenajeada, pueden adherirse a la Tabula Gratulatoria enviando un mensaje a  aefp@aefp.org.es

Rosana de Andrés Díaz

Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Podéis descargaros aquí el tríptico del acto 

EL BOE PUBLICA EL NUEVO REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA ESPAÑOL DE ARCHIVOS

Junta Directiva

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 25 de noviembre de 2011 publica el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

Además, incluimos como novedades: la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, el Proyecto de Ley nº 07/PL-0050 de Archivos y del Patrimonio Documental de Galicia (publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia nº 632 de 23 de octubre de 2008, correspondiente a la VII Legislatura) y el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Documental y Archivos de Euskadi (abril de 2007) .

Para su descarga, acudid a la sección de Legislación archivística del área de Servicios de nuestro sitio web.

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ¿CADA VEZ MÁS CERCA?

Madrid, 28 de septiembre de 2011.

Hoy Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso organizan un coloquio para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber con la presencia de cuatro representantes de partidos políticos que presentarán y debatirán sobre las propuestas de transparencia para la próxima legislatura.

Los dos partidos políticos mayoritarios, el PSOE y el PP han redactado propuestas de leyes de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, ninguna de las propuestas cumple con los 10 principios creados por la plataforma de la sociedad civil, la Coalición Pro Acceso.

Quedando sólo dos meses para las elecciones, Access Info y otros miembros de la Coalición Pro Acceso piden a todos los partidos políticos que se comprometan a adoptar una ley de acceso a la información en el caso de que ganen las elecciones. Dicha ley fue prometida por primera vez a la sociedad española en el programa electoral del PSOE de 2004; sin embargo, 7 años más tarde, España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin esta ley.

“Ambos partidos prometen más transparencia pero de momento sus propuestas de ley siguen siendo insuficientes para conseguir la transparencia necesaria” comenta Victoria Anderica. “El reconocimiento del principio de publicidad de toda la información pública debe ser explícito y la creación de un órgano independiente garante del derecho de acceso a la información es esencial para una buena implementación del derecho y ambas propuestas de ley deberían reflejarlo”.

La Coalición Pro Acceso pide a todos los partidos políticos que apoyen los 10 principios y los incluyan en sus propuestas. Para ver los principios pincha aquí.

El coloquio está abierto a los medios y al público. Los detalles del evento se encuentran a continuación:

Coloquio: Propuestas para la transparencia para la próxima legislatura

Ponentes:

• Arturo García Tizón, PP.
• David Ortega, UPyD.
• Armando Recio, IU.
• Por confirmar, PSOE.

Lugar y hora de celebración:
18,00 h en la Sala de Profesores, 3ª planta (Decanato)

Facultad de Ciencias de la Información

Universidad Complutense de Madrid

Para más información contactar con:

Victoria Anderica Caffarena

Legal Researcher and Campaigner

Access Info Europe

victoria@access-info.org 

(+34) 91 366 53 44

(+34) 606 592 976

(Fuente: Access Info Europe)

CELEBRACIÓN DEL 9º DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) y el resto de miembros de la Coalición Pro Acceso celebran, mañana 28 de septiembre, el 9º Día Internacional del Derecho a Saber

Junta Directiva

Mañana, 28 de septiembre, se celebra el 9º Día Internacional del Derecho a Saber. Con tal motivo la Coalición Pro Acceso organiza a las 18,00 horas en la Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el siguiente evento:

Propuestas para la Transparencia para la proxima legislatura

Ponentes:

• Arturo García Tizón, PP.
• David Ortega, UPyD.
• Armando Recio, IU.
• Lucila Corral o Juan Antonio Barrio, PSOE.

Os animamos a difudir en vuestros sitios web y blogs los siguientes materiales elaborados por la Red Internacional de Defensores de la Libertad de Información (FOIAnet):

• Póster del Día Internacional.
• Banner del Día Internacional.
• Vídeo del Día Internacional (en varios idiomas).