IN MEMORIAM: FALLECIMIENTO DE VICTORIA ARIAS

Junta Directiva

Desde AEFP lamentamos el fallecimiento de nuestra querida compañera Victoria Arias, que nos dejó ayer, 21 de marzo.

Sentimos esta pérdida tan grande y acompañamos en el sentimiento a su familia.

Descanse en paz.

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AEFP

La Asamblea General de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha renovado parcialmente algunos de los cargos de su Junta Directiva en su reunión extraordinaria del pasado 12 de diciembre de 2016.

Junta Directiva

El pasado día 12 de diciembre se celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) para renovar parcialmente la Presidencia, al tener que marcharse por cuestiones de índole personal el hasta entonces Presidente, Javier Díez Llamazares. La renovación se efectuó conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de los Estatutos de AEFP, obteniendo la unanimidad de todos los socios numerarios presentes Juan Fernando Pérez Santana, hasta entonces Vocal de la Junta Directiva.
Asimismo, y para cubrir la Vocalía que quedaba vacante, se presentó como candidato José Luis García Martínez, que también resultó elegido por unanimidad. De esta manera la nueva Junta Directiva ha quedado conformada por:

• PRESIDENTE: Juan Fernando Pérez Santana, que es funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos (Especialidad de Archivos) de la Comunidad de Madrid.
• VICEPRESIDENTA – TESORERA: Rebeca Sánchez Romero, que es funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos) del Estado.
• SECRETARIA: Elisa Avilés Betegón, que es funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos) del Estado.
• VOCAL: Rosana de Andrés Díaz, que es funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos) del Estado.
• VOCAL: José Luis García Martínez, que es funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos) del Estado.

La Junta Directiva renovada: de izquierda a derecha, José Luis García Martínez, Rebeca Sánchez Romero, Elisa Avilés Betegón, Rosana de Andrés Díaz y Juan Fernando Pérez Santana.

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) quiere agradecer a su anterior Presidente su dedicación y trabajo en beneficio de nuestra Asociación y de la profesión a lo largo de este año.

+INFO (Comunicado de prensa en PDF)

AEFP SE UNE A LA CARTA FIRMADA POR MÁS DE 40 ACADÉMICOS ESPAÑOLES RECLAMANDO EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL

Comunicado de AEFP uniéndose a la iniciativa.

Junta Directiva

Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de Ley de Transparencia, catedráticos y profesores de universidad de toda España han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y poderes públicos a reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental en nuestro país, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia internacional.

Los firmantes, entre los que se encuentran juristas y politólogos de reconocido prestigio –como Manuel Villoria, José Luis Piñar, Emilio Guichot, David Ortega, Manuel Sánchez de Diego, Miguel Ángel Blanes o Elisa de La Nuez–, reconocen en su declaración el avance que ha supuesto en España la ley de transparencia, pero han alertado sobre las limitaciones que conlleva que esta norma no reconozca el derecho como fundamental.

En su declaración, los académicos defienden que no es necesario un cambio en la Constitución para el reconocimiento el derecho de acceso a información puesto que viene amparado por el artículo 20.1.d) de la Constitución y por la jurisprudencia internacional que reconoce el acceso a la información como imprescindible a la hora de permitir a los ciudadanos formar una opinión y participar en el debate público.

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) celebra y apoya la iniciativa ya que este reconocimiento tiene también claras repercusiones prácticas para los archivos públicos y para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos mediante el ejercicio de su derecho a acceder a los documentos que custodian las Administraciones Públicas.

Puede leerse la carta de los juristas y académicos aquí.


+INFO (Comunicado de prensa en PDF)

ANTE EL CIERRE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MARINA ‘ÁLVARO DE BAZÁN’ EN EL VISO DEL MARQUÉS

Comunicado de AEFP por el cierre del Archivo General de la Marina.

Junta Directiva

¿Hasta cuando la situación de abandono y precariedad del más importante fondo documental para la historia naval? Exigimos al Ministerio de Defensa una solución definitiva para los archivos históricos de la Armada, y en general para el conjunto de archivos del Sistema Archivístico de Defensa.

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) desea manifestar su inquietud por el cierre del Archivo General de la Marina ‘Álvaro de Bazán’, un archivo histórico del Estado de primer nivel que debe cerrar sus puertas al público por falta de personal. Nuestra asociación tiene entre sus objetivos estatutarios el de “fomentar la defensa de los archivos públicos” y, por tanto, no puede dejar de ver con preocupación la situación extrema que ha llevado al cierre de este centro. Las carencias del Archivo General de la Marina son endémicas desde su creación en 1948 y es absolutamente injustificable que en los tres últimos decenios no haya mejorado en nada su dotación mínima de personal y de recursos. El problema de falta de personal se agrava por la falta de estabilidad de quienes acceden a ocupar plaza de archivero en ese centro, al estar, en la práctica, en una situación laboral de destierro y desarraigo, condenados al olvido y abandono de sus superiores, y a la falta de autonomía en cuestiones técnicas ante los mandos militares.

En general, debe plantearse una política de recursos humanos y técnicos adecuada para el conjunto de archivos del Sistema Archivístico de Defensa. La infradotación es manifiesta en los archivos intermedios, archivos colapsados por el volumen de documentación al que tienen que hacer frente; a lo que se une una falta de coordinación por la duplicidad de la dependencia de los institutos culturales de los Ejércitos y del órgano de ejecución del Sistema Archivístico de la Defensa.

Por ello, AEFP insta a los poderes públicos a que desarrollen, por fin, una política adecuada de dotación de personal técnico en los archivos públicos que impida la bochornosa situación a que se ha llegado en este caso, indigna de un país desarrollado. Asimismo, solicita se adopten las medidas de urgencia necesarias que permitan la reapertura del Archivo General de la Marina, y la prestación eficaz del servicio público que tiene encomendado, a la mayor brevedad posible.

+INFO (Comunicado de prensa en PDF)

Repercusiones de nuestro comunicado en Cadena SER Ciudad Real

10º ANIVERSARIO DE AEFP (2006-2016)

Nuevos retos, nuevos Estatutos y nuevas posibilidades de asociarse.

Junta Directiva

PASADO Y PRESENTE. NUEVOS RETOS

El pasado 6 de julio, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) cumplía 10 años de su nacimiento. Sin lugar a dudas, llegar a una década de existencia puede parecer, en términos humanos y temporales, poca cosa y simplemente estar en la línea que cruza la infancia para entrar en la adolescencia y la edad adulta. Sin embargo, tenemos que reconocer que 10 años en el panorama asociativo español son muchos y suponen haber cruzado la frontera que nos permite afirmar que una asociación se ha consolidado y puede seguir mirando al futuro con optimismo y dispuesta a afrontar nuevos retos y experiencias desde lo que ha sido nuestro leitmotiv desde el principio, tal como expusimos en nuestro Manifiesto fundacional: la defensa de los archivos públicos como elementos esenciales en un sociedad democrática, dado su carácter de garantes de derechos y obligaciones, como soportes imprescindibles de la transparencia administrativa y como fuentes testimoniales insustituibles de la memoria colectiva.

No podemos por menos destacar lo que han sido dos de los elementos cruciales de AEFP a lo largo de las cuatro Juntas Directivas que han venido rigiendo, por voluntad y voto de nuestros socios, los destinos de la asociación: nuestra independencia de los poderes públicos y la defensa de la transparencia administrativa y de una regulación clara y correcta del derecho de acceso a los documentos públicos. Podemos decir y enorgullecernos de que en materia de transparencia y derecho de acceso fuimos una de las primeras asociaciones profesionales de archiveros en implicarnos en esta materia desde múltiples frentes: participación en la Coalición Pro Acceso, colaboración activa en el grupo de expertos que asesoró en esta materia y comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados durante la tramitación de la actual Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o puesta en marcha de nuestras Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales.

Pero, no podemos quedarnos en la autocomplacencia porque el presente y el futuro más inmediato nos ponen frente a nuevos retos y desafíos tanto para los archivos públicos como para los profesionales que los sirven: una reforma de la legislación en materia de transparencia y acceso que logre una regulación clara sin lagunas ni sombras, la implantación –parece que definitiva— de la administración electrónica y del archivo electrónico único, una mayor valoración de los profesionales archiveros dentro del conjunto del sector público en España como elementos claves para una correcta gestión documental y una mayor transparencia, etc.

NUEVOS ESTATUTOS

Transcurridos estos diez primeros años de bagaje en el mundo asociativo, la actual Junta Directiva decidió proceder a una reforma integral de los Estatutos, que fue aprobada el pasado 22 de junio una reunión extraordinaria de nuestra Asamblea General. De esta reforma, queremos destacar, aparte de una reorganización y clarificación del articulado que regula los órganos y el funcionamiento interno de nuestra asociación, dos elementos esenciales. Por un lado, la asunción dentro de nuestro corpus normativo y de nuestra identidad como asociación de dos de los documentos más importantes a nivel internacional: el ‘Código de Ética Profesional’ del Consejo Internacional de Archivos (CIA); y la ‘Declaración Universal sobre los Archivos’, adoptada tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como por el Consejo Internacional de Archivos (CIA). Por otro lado, hemos abierto la posibilidad de que aquellas personas que, no siendo archiveros al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España, compartan los principios y objetivos declarados por AEFP puedan asociarse dentro de la nueva categoría de socios adheridos con todas las ventajas de los socios numerarios (nueva denominación de los anteriormente llamados 'socios'), pero con dos importantes diferencias: una cuota social anual correspondiente al 50% de la cuota aprobada para los socios numerarios y la imposibilidad de elegir o ser elegidos miembros de los órganos de gobierno, así como la ausencia de derecho de voto en la Asamblea General (aunque sí el derecho a ser oídos). Con esta iniciativa, AEFP pretende acercarse a todo un colectivo interesado en la defensa de los archivos públicos y que, en muchos casos, aspira a formar parte de las plantillas de archiveros de las diferentes administraciones públicas españolas: colectivo de personas que siempre han estado próximas a nuestra asociación, pero que hasta el momento no han tenido un cauce para participar internamente en ella.

NUEVAS POSIBILIDADES DE ASOCIARSE Y BONIFICACIÓN POR EL 10º ANIVERSARIO

• SOCIOS ADHERIDOS (aquellas personas mayores de edad que, no siendo archiveros al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España, compartan los principios y objetivos declarados en nuestros Estatutos): cuota anual de 25 euros.

    +INFO: http://www.aefp.org.es/NS/Asoc/asociarse.html.   

• SOCIOS NUMERARIOS (archiveros hayan accedido como funcionarios o personal laboral al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España y que compartan y asuman los principios y objetivos declarados en nuestros Estatutos): los nuevos socios numerarios que se den de alta durante este año tendrán una bonificación del 50% en la cuota anual de 2016, por lo que pagarán sólo 25 euros.

   +INFO: http://www.aefp.org.es/NS/Asoc/asociarse.html.

AGRADECIMIENTOS EN ESTE 10º ANIVERSARIO

Queremos expresar, finalmente, nuestro agradecimiento por la labor realizada y su trabajo abnegado en pro de los archivos públicos y sus profesionales a lo largo de esta década:

• En primer lugar, a nuestros socios fundadores (Antonio González Quintana, Rosana de Andrés Díaz, Eduardo Gómez – Llera García – Nava, Ana Laviña Rodríguez y Ramón Romero Cabot).
• En segundo lugar, a los socios que previamente han ostentado la Presidencia de nuestra asociación (Antonio González Quintana y Rosana de Andrés Díaz) y a los diferentes miembros que han conformado nuestras diferentes Juntas Directivas.
• En tercer lugar, a todos los socios que han formado y forman parte de nuestra asociación: ellos son el corazón y el núcleo de la misma.

Por último, queremos animaRos a asociaros con nosotros, a conocernos más de cerca y a poder formar parte de AEFP: una asociación joven y dinámica donde tienen cabida todas las voluntades y personas que deseen luchar por unos mejores archivos públicos y por sus profesionales.

ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE AEFP

La Asamblea General Extraordinaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha elegido a los nuevos miembros de su Junta Directiva en las elecciones celebradas el pasado 15 de diciembre de 2015.

Junta Directiva

En el proceso electoral celebrado el pasado martes, 15 de diciembre de 2015, han resultado elegidos los siguientes socios como miembros titulares del órgano directivo de nuestra Asociación:

-D. Javier Díez Llamazares, PRESIDENTE.

-Dª Rebeca Sánchez Romero, VICEPRESIDENTA - TESORERA.

-Dª Elisa Avilés Betegón, SECRETARIA.

-Dª Rosana de Andrés Díaz, VOCAL.

-D. Juan Fernando Pérez Santana, VOCAL.

La nueva Junta Directiva (de izquierda a derecha: Rosana de Andrés, Juan Fernando Pérez, Javier Díez, Elisa Avilés y Rebeca Sánchez)

Desde la nueva Junta Directiva, queremos agradecer a los anteriores miembros de la misma su dedicación y trabajo en beneficio de nuestra Asociación y de la profesión a lo largo de los 3 últimos años.

Nuestros compañeros de la Junta Directiva saliente (de izquierda a derecha: Mª Teresa Piris, Teresa Flores, Beatriz Contreras, Rosana de Andrés y Alejandra Gil).

LA VÍA PENAL NO ES EL CAMINO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ACCESO EN LOS ARCHIVOS

Junta Directiva
El pasado 6 de junio se publicaba en la prensa local salmantina, y en algún otro medio de alcance regional, la noticia de la imputación del Director del Centro Documental de la Memoria Histórica, Manuel Melgar Camarzana, por el titular del Juzgado de Primera Instancia  nº 3 de la ciudad del Tormes. La imputación era consecuencia de la querella interpuesta contra Manuel por un investigador habitual del mencionado centro, conocido por sus reiteradas intervenciones denunciando las actuaciones llevadas a cabo por el  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el proceso de restitución de los documentos incautados en Cataluña durante y tras la Guerra Civil Española, al entender que con ellas se estaba vulnerando la propia ley de restitución. El delito denunciado es el de obstrucción en el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 542 del Código Penal), al no permitírsele al denunciante la consulta, en formato original, de cierto número de cajas afectadas por el proceso citado de restitución, al contener documentos cuyo traslado a Barcelona se realizaría próximamente.

Independientemente del juicio que nos merezca el asunto de los documentos incautados en la Guerra Civil y en concreto la regulación de la restitución de los incautados en Cataluña, hay algo que nos gustaría señalar como novedad muy a tener en cuenta en este caso: por primera vez, al menos que le conste a Archiveros Españoles en la Función Pública, una denegación de acceso a los documentos originales (se ofrecía la consulta en formato de copia digital, previa identificación de los documentos que se deseaban ver) se afronta por la vía penal, lo que supone un preocupante precedente para los profesionales que debemos atender las peticiones de acceso en primera línea.

Se dice que la imputación en una querella no es más que la vía para que el denunciado se pueda defender con todas las garantías. Pero, en este caso, dada la enorme carga política del tema de la restitución de documentos del archivo salmantino, el archivero, al ser el eslabón más débil del Ministerio en la ejecución de la política archivística del Gobierno, se convierte en el objetivo sobre el que centrar los ataques a esa política.  A este respecto, hemos de enfatizar que, con frecuencia, los archiveros nos sentimos como emparedados entre la presión política de las autoridades de las que dependemos y la presión de los usuarios y los medios de comunicación a quienes servimos y, en ese contexto, aunque tratamos siempre de mantener una posición profesional independiente, dependemos de superiores jerárquicos que también interpretan la legislación e imponen sus criterios en caso de discrepancia.

Por otra parte, en esta querella podría verse una especie de aviso para navegantes: ¡ojo, archiveros!, que si no me dejáis ver lo que yo quiero, se pueda o no legalmente, os denuncio por prevaricación y obstrucción. Y vista la facilidad con que se acepta la querella y se imputa al archivero, y sabiendo que en este momento, en España, imputado significa en el ámbito popular “corrupto”, a ninguno de nosotros nos gustaría aparecer en las páginas de un periódico como funcionario imputado por impedir el ejercicio de los derechos constitucionales.

La inexistencia de una vía ágil y rápida para reclamar ante denegaciones injustificadas de acceso a la información, ha sido una de las lagunas históricas en la regulación del derecho de acceso a la información y los documentos en España desde que se plasmara en la Constitución de 1978 el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos. Parece que, por fin, la Ley de Transparencia aprobada a finales del año 2013, cuyo título primero entrará en vigor en el ámbito de la Administración General del Estado a finales de 2014, así como las leyes autonómicas que van siguiéndola, ofrecen esa vía de reclamación ante un organismo específicamente creado para ese fin y que, en el caso del Estado, es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta vía de reclamación administrativa especial evitará que las denegaciones de acceso, comunicadas formalmente o presuntas, por silencio administrativo, tengan que llevarse a un contencioso - administrativo, que puede demorarse varios años y éste es, sin duda, uno de los principales avances que ofrece la ley en cuestión.

Sin esperar esos meses que faltan para la entrada en vigor del título de la ley en el que se incluye la regulación del acceso a la información pública, el demandante en esta querella que comentamos bien podía haber presentado recurso de alzada ante la autoridad ministerial de la que depende el Centro Documental de la Memoria Histórica, pero ha preferido la vía penal, quizá por su rapidez, aun sabiendo que en ella el juez no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, sobre la accesibilidad a los documentos denegados, que sólo se puede sustanciar en el marco del derecho administrativo.

El tema de los documentos de la Generalitat de Cataluña incautados durante la Guerra Civil por el ejército de Franco parece no tener fin. La sentencia del Tribunal Constitucional no ha hecho sino complicar las cosas aún más: el alto Tribunal dice que los documentos no reclamados o no devueltos a los particulares a quienes fueron incautados no dejan de pertenecer al Estado, pero no dice “y, por tanto, devuélvanse al Archivo General de la Guerra Civil”, como parecería lo apropiado en una sentencia que, como su nombre indica, zanja un pleito con una decisión. No, aquí una vez más, nos vemos obligados a interpretar, si bien se podría concluir que será la Administración General del Estado, si quiere recuperar esos documentos, quien deberá iniciar acciones legales con ese fin; a ver quién se atreve, en la coyuntura política actual, a plantear siquiera la posibilidad de tal demanda.

Esta inseguridad para un archivo, institución en la que la estabilidad y la vocación de perdurabilidad son características esenciales para fortalecer su papel, mina la credibilidad y el prestigio del centro y socava la confianza en él. En todo el embrollo suscitado con los mal llamados “papeles de Salamanca”, los únicos que han recibido los golpes de ambos lados han sido los archiveros.

Sabiendo pues que el contencioso de los documentos incautados en la Guerra Civil va para largo, nos queda al menos confiar en que la querella no prospere y que los contenciosos sobre accesibilidad se canalicen, ahora mejor con las leyes de transparencia, por la vía administrativa y, en su caso, en las salas de lo contencioso - administrativo.