EL GOBIERNO TRABAJA EN UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Hoy, 10 de diciembre, miembros de la Coalición Pro Acceso[1] se reunieron con autoridades del Ministerio de la Presidencia para intercambiar puntos de vista sobre una futura Ley de Acceso a la Información Pública.

Los miembros de la Coalición Pro Acceso insistieron que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental incardinado dentro de la libertad de información del apartado d), párrafo 1 del artículo 20 de la Constitución Española. Pues es así como se está caracterizando por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al igual que hizo la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales.

La reunión, intensa y de dos horas de duración, fue sumamente cordial, con un interesante intercambio de opiniones. Desde la Dirección General de Coordinación Jurídica consideran que el borrador que se está redactando cumplirá los 9 principios de la Coalición Pro Acceso.

Aún hay muchas cuestiones pendientes, como la configuración de la autoridad independiente, incluso con la posibilidad de combinar esa autoridad con el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos. Para la Coalición Pro Acceso lo importante es que esta entidad esté dotada con los recursos y poderes necesarios para proteger el derecho de acceso a la información. En otros países europeos, la combinación de protección de datos personales con la protección de acceso a la información funciona bien para asegurar un buen equilibrio entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información pública.

Ambas partes están de acuerdo en que las administraciones públicas deben de ofrecer información de forma activa, ponerla a disposición del público antes incluso de que se presenten solicitudes. Consideran que habrá que realizar un esfuerzo importante para adaptar las Administraciones Públicas a este derecho de acceso a la información pública.

“España es uno de los últimos países europeos en adoptar una ley de acceso a la información por lo cual tiene la oportunidad de adoptar una ley progresista que refleje los estándares más altos. Se trata de demostrar el liderazgo de nuestro país con este derecho que es tan importante en un estado democrático, participativo, y libre de corrupción”, comentó Helen Darbishire de Access Info Europe, uno de los miembros de la Coalición Pro Acceso.

La Coalición Pro Acceso considera muy positivo este primer intercambio de opiniones y confía que las reuniones seguirán en un futuro.

[1] Por parte de la Coalición Pro Acceso participaron: Helen Darbishire, Directora Ejecutiva, Access Info Europe; Manuel Sánchez de Diego, Profesor, Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid; Jesus Lizcano, Presidente, Transparencia Internacional España; Francisco Daunis, Asociación de la Prensa de Madrid; Ana Etchenique, Vicepresidenta, Confederación de Consumidores y Usuarios – CECU; Miguel Ángel García Garrido, Plataforma por la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid (COABDM); Rosana de Andrés Díaz, Presidenta, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP).
Por parte del Ministerio de la Presidencia participaron: Maria Ángeles Ahumado, Directora General de Coordinación Jurídica; Emilio Guichot, experto en Derecho Constitucional; y Juan José San Miguel, Gabinete de Comunicación.

Fuente: Coalición Pro Acceso (http://access-info.org/proacceso/actualidad) (NOTA DE PRENSA: 10/12/2009)

NUEVA CAMPAÑA DE LA COALICIÓN PRO ACCESO Y REUNIÓN CON EL GOBIERNO

Ante la inminente reunión de los miembros de la Coalición Pro Acceso con representantes del Ministerio de la Presidencia sobre la regulación del acceso a la información pública, la Coalición lanza una campaña a través de Internet.

Junta Directiva

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) quiere sumarse a la nueva campaña de la Coalición para lograr una regulación del acceso a los documentos públicos y oficiales en España en consonancia con los 9 principios, dentro de la cual la propia Coalición estrena un nuevo diseño de su sitio web.

La campaña se centra en la difusión a través de redes sociales, blogs y sitios web tanto mediante la difusión del formulario de adhesión a los 9 principios o la inserción de alguno de los siguientes banners (más información en Proacceso.org):

Banner horizontal 468x60 píxeles

Billete de metro (255x106 píxiles)

Bocadillo "quiero saber" (200x163 píxiles)

Por otro lado os queremos informar de la próxima reunión de la Coalición Pro Acceso de este 10 de diciembre con representantes del Gobierno (fuente: Coalición Pro Acceso):

El próximo jueves 10 de diciembre, precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, representantes de la Coalición Pro Acceso se reúnen con el Gobierno.

En la reunión propuesta sobre regulación del acceso a la información estará presente la Directora General de Coordinación Jurídica, que la convoca, y algunos de los expertos del Ministerio de la Presidencia directamente implicados en los trabajos de preparación del borrador.

Se trata de una reunión de contacto que tiene por objeto informar del estado de los trabajos de preparación de la ley y de las cuestiones actualmente bajo examen y para las que se recaba opinión.

El texto que se usará de referencia es el convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales de 18.VI.2009. Asimismo se tienen en cuenta la regulación y, muy particularmente, las experiencias de otros países europeos y americanos con leyes de acceso a la información.

LA COALICIÓN PRO ACCESO EXIGE UN DEBATE ABIERTO Y PARTICIPATIVO SOBRE LA NUEVA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA

El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber: La Coalición lanza una campaña de apoyo al derecho de acceso a la información pública en España.

25 de septiembre de 2009, Comunicado de Prensa. Coalición Pro Acceso

La Coalición Pro Acceso ha felicitado el Presidente Zapatero, en una carta enviada ayer, por sus recientes manifestaciones que desvelan que el Gobierno español está trabajando en la preparación de una Ley de acceso a la información pública y han exigido un proceso transparente y participativo en el desarrollo de la ley para asegurar la incorporación en la misma de los Nueve Principios sobre el derecho desarrollados hace tres años por la Coalición. Estos principios han sido definidos a partir del estudio del Derecho comparado y de la práctica en otros países.

En su carta al presidente del Gobierno, la Coalición subraya la urgencia de aprobar una ley sobre un derecho que ya se reconoce en las leyes nacionales de más de 80 países, entre ellos en 24 países de la Unión Europea, pero no en España. Se puede leer la carta aqui.

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Madrid, 24 de septiembre de 2009

A/A: D. José Luis Rodríguez Zapatero
CC: Dª. María Teresa Fernández de la Vega

Palacio de la Moncloa

28071 Madrid

Excmo. Sr. Presidente,
Los miembros de la Coalición Pro Acceso se congratulan de sus manifestaciones que desvelan que el Gobierno está trabajando en la preparación de una Ley de acceso a la información pública (discurso ante el Comité Federal de 19 de septiembre de 2009). Se trata de una aspiración social que ya figuraba en los programas electorales del PSOE del año 2004 y del 2008[1] y que usted personalmente apoyó en la ceremonia de clausura de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid el 7 de octubre de 2008.

Consideramos urgente la aprobación en España de una ley sobre el derecho de acceso a la información, que regule su pleno reconocimiento y ejercicio de acuerdo a los estándares adoptados internacionalmente. Esta ley debería acoger los Nueve Principios desarrollados hace tres años por la Coalición Pro Acceso, que le adjuntamos en esta carta. Estos principios han sido definidos a partir del estudio del derecho comparado y de la práctica en otros países. El Derecho de Acceso a la Información[2] se reconoce ya en las leyes nacionales de más de 80 países, entre ellos en 24 de los países de la Unión Europea.

Una ley de acceso a la información pública es una norma básica en cualquier democracia; y, por lo tanto, es imprescindible que su desarrollo se realice de manera transparente y participativa. Por eso, nos dirigimos a usted de nuevo para solicitarle información sobre el proyecto de Ley que estaría preparando, su estado, su contenido y las previsiones del trámite parlamentario. También sería de suma importancia para nosotros conocer qué Ministerio o Secretaría de Estado es el responsable del desarrollo de esta iniciativa legislativa, con el objetivo de poder mantener alguna reunión con las personas responsables para transmitirles nuestras sugerencias.

Le reiteramos nuestra disponibilidad como parte interesada en participar en el proceso legislativo, pudiendo aportar personas y organizaciones con conocimiento técnico y jurídico en el campo del Derecho de Acceso a la Información, visión de la sociedad civil, así como experiencia en procesos legislativos y normativos en el ámbito nacional e internacional.

Quedamos a la espera de la información que le solicitamos y a su disposición para cualquier aclaración que necesite.

Atentamente,

En nombre de la Coalición Pro Acceso formada por:
Access Info Europe

Amnistía Internacional
Asociación de Archiveros de Castilla y León
Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública
Asociación de la Prensa de Madrid
Asociación de Profesionales Especialistas en la Información – Asturias (APEI)
Asociación de Usuarios de la Comunicación
Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Comisión de Libertades Informáticas
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Coordinadora de ONG
Coordinadora Ecoloxista d´Asturies
Ecologistas en Acción
Economistas sin Fronteras
Fundación Ciencias de la Documentación
Fundación Cultura de la Paz
Fundación IPADE
Greenpeace España
Ingeniería sin Fronteras
Intermón Oxfam
Observatorio de la RSC
Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Reporteros Sin Fronteras
Sunaptein – Asociación para la Promoción de la Salud Mental
SEO – Birdlife
Transparencia Internacional (España)
WWF-Adena

Personas a título individual:
Manuel Sánchez de Diego- Departamento de Derecho Constitucional- Universidad Complutense de Madrid

Miguel A. Gallardo – CITA

Severiano Fernández Ramos – Profesor Derecho Administrativo – Universidad de Cádiz

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[1] PSOE Programa Electoral 2008, página 258: Fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía mediante la mejora de sus relaciones con las Administraciones Públicas: ”
(…) Impulsaremos una Ley sobre el derecho al libre acceso a la Información, que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales. (…) Crearemos una institución que garantice el derecho de acceso a la información pública de manera eficaz”.

[2] El acceso a la información es un derecho humano fundamental, reconocido por normas internacionales de derechos humanos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su art 19.2, que establece un derecho positivo a buscar y a recibir información.

Este derecho has sido confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo al interpretar el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en su reciente fallo del 14 abril 2009 reconoció que el derecho de libertad de expresión incluye expresamente el derecho de acceso a la información en las manos de entidades públicas. El tribunal afirma que el estado tiene la obligación de asegurar acceso a la información y que denegar acceso a la información en manos de entidades públicas es una violación del derecho de libertad de expresión. Este derecho es especialmente relevante cuando la información existe (y en consecuencia suministrarla no implica una obligación de recopilar la información por parte de la autoridad pública) y cuando no está disponible a través de otras fuentes públicas (Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary (no. 37374/05)

El artículo 10 del Convenio Europeo es el equivalente al artículo 20 de la Constitución Española consagrado al derecho fundamental de libertad de pensamiento y expresión. La Constitución Española también ampara el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos en su artículo 105.b.

La Corte Interamericana en su fallo en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, (resolución del 19 de septiembre 2006) estableció que, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

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“Esta ley es una aspiración social que ya figuraba en los programas electorales del PSOE del año 2004 y del 2008. Es una norma básica en cualquier democracia; y, por lo tanto, es imprescindible que su desarrollo se realice de manera abierta y en consulta con los expertos de la sociedad civil,” comentó Helen Darbishire, directora de Access Info y uno de los fundadores de la Coalición Pro Acceso.

Actividades de la Coalición para el día del Derecho a Saber:
*Lanzamiento de solicitudes al Gobierno
*Campaña de apoyo a los Nueve Principios de la Coalición Pro Acceso

Para apoyar a y participar en la Coalición, visita: www.proacceso.org
Para mayor información sobre el Día de Derecho a Saber ver: www.foiadvocates.net

APUNTES SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS: LA SITUACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

Elisa Avilés Betegón (*)
El día 21 de julio de 2009 ha sido destituida Natalie Roque, Directora hasta ese momento de la Hemeroteca Nacional de Honduras. Este grave y lamentable hecho se produce prácticamente un mes después del “golpe militar” que conllevó la expulsión del presidente legitimado por las urnas José Manuel Zelaya y la formación de un gobierno de facto de carácter dictatorial, presidido por Roberto Micheletti. Este cese se ha producido tras dos semanas de investigaciones encargadas por la Ministra de Cultura, Artes y Deportes de facto, Myrna Castro.

Natalie Roque Sandoval, desde su cargo de Directora de la Hemeroteca Nacional de Honduras, ha intentado combatir a los golpistas difundiendo noticias publicadas en su día en la prensa nacional así como los decretos aparecidos en el boletín oficial, ilustrando así a sus conciudadanos sobre el pasado de los protagonistas del golpe militar. Un simple repaso por aquellas noticias recopiladas venían a señalar entre otras cuestiones no menores las siguientes: la participación de Micheletti en 1985 en el intento de creación de una asamblea constituyente que permitiera la reelección del presidente Suazo Córdoba; el papel desempeñado por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la masacre del Río Sumpul en 1982; la existencia de una partida de lempiras (moneda hondureña) al cardenal Óscar Andrés Rodríguez por el entonces Presidente de la República Carlos R. Flores, acordada por decreto de 2002; y la implicación de Romeo Vásquez en una banda de ladrones de coches. Esta actitud activa de denuncia ha conllevado que fuera acusada ante el Ministerio Público por “emisión de pensamiento y difusión del material público”, según denuncia públicamente la propia Natalie Roque a fecha de 21 de julio de 2009. Se ha desatado así un proceso de persecución y difamación política y profesional que ha desembocado en su cese.

“El día de hoy en horas de la tarde y luego de dos semanas de pesquisas y denuncias en mi contra, al no poder justificar mi despido deshonroso, la Ministra de Facto Myrna Castro me ha enviado mi cancelación por cesantía.
Notificándome su mensaje: que mi presencia no sería soportada ni un minuto más, una comitiva de Personal, Bienes Nacionales y Jefatura de Seguridad me escoltaron (disculpándose, pues me conocen hace tres años) mientras recogía mis pertenencias y desalojaba mí hasta hoy centro laboral.
La Sra. Castro no pudo soportar que frente a frente le expresara mi repudio al golpe y el desconocimiento a su autoridad de facto, tampoco soportó que publicara el sucio pasado de sus ahora jefes, denunciándome inclusive ante el Ministerio Público por emisión de pensamiento y difusión de material público! No faltaba más!
Denuncio a la Sra. Castro por persecución ideológica, acoso y despido injustificado.
La denuncio también en nombre de la comunidad artística y cultural: nos sentimos profundamente ofendidos y preocupados por el nombramiento ilegal y encima de una persona tan poco calificada para el puesto.
Finalmente la denuncio en nombre de los niños, jóvenes y comunidades postergadas, a quienes quiere limitar el acceso a libros y bibliotecas, en nombre de los escritores a quienes piensa censurar.
Reitero mi repudio al golpe de Estado y mi desconocimiento a las autoridades de facto.
¡RESISTENCIA!

Natalie Roque Sandoval

21 de julio de 2009”.

El asunto no ha finalizado ahí. Un día después la misma Natalie Roque alertaba sobre la posible destrucción de periódicos y material hemerográfico en la Hemeroteca Nacional:

“Amig@s y Compañer@s: Es de tod@s conocida la ideologìa fascista de la Ministra de Facto Myrna Castro (la quema libros), en cuyas declaraciones ha planteado la posibilidad sustraer la bibliografìa ¨progresista¨ de las bibliotecas pùblicas del paìs.Asì mismo su intenciòn de convertir en una sede de reservistas del ejèrcito el Centro Documental de Investigaciones Històricas de Honduras, donde se resguardan los documentos del archivo naciònal, la biblioteca especializada en antropologìa e historia y el archivo etnohistòrico del IHAH.Mediante la presente levanto una ALERTA por una posible sustracciòn y/o destrucciòn de periòdicos y material hemerogràfico de la Hemeroteca Nacional que pueda poseer evidencia relacionada con el pasado de los golpistas. El dìa de ayer, la Sra. Castro al destituirme exigiò le entregase a sus delegados las llaves de la dependencia, temo por la seguridad del patrimonio hemerogràfico.Alerto a la comunidad hondureña e internacional! Alerto a l@s Colegas, Compañer@s y amig@s defensores del patrimonio!

ALERTA PUEBLO HONDUREÑO!

ALERTA!!

Natalie Roque

Ex-Directora Hemeroteca Nacional”

A escasos metros de la Hemeroteca Nacional en Tegucigalpa se encuentra la Antigua Casa Presidencial que alberga desde mayo de 2007 el Archivo Nacional de Honduras (ANH), junto al Archivo Etnohistórico de Honduras y a la Biblioteca del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Éste último ha cedido parte de sus instalaciones en dicho edificio para la ubicación del ANH. Desde el año 2006 ambos organismos, el IHAH y el ANH conforman el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH), creado bajo el auspicio del Secretario de Estado de Cultura, Artes y Deportes, Rodolfo Pastor Fascuelle. La Gerencia del IHAH, a fecha de 18 de julio y ante las constantes noticias que circulan por la red sobre la toma del edificio por parte de reservistas militares, se ha visto obligado a emitir una aclaración pública. En la misma se recuerda la pertenencia de la Antigua Casa Presidencial al Patrimonio Cultural de Honduras, y como tal la protección que le brinda la ley hondureña de protección del patrimonio, así como la Convención de La Haya de 1954 de Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Igualmente señala que, según establece la ley hondureña de protección del patrimonio, el IHAH es el custodio y administrador de los monumentos nacionales y, por tanto, también de la Antigua Casa Presidencial. De momento, con la resolución del Consejo Directivo del IHAH de no instalar ninguna oficina para reservistas, parece que se ha frenado dicha iniciativa de la Ministra de Cultura de facto.

Hemos optado por reproducir la aclaración pública del IHAH íntegramente, a pesar de su extensión, dada su relevancia para el futuro del Archivo Nacional de Honduras, ubicado en la mencionada Antigua Casa Presidencial.

ACLARACIÓN PÚBLICA
En la Ciudad de Tegucigalpa, Capital de Honduras, a los dieciocho días del mes de Julio del año dos mil nueve, la Gerencia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, (http://www.ihah.hn/) al Público en General ACLARA:
Ante la información que circula en el internet sobre la posible presencia de reservistas militares que ocuparán el edificio de la Antigua Casa Presidencial, ubicado en el Centro Histórico de Tegucigalpa, se informa lo siguiente:
PRIMERO: El Edificio de la Antigua Casa Presidencial, en donde se encuentra ubicado el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH)-(que alberga el Archivo Nacional de Honduras, el Archivo Etnohistórico de Honduras y la Biblioteca del Instituto Hondureño de Antropología e Historia), es Patrimonio Cultural de Honduras y se rige por la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. (Decreto 220-97).
SEGUNDO: Según la enunciada Ley, la autoridad que oficialmente es la encargada de custodiar y administrar el edificio de la Antigua Casa Presidencial, como todo Monumento Nacional, es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) a través de su Gerente y representante legal.
TERCERO: La Gerencia del IHAH no ha recibido comunicación oficial (por escrito) departe de ninguna autoridad del Estado con respecto al papel de este Monumento Nacional, u otro, en algún caso de emergencia o en estado de normalidad de la nación.
CUARTO: Aún en el caso de una situación de emergencia Nacional o Estado de Guerra decretado legalmente, este Monumento Nacional, o cualquier otro Monumento Nacional inventariado como Patrimonio Cultural de Honduras, está bajo la protección de la Convención de la Haya de 1954, “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”. Honduras forma parte de esta Convención.
Merece, en este marco, destacar 3 Artículos de dicha Convención:
Artículo 1) En el que se establece la definición de Patrimonio Cultural y Bienes de Patrimonio Cultural que son protegidos por esta Convención.
Artículo 4) Que trata del respeto que se debe de tener a los bienes culturales en caso de conflicto armado y que literalmente expresa:
“Las altas partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como el de las otras altas partes Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción, o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad en caso de conflicto armado.
Artículo 8) inciso b, entre otros.

En los últimos años el Ministerio de Cultura hondureño había realizado importantes esfuerzos por mejorar la situación de su patrimonio cultural, esfuerzos canalizados a través de la creación del citado Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras. Por lo que respecta a los archivos públicos, se habían tomado una serie de medidas que merece la pena resaltar, entre ellas, la dotación de un nuevo equipo informático, que sustituía a los antiguos ordenadores del ANH, sin renovar desde la década de los ochenta del siglo pasado. Este proyecto que se enmarcaba dentro de una política general de facilitar el acceso al ciudadano mediante la digitalización de fondos documentales, hemerográficos, etc. A ello hemos de añadir, como ya se mencionó previamente, el traslado del Archivo Nacional en 2007 a la Antigua Casa Presidencial, que si bien se encuentra peligrosamente ubicada en la orilla del río Choluteca, cuyas terrazas inferiores se vieron afectadas por el huracán Mitch en 1998, parece reúne unas condiciones más favorables que el edificio anterior. Por último, cabe mencionar los proyectos de cooperación internacional realizados con España: en el seno de las Escuelas de Archivos para Iberoamérica, a las que han asistido Olga Maldonado y Melida Velasques, antiguas archiveras del ANH, Dilcia Valle, de los Archivos Judiciales o la propia Natalie Roque; los cursos de la AECID; el proyecto de cooperación llevado a cabo en 2008 por el Instituto Valenciano de Restauración; las asistencias técnicas realizadas por personal del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial en el sistema de archivos judiciales hondureño o la realización por parte de archiveros del Ministerio de Cultura de una asistencia técnica de una semana en el Archivo Nacional de Honduras en diciembre de 2008, en la que participé.

Concluimos. Visto lo anterior, sin entrar en más consideraciones de índole política y desde una perspectiva profesional, todo parece conducir a que la gestión realizada en los últimos años por los hasta ahora Secretario de Estado de Cultura, Artes y Deportes, Rodolfo Pastor Fascuelle, y Directora General del Libro y el Documento, Rebeca Becerra, ahora abruptamente interrumpida, pudiera caer en el más absoluto de los olvidos.

(*) Archivera del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP): MENSAJES DE LOS PRESIDENTES SALIENTE Y ENTRANTE

MENSAJE DE ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA, PRESIDENTE SALIENTE DE ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP)

Madrid, 20 de junio de 2009.

El pasado 17 de mayo se han cumplido tres años de la fundación de nuestra asociación. Aquel día, una comisión gestora surgida del grupo fundador convocaba, para el día 6 de julio de 2006, la Asamblea General de socios de la que saldría la primera Junta Directiva. Sobre mí recayó la responsabilidad de la Presidencia de esa primera Junta, para los siguientes tres años, de acuerdo con nuestros Estatutos. Ese primer trienio de vida de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) llegaba a su fin ahora y procedía renovar los cargos. Así, se ha hecho en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado sábado 20 de junio.

Personalmente, he afrontado este relevo como un paso trascendental para la consolidación de la asociación, algo así como una prueba del nueve de credibilidad y viabilidad de la misma.

En estos años, aunque nuestro colectivo ha crecido lentamente, su presencia en el debate público sobre los archivos ha sido constante y su implicación en los retos fundamentales de la profesión ha sido patente, tanto en la participación en las distintas plataformas interprofesionales como en la promoción de jornadas o seminarios dedicados a los temas que consideramos claves. En paralelo, la labor desarrollada por nuestros grupos de trabajo, realizada muy discretamente, va a darnos pronto frutos tangibles, en forma de publicaciones, en temas vitales para los archivos públicos como la evaluación de la externalización de servicios profesionales en archivos o el diseño del perfil profesional de los archiveros y, asociada al mismo, la definición de contenidos de los temarios básicos de oposiciones en los procesos selectivos de archiveros de las administraciones públicas. Internamente, la consolidación institucional de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha sido total en cuanto a su régimen jurídico y a su funcionamiento de acuerdo con al Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Obviamente, estos aparentemente humildes logros han requerido de mucho trabajo, el trabajo colectivo de una Junta Directiva en la que todos sus componentes han tenido una entrega absoluta y de la que no puedo sentirme más orgulloso: Javier Díez Llamazares en la Secretaría, auténtico motor y alma de la Asociación, y nuestro representante en la Coalición Pro – Acceso; María Teresa Piris Peña, en la Tesorería, en la que los milagros no han cesado de repetirse (no hemos dejado de realizar ninguna actividad por falta de medios), y en tantos otros frentes; Fuensanta Muñoz Fernández, en la coordinación de los grupos de trabajo, en la atención de las consultas llegadas a la web y en su relación con los asociados en general; Eduardo Marchena, durante el tiempo que estuvo con nosotros, y aún después, por su impagable trabajo en nuestro sitio web, auténtico escaparate de la asociación; y, por último, Eduardo Gómez – Llera, el último en incorporarse, apoyando todos los trabajos y aportando siempre su valiosa experiencia y sus conocimientos jurídicos.

Conscientes de nuestras limitaciones, hemos tratado de unir nuestras fuerzas a otros compañeros o a otros profesionales para presionar en la consecución de objetivos comunes. Así, creamos la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, sobre la base de nuestro Manifiesto fundacional, a la que invitamos a incorporarse a todas las asociaciones y personas que compartieran nuestras demandas. Al mismo tiempo nos integramos en la Coalición Pro – Acceso embarcándonos en el principal grupo de presión de la sociedad civil en demanda de una Ley de Libertad de Información y de Acceso a los Documentos Oficiales.

Siempre hemos querido hacer nuestra labor con la máxima transparencia, abriendo nuestras asambleas a todo el que quisiera acudir a ellas y ofreciendo nuestros documentos y convocatorias no sólo en nuestra web, sino también en un blog, pionero por cierto en nuestras asociaciones españolas de archiveros. El blog siempre ha recibido los comentarios con satisfacción por lo que suponían de confirmación de que nuestros proyectos e iniciativas eran seguidos. Sin embargo, somos conscientes de que más de uno de estos seguidores, amparado en el anonimato, ha intentado utilizar nuestra herramienta para atacarnos. No nos ha hecho cambiar de criterio: seguiremos con el blog abierto a todo comentario y procuraremos contestar con argumentos a las críticas.

Sí que hemos de reconocer que, en este afán de aunar esfuerzos en defensa de archivos y archiveros, no hemos conseguido todos los objetivos propuestos. Así, aunque desde nuestra constitución intentamos dejar claro que no nacíamos contra ninguna asociación, sino que buscábamos cubrir una parte del espacio asociativo que estaba yerma, la realidad es que por algunos de nuestros colegas no siempre fuimos recibidos con agrado. Afortunadamente, hemos observado también respeto y aceptación en otros; de esta manera, hemos podido establecer una línea cordial de trabajo y colaboración con algunas asociaciones como la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), donde siempre hemos encontrado compañeros y colegas receptivos y abiertos a debatir propuestas profesionales.

Recordemos que nuestra aparición en el mundo asociativo en algún caso fue calificada como plataforma personal de Antonio González Quintana y de otros “agraviados” para hacer oposición al Ministerio de Cultura. Y aquí sí que hemos encontrado un muro infranqueable, el muro del recelo que percibimos entre los seguidores acríticos de las siglas de los partidos o entre los funcionarios agradecidos por los favores recibidos -o los que pretenden alcanzarlos-. Sin la superación de esa dependencia en el actuar, cualquier acercamiento a esos colectivos será difícil para nosotros; debemos resignarnos, sobre todo, cuando de criticar a sus pagadores o favorecedores se trate. Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) no va entrar en el terreno del seguidismo político, aunque tengamos que quedarnos solos o aunque tengamos que seguir sufriendo represalias (serán menores en la medida en que seamos capaces de denunciarlas y enfrentarlas unidos). A lo que no nos resignaremos es a tener que guardar silencio cuando algo nos parezca criticable, del mismo modo que estaremos encantados de apoyar las políticas archivísticas o las actuaciones que consideremos correctas para los intereses de archivos, archiveros y usuarios. A lo que no estamos dispuestos a renunciar es a la libertad de expresión y a ejercer nuestra libertad de asociación sin ser discriminados por ello.

Nuestra asociación optó desde el comienzo de su andadura por no acudir a la convocatoria de subvenciones públicas de ningún tipo y por financiar sus actividades con sus exclusivos medios. No porque no ambicionemos una mayor capacidad financiera para desarrollar ambiciosos proyectos, sino porque somos conscientes de que el papel de los archivos públicos en la transparencia administrativa o en la defensa de los derechos ciudadanos no encuentra, salvo en casos excepcionales, el apoyo entusiasta de los gobernantes. De ahí que tengamos que ser independientes de ellos, para buscar, con la sociedad civil, el objetivo común de que los archivos sean ese instrumento participativo que las sociedades democráticas demandan. Si hacemos extensiva esa utilización a los documentos electrónicos, al control, custodia y disponibilidad de los mismos, esa necesidad queda aún mucho más clara. En suma, queremos vivir alejados de lo que podríamos llamar asociacionismo de pesebre, ese que vive por y para el poder: vive por sus subvenciones y vive para dar palmas cuando los políticos que lo pagan son llamados a escena.

La elección de la nueva Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), presidida a partir de este sábado 20 de junio por Rosana de Andrés Díaz, es el colofón de una primera etapa difícil pero prometedora. Conociendo a los miembros de la nueva Junta Directiva estoy convencido, tanto por su capacidad intelectual y su experiencia profesional como por su calidad humana, de que la asociación va a crecer y a madurar en los próximos meses. Las ideas que los nuevos responsables han presentado en la Asamblea, en su programa de trabajo para los próximos tres años, son brillantes y cautivadoras y han recibido el apoyo unánime de todos los socios.

Desde estas líneas de recapitulación, sólo me queda desear los mayores éxitos a la nueva Junta Directiva y a su presidenta, agradecer a todos los socios el apoyo y el cariño que me han manifestado a lo largo de todo este tiempo y manifestarles que a partir de este momento, ya como simple socio de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), me tienen a su completa disposición para ayudarles en cualquier iniciativa que desarrollen.

Antonio González Quintana

Ex-Presidente y socio de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

MENSAJE DE ROSANA DE ANDRÉS DÍAZ, NUEVA PRESIDENTA DE ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP)

Madrid, 20 de junio de 2009.

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Presidente y a la Junta Directiva saliente, que han liderado nuestros proyectos e inquietudes con tanto entusiasmo y dedicación. Podemos decir que ha cristalizado un proyecto que, aunque concebido hace casi dos décadas, iniciaba su andadura hace tres años. Han sido tres años muy fructíferos, de trabajo en equipo, en los que se ha demostrado que no estábamos equivocados en nuestros objetivos y que, indudablemente, tenemos un terreno de actuación enorme. Desde el mismo momento de su nacimiento, nuestra asociación ya constituyó un éxito solamente por su razón de ser. Pretendemos llenar un vacío en el que hay mucho por hacer.

La nueva etapa que iniciamos es en realidad una continuación en las líneas de trabajo emprendidas y desarrolladas hasta ahora. Queremos consolidar los proyectos en marcha y abordar otros nuevos. Pretendemos actuar con la misma impronta de transparencia en nuestras actuaciones con la que ha actuado la anterior Junta Directiva y también con la misma paciencia al explicar las razones estrictamente profesionales de nuestras posiciones a aquellos que no las han comprendido o las consideran influidas por coyunturas circunstanciales. El paso del tiempo pone siempre las cosas en su sitio. Por eso, nosotros seguimos como desde un principio a lo nuestro: los archivos públicos y los archiveros de la Función Pública.

En cuanto a los nuevos proyectos que deseamos abordar, tienen un denominador común: nuestra máxima es llegar a la Administración y a los funcionarios, a los funcionarios de todos los niveles, directivos y de a pie, para que nadie pueda decir “no sé qué hacen los archiveros”, “no sé cómo solucionar el problema del archivo”, “esto no me concierne”, “no sé a quién dirigirme”, etc.

Conocemos a los funcionarios, tenemos experiencia en el contacto con ellos, sabemos cómo dialogar con ellos porque sabemos cuáles son los condicionantes en los que se mueven. Hay que sensibilizarlos sobre los archivos para que adquieran buenos reflejos al respecto.

En este sentido, creo que debemos encontrar las vías para comunicarles criterios y razones que superen la percepción habitual de las Administraciones Públicas sobre qué somos y qué papel podemos desempeñar, por ejemplo, en la implantación de la Administración electrónica. Hemos comenzado los trabajos de elaboración de un informe sobre el papel de los archiveros en la Administración electrónica. En aras de la transparencia, eficacia y calidad de los servicios públicos, y de la garantía adecuada de los derechos y deberes de la Administración y de los ciudadanos, es necesario reconducir y plantear en sus justos términos el papel de los archivos y los archiveros en las políticas públicas de información y, dentro de ellas, en los sistemas de gestión de documentos de archivo. Este informe trata de centrar la necesidad de incluir la información archivística en los sistemas de información pública (objetivo, definiciones, análisis de la situación actual, competencias profesionales de los archiveros, propuestas de solución, plan de actuaciones prioritarias, etc.).

Como hemos dicho anteriormente, junto con la continuidad de las líneas puestas en marcha por la anterior Junta Directiva, nos proponemos estudiar y comenzar el debate sobre los siguientes puntos:
-El planteamiento de una oferta formativa y de sensibilización sobre la importancia de los archivos públicos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
-El desarrollo de contactos con los Departamentos de Historia Contemporánea de las universidades para que conozcan los archivos y los fondos documentales que albergan.

Por todo eso, nos dirigimos a todos nuestros socios y proponemos que con vuestras aportaciones, opiniones y sugerencias vayamos redondeando el proyecto y los diferentes elementos que lo componen. Como Presidenta, agradezco de antemano vuestro apoyo.

A todos aquellos que trabajan en los archivos públicos, les invitamos a conocernos y, sobre todo, a que piensen que resulta muy poco útil lamentarse de la situación y no unir sus esfuerzos para solucionarla. Conviene no recrearse en el pesimismo que reflejaban aquellos versos de Góngora: “... oscuro todo, el designio, la fabrica y el modo...”. Podemos hacer mucho y haremos más si aunamos fuerzas.
De nuevo, y por último, reiteramos nuestro agradecimiento a Antonio González Quintana, con el que seguimos trabajando codo con codo, y hago mías sus palabras de agradecimiento a los que han colaborado con él en la anterior Junta Directiva.

Rosana de Andrés Díaz

Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE AEFP

La Asamblea General Extraordinaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha elegido a los nuevos miembros de su Junta Directiva en las elecciones celebradas el pasado 20 de junio de 2009.

Junta Directiva
En el proceso electoral celebrado el pasado sábado, 20 de junio de 2009, han resultado elegidos los siguientes socios como miembros titulares del órgano directivo de nuestra Asociación:
-Dª Rosana de Andrés Díaz, PRESIDENTA.
-Dª María Teresa Piris Peña, VICEPRESIDENTA - TESORERA.
-Dª Alejandra Gil de Gandarillas, SECRETARIA.
-D. Javier Díez Llamazares, VOCAL.
-Dª Ana Laviña Rodríguez, VOCAL.

Para más información, podéis acudir a nuestro sitio web.

LA RESPUESTA DEL TERROR A LA APERTURA A LA CONSULTA DEL ARCHIVO DE LA POLICÍA NACIONAL DE GUATEMALA

Antonio González Quintana

El pasado 24 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Guatemala la presentacióndel informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala "El derecho a Saber", sobre los datos proporcionados por el Archivo de la Policía Nacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante los años del denominado *Conflicto Armado Interno*. El mismo día de la presentación del informe se abrieron a la consulta pública los fondos digitalizados del archivo, mediante el SEREVIDH (Servicio de Referencias sobre Violaciones de Derechos Humanos), de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, y pocos días antes se publicaba el reglamento que regula el acceso a este servicio. El SEREVIDH cuenta con las bases de datos y los instrumentos de descripción elaborados por el Proyecto de Recuperación del Archivo de la Policía Nacional y con las imágenes digitalizadas en el marco del mismo, correspondientes en su mayor parte a los años que van de 1975 a 1985, que en la actualidad suponen casi el 10% del volumen de documentos del archivo y un volumen absoluto de unas 7.500.000 imágenes. El día de la presentación del informe fue el caos en ciudad de Guatemala. Hubo asesinatos de conductores de autobuses y de civiles viajando en ellos, además de otros múltiples ataques a medios de transporte sin resultado de muertes, que bloquearon la ciudad de Guatemala y sembraron la confusión. Corrieron todo tipo de rumores. Finalmente, el presidente Colom hizo una comparecencia pública alertando sobre una escalada de violencia planificada y orientada a crear un clima de desorden y pánico. Ninguno de los que acudimos al acto de la mencionada presentación pudo evitar pensar que todo aquello tenía relación con la presentación del informe y la apertura del archivo. El acto en sí estuvo cargado de emoción y se vivió con enorme expectación de público y medios. Estuvieron presentes todos los poderes del Estado a través de sus máximos representantes (excepto el ejecutivo, que envío al Vicepresidente en sustitución del Presidente, que al final no pudo acudir por su conferencia de prensa relacionada con los acontecimientos violentos reseñados). Al día siguiente, nos despertábamos con la noticia del secuestro de la esposa del Procurador de los Derechos Humanos. Afortunadamente, fue liberada tras doce horas de cautiverio en las que fue sometida a torturas, vejacionesy malos tratos, hasta dejarla abandonada en la calle. Los monstruos andan sueltos. Como sucedío en Argentina con la desaparición de Julio López -testigo en el primer juicio contra los torturadores de la dictadura una vez anuladas las leyes de punto final y obediencia debida- estas son las típicas respuestas de los matones que los criminales usan para amedrentar a la sociedad y pretender seguir viviendo en la más absoluta impunidad. Confiemos en que no lo consigan. Dar a conocer en nuestros países lo que está pasando en Guatemala, divulgarlo cuanto sea posible, puede ayudar a quienes allá se afanan por conocer la verdad y exigir justicia. Tenemos que seguir apoyando el proyecto de Recuperación del Archivo de la Policía Nacional, defendiendo, como archiveros, lo que nos parezca más adecuado para el mismo. Eso sí, sin perder de vista que quienes tienen que lidiar todos los días con las fieras son los guatemaltecos; y esta visto que se juegan mucho.

DOCUMENTACIÓN Y RESUMEN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS I JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

Ponemos a disposición de todos nuestros colegas, a través de nuestro sitio web, las presentaciones y ponencia cedidas por los ponentes que participaron en las I Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas los pasados días 25 y 26 de febrero de 2009, asi como el audio de las mismas en formato MP3.

Junta Directiva
Los pasados días 25 y 26 de febrero de 2009 han tenido lugar las I Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales organizadas por Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), en colaboración con la Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC), la Cátedra Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid y la Embajada de los Estados de Unidos de América en Madrid.

El 25 de febrero, primer día de las jornadas, celebramos el comienzo de las jornadas con un breve acto de inauguración en el que estuvieron presentes: Antonio González Quintana, Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP); Severiano Hernández Vicente, Subdirector General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura; Luis Enrique Otero Carvajal, Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid; y Julio Aróstegui Sánchez, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Además, contamos con la presencia de Mercedes Molina Ibáñez, Decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Durante este mismo acto, Severiano Hernández Vicente nos adelantó algunas de las pautas que el Ministerio de Cultura pretende seguir en la elaboración del futuro proyecto de ley de archivos. Este mismo día pudimos escuchar las intervenciones de Severiano Fernández Ramos, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, y Eva Moraga Guerrero, Abogada y Directora de Proyectos de Access Info Europe, que nos proporcionaron una visión general de la situación española y a nivel europeo en lo que respecta a la necesidad e importancia de una ley que regule el acceso a los documentos y a la información en España.

El 26 de febrero pudimos, segundo y último día, pudimos escuchar a Emilene Martínez Morales, Transparency Programas Coordinator de The National Security Archive (EE.UU.), que nos mostró numerosos ejemplos de como se articula el acceso en los Estados Unidos de América a la luz de la aplicación de la Freedom of Information Act (FoIA).
A continuación, pudimos escuchar las intervenciones de Rosana de Andrés Díaz, Jefa de Área de Coordinación de Archivos y Gestión Documental del Ministerio del Interior, y Eduardo Gómez-Llera García-Nava, Director del Archivo Histórico Provincial de Segovia, que nos presentaron algunas de las dificultades y retos a los que se enfrentan los archiveros de las administraciones públicas a la hora de aplicar el derecho de acceso a los documentos públicos y oficiales. Finalmente, Antonio González Quintana, Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), realizó una intervención en el que resaltó el panorama de los archivos militares en relación con la regulación del secreto oficial y los problemas de acceso físico a algunos archivos concretos, como los judiciales militares.

NOTA: Las presentaciones, ponencia y audios MP3 (os advertimos que los audios están alojados en un servidor externo de descarga indirecta) de estas jornadas están disponibles en nuestro sitio web, dentro del apartado del programa de las jornadas, a disposición de todos los internautas. Todavía no se encuentran todos disponibles, cuando así lo estén os lo anunciaremos a través de la lista de distribución ARXIFORUM.

SOLIDARIDAD CON COLONIA

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) quiere hacer pública esta nota de prensa, mostrando su condolencia con sus colegas archiveros alemanes y con la propia ciudad de Colonia por la catástrofe ocurrida en el Archivo Histórico de esta ciudad.

Junta Directiva

Madrid. 6 de marzo de 2008.

La Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) desea mostrar su condolencia a la ciudad de Colonia y muy en particular a los archiveros y trabajadores del Archivo Histórico de la Ciudad por el hundimiento de su edificio. Compartimos igualmente la preocupación por el destino de las personas dadas por desaparecidas en tan trágico suceso y deseamos fervientemente que sean localizadas con prontitud, con nuestro deseo de que no se lleguen a confirmar daños personales de importancia.

En el orden material, y al margen del recordatorio que este episodio nos ofrece sobre la importancia de las políticas preventivas y la necesidad de planes de prevención de catástrofes en las instituciones archivísticas, queremos ofrecer nuestro modesto apoyo a las labores de recuperación de documentos que el gobierno municipal y la comunidad archivística alemana afronten en los próximos días, cuando sea posible hacer un balance detallado de las pérdidas y una vez hayan sido valoradas las posibilidades de recuperación de los documentos afectados por la catástrofe.

La Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Descargar nota de prensa

CELEBRACIÓN DEL II CONGRESO MUNDIAL SOBRE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Este II Congreso Mundial, bajo el título "Aspectos tecnológicos", tendrá lugar del 13 al 15 de mayo de 2009 en Santo Domingo y en su organización colaboran importantes archiveros e instituciones archivísticas iberoamericanas.

Para más información, podéis acudir al sitio web de la Fundación Ciencias de la Documentación.

Fuente: Fundación Ciencias de la Documentación

CELEBRACIÓN DE LAS I JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

Bajo el título "Los límites del secreto oficial", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza estas jornadas técnicas que tendrán lugar los próximos días 25 y 26 de febrero de 2009.

Junta Directiva
Nos proponemos suscitar en estas I Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales las siguientes preguntas: ¿cuáles deben ser los límites del secreto oficial?, ¿en qué situación se encuentra la legislación española con respecto al derecho de acceso y en comparación con la de otros países? o ¿qué supone para la gestión de los archivos y para sus profesionales el derecho de acceso? En definitiva, nos planteamos el acceso a los documentos de los poderes públicos como un derecho de los ciudadanos.

• Fechas de celebración: 25 y 26 de febrero de 2009.
• Lugar de celebración: Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Edificio B. C/Profesor Aranguren, s/n - Ciudad Universitaria (Madrid).
• Accesos: Metro (Línea 6 - Ciudad Universitaria) y Autobuses urbanos de la EMT (Líneas F y G).
• Características: Jornadas de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Se expedirá diploma/certificado de asistencia previa inscripción (nº máximo de plazas: 75). Para realizar la misma, se deberá rellenar el boletín electrónico de inscripción (http://www.aefp.org.es/NS/Servicios/Alta_JC_g.html).
• Horario: De 17 a 20 horas.

Para más información, podéis acudir a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de estas jornadas.

NUEVA DIRECCIÓN POSTAL DE AEFP Y LA PLATAFORMA

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) y la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos cuentan con una nueva dirección postal.

Junta Directiva
Os comunicamos que desde hoy, 5 de enero de 2009, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) y la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos cuentan con una nueva dirección postal en la que vamos a centralizar todo el correo ordinario dirigido a las mismas. Si deséais comunicaros con nosotros o con la Plataforma debéis escribir a:

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)
Apartado de Correos nº 54
28080 - Madrid (MADRID)

Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos
Apartado de Correos nº 54
28080 - Madrid (MADRID)