Junta Directiva
Madrid, 19 de septiembre de 2006
Estimados colegas:
El pasado 25 de junio se constituyó la Asociación “Archiveros Españoles en la Función Publica” (AEFP). Esta nueva asociación profesional nace con el fin de aglutinar a los funcionarios de todas las categorías y cuerpos especializados en archivos que trabajamos para las distintas administraciones u organismos públicos y que compartimos la defensa de los archivos como servicios esenciales para la ciudadanía.
Lo que nos ha impulsado a crear esta asociación, que no trata de competir con las ya existentes asociaciones de archiveros, a las que individualmente pertenecemos muchos de los integrantes de AEFP, y a las que saludamos fraternalmente, es la necesidad, desde nuestro punto de vista, de iniciar una batalla en defensa de los archivos públicos en la que los archiveros de todas las administraciones y de todas las comunidades tengan una voz común en la exigencia de responsabilidades en la conservación y disponibilidad de los documentos de los organismos públicos, de modo que se garanticen la transparencia administrativa y el ejercicio de los derechos ciudadanos y se contribuya al conocimiento de la verdad sobre nuestro pasado reciente.
En primer lugar nos preocupa la tendencia, cada vez más extendida, a que los organismos públicos se desentiendan de sus documentos y contraten su gestión por empresas privadas; lo que hace cada día más difícil la exigencia de responsabilidades en las labores de guarda, custodia y disponibilidad de los documentos. La llamada externalización de servicios archivísticos impide, asimismo, garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la documentación de los organismos públicos o, en otro caso, garantizar la privacidad de los datos en ellos contenidos, como vemos ha sucedido con los documentos de la sanidad pública gestionados por algunas de esas empresas, sin garantía alguna de confidencialidad o respeto a la intimidad.
En segundo lugar, estamos muy preocupados por el discurso que se está dando en algunas políticas públicas en relación con el tema de la recuperación de la memoria histórica. Pues, si bien apoyamos toda iniciativa que trate de hacer una realidad el derecho a conocer la verdad y de responder al deber de recordar las atrocidades cometidas en el pasado, criticamos con firmeza cuanto pueda poner en entredicho el carácter y la función que los archivos han de desempeñar en esa labor, como herramientas insustituibles que son de testimonio de nuestro pasado.
Nuevas instituciones como los centros documentales de la memoria no deben llevarnos a pensar que desde los archivos ya no se puede hacer un trabajo de recuperación de la memoria y que son necesarias otras formas de afrontar esto de modo más dinámico o más "moderno" en las que los fondos de los archivos se podrían diluir. Al respecto conviene recalcar el carácter diferencial del documento de archivo en relación con bibliotecas o centros de documentación, y en el valor añadido que supone la preservación de su contextualidad. Además, algunas iniciativas de gran impacto mediático pueden desviar la atención sobre la situación de abandono extremo de importantísimos archivos: los de los tribunales militares sobre todo, absolutamente claves para conocer la represión franquista; o sobre la pérdida de algunos otros de los que no tenemos noticias desde el comienzo de la Transición, como el del Servicio Central de Documentación (SECED), de la Presidencia del Gobierno, fundamental para conocer la actuación de los servicios de información a partir del los años sesenta; o sobre la falta de iniciativas en cuanto a la, a nuestro entender, inaplazable desclasificación de los fondos de inteligencia militar conservados en los archivos militares.
En nuestra opinión, sólo una política archivística que asegure las infraestructuras y los medios humanos necesarios para un tratamiento adecuado de los documentos de las administraciones y organismos públicos junto con una labor profesional de los archiveros, independiente de presiones políticas y basada en un fuerte compromiso ético con la sociedad para la que trabajan, nos permitirá, a todos los ciudadanos, el acceso al conocimiento de los testimonios del pasado que conservan los archivos y el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos que los archivos sustentan en nuestra convivencia diaria.
Así, hemos elaborado el “Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos”, que se puede consultar en nuestro sitio web http://www.aefp.org.es/FR_mani.html o en nuestro blog http://archiverosefp.blogspot.com/, al final del cual proponemos la creación de una Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, que fortalezca la base social de esta batalla que, si bien la iniciamos los archiveros, afecta a otos múltiples colectivos.
A tales efectos, proponemos la discusión del manifiesto elaborado por nosotros a todos los interesados en la creación de la plataforma y sobre las ideas anteriormente expuestas.
Antonio González Quintana
Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)
Estimados colegas:
El pasado 25 de junio se constituyó la Asociación “Archiveros Españoles en la Función Publica” (AEFP). Esta nueva asociación profesional nace con el fin de aglutinar a los funcionarios de todas las categorías y cuerpos especializados en archivos que trabajamos para las distintas administraciones u organismos públicos y que compartimos la defensa de los archivos como servicios esenciales para la ciudadanía.
Lo que nos ha impulsado a crear esta asociación, que no trata de competir con las ya existentes asociaciones de archiveros, a las que individualmente pertenecemos muchos de los integrantes de AEFP, y a las que saludamos fraternalmente, es la necesidad, desde nuestro punto de vista, de iniciar una batalla en defensa de los archivos públicos en la que los archiveros de todas las administraciones y de todas las comunidades tengan una voz común en la exigencia de responsabilidades en la conservación y disponibilidad de los documentos de los organismos públicos, de modo que se garanticen la transparencia administrativa y el ejercicio de los derechos ciudadanos y se contribuya al conocimiento de la verdad sobre nuestro pasado reciente.
En primer lugar nos preocupa la tendencia, cada vez más extendida, a que los organismos públicos se desentiendan de sus documentos y contraten su gestión por empresas privadas; lo que hace cada día más difícil la exigencia de responsabilidades en las labores de guarda, custodia y disponibilidad de los documentos. La llamada externalización de servicios archivísticos impide, asimismo, garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la documentación de los organismos públicos o, en otro caso, garantizar la privacidad de los datos en ellos contenidos, como vemos ha sucedido con los documentos de la sanidad pública gestionados por algunas de esas empresas, sin garantía alguna de confidencialidad o respeto a la intimidad.
En segundo lugar, estamos muy preocupados por el discurso que se está dando en algunas políticas públicas en relación con el tema de la recuperación de la memoria histórica. Pues, si bien apoyamos toda iniciativa que trate de hacer una realidad el derecho a conocer la verdad y de responder al deber de recordar las atrocidades cometidas en el pasado, criticamos con firmeza cuanto pueda poner en entredicho el carácter y la función que los archivos han de desempeñar en esa labor, como herramientas insustituibles que son de testimonio de nuestro pasado.
Nuevas instituciones como los centros documentales de la memoria no deben llevarnos a pensar que desde los archivos ya no se puede hacer un trabajo de recuperación de la memoria y que son necesarias otras formas de afrontar esto de modo más dinámico o más "moderno" en las que los fondos de los archivos se podrían diluir. Al respecto conviene recalcar el carácter diferencial del documento de archivo en relación con bibliotecas o centros de documentación, y en el valor añadido que supone la preservación de su contextualidad. Además, algunas iniciativas de gran impacto mediático pueden desviar la atención sobre la situación de abandono extremo de importantísimos archivos: los de los tribunales militares sobre todo, absolutamente claves para conocer la represión franquista; o sobre la pérdida de algunos otros de los que no tenemos noticias desde el comienzo de la Transición, como el del Servicio Central de Documentación (SECED), de la Presidencia del Gobierno, fundamental para conocer la actuación de los servicios de información a partir del los años sesenta; o sobre la falta de iniciativas en cuanto a la, a nuestro entender, inaplazable desclasificación de los fondos de inteligencia militar conservados en los archivos militares.
En nuestra opinión, sólo una política archivística que asegure las infraestructuras y los medios humanos necesarios para un tratamiento adecuado de los documentos de las administraciones y organismos públicos junto con una labor profesional de los archiveros, independiente de presiones políticas y basada en un fuerte compromiso ético con la sociedad para la que trabajan, nos permitirá, a todos los ciudadanos, el acceso al conocimiento de los testimonios del pasado que conservan los archivos y el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos que los archivos sustentan en nuestra convivencia diaria.
Así, hemos elaborado el “Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos”, que se puede consultar en nuestro sitio web http://www.aefp.org.es/FR_mani.html o en nuestro blog http://archiverosefp.blogspot.com/, al final del cual proponemos la creación de una Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, que fortalezca la base social de esta batalla que, si bien la iniciamos los archiveros, afecta a otos múltiples colectivos.
A tales efectos, proponemos la discusión del manifiesto elaborado por nosotros a todos los interesados en la creación de la plataforma y sobre las ideas anteriormente expuestas.
Antonio González Quintana
Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)
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