Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE A CONCHITA CONTEL BAREA POR SU JUBILACIÓN

2011-12-06T16:40:00.001+01:00

Junta Directiva

La Junta Directiva de la Asociación Archiveros Españoles en la FunciónPública (AEFP), en su reunión celebrada el 29 de noviembre de 2011, ha acordadocelebrar un acto público de homenaje a nuestra compañera Conchita Contel Bareacon motivo de su jubilación. El acto tendrá lugar el próximo día 14 dediciembre, miércoles, a las 19:00 h. Os convocamos a celebrar con nosotros laculminación de su dilatada trayectoria profesional en un acto cuyos detallesfiguran en el tríptico que adjuntamos.

Finalizado el acto, aquellos que lo deseen nos pueden acompañar a unacena, cuyo lugar de celebración se confirmará el 12 de diciembre. El importe dela cena es de 45 €, y el del regalo 15 €, cuyo ingreso podrá realizarse en lacuenta corriente bancaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), poniendo en el concepto el nombre y apellidos de quien quiere asistir,antes del día 12 de diciembre:

ENTIDAD BANCARIA: Caja Madrid (BANKIA).

DIRECCIÓN POSTAL DE LA OFICINA BANCARIA: Paseo dela Alameda, 28. 28804 - Alcalá de Henares (Madrid).

Nº DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA: 2038 2281 02 6000545010

Para aquellos que no puedan acompañarnos y deseen enviar sufelicitación a la homenajeada, pueden adherirse a la Tabula Gratulatoriaenviando un mensaje a aefp@aefp.org.es

Rosana de Andrés Díaz

Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Podéis descargaros aquí el tríptico del acto

EL BOE PUBLICA EL NUEVO REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA ESPAÑOL DE ARCHIVOS

2011-11-25T09:42:00.001+01:00

Junta Directiva

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 25 de noviembre de 2011 publica el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

Además, incluimos como novedades: la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, el Proyecto de Ley nº 07/PL-0050 de Archivos y del Patrimonio Documental de Galicia (publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia nº 632 de 23 de octubre de 2008, correspondiente a la VII Legislatura) y el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Documental y Archivos de Euskadi (abril de 2007) .

Para su descarga, acudid a la sección de Legislación archivística del área de Servicios de nuestro sitio web.

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ¿CADA VEZ MÁS CERCA?

2011-09-28T09:43:00.000+02:00

Madrid, 28 de septiembre de 2011.

Hoy Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso organizan un coloquio para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber con la presencia de cuatro representantes de partidos políticos que presentarán y debatirán sobre las propuestas de transparencia para la próxima legislatura.

Los dos partidos políticos mayoritarios, el PSOE y el PP han redactado propuestas de leyes de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, ninguna de las propuestas cumple con los 10 principios creados por la plataforma de la sociedad civil, la Coalición Pro Acceso.

Quedando sólo dos meses para las elecciones, Access Info y otros miembros de la Coalición Pro Acceso piden a todos los partidos políticos que se comprometan a adoptar una ley de acceso a la información en el caso de que ganen las elecciones. Dicha ley fue prometida por primera vez a la sociedad española en el programa electoral del PSOE de 2004; sin embargo, 7 años más tarde, España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin esta ley.

“Ambos partidos prometen más transparencia pero de momento sus propuestas de ley siguen siendo insuficientes para conseguir la transparencia necesaria” comenta Victoria Anderica. “El reconocimiento del principio de publicidad de toda la información pública debe ser explícito y la creación de un órgano independiente garante del derecho de acceso a la información es esencial para una buena implementación del derecho y ambas propuestas de ley deberían reflejarlo”.

La Coalición Pro Acceso pide a todos los partidos políticos que apoyen los 10 principios y los incluyan en sus propuestas. Para ver los principios pincha aquí.

El coloquio está abierto a los medios y al público. Los detalles del evento se encuentran a continuación:

Coloquio: Propuestas para la transparencia para la próxima legislatura

Ponentes:

Arturo García Tizón, PP.
David Ortega, UPyD.
Armando Recio, IU.
Por confirmar, PSOE.

Lugar y hora de celebración:
18,00 h en la Sala de Profesores, 3ª planta (Decanato)

Facultad de Ciencias de la Información

Universidad Complutense de Madrid

Para más información contactar con:

Victoria Anderica Caffarena

Legal Researcher and Campaigner

Access Info Europe

victoria@access-info.org

(+34) 91 366 53 44

(+34) 606 592 976

(Fuente: Access Info Europe)

CELEBRACIÓN DEL 9º DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER

2011-09-27T16:47:00.000+02:00

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) y el resto de miembros de la Coalición Pro Acceso celebran, mañana 28 de septiembre, el 9º Día Internacional del Derecho a Saber

Junta Directiva

Mañana, 28 de septiembre, se celebra el 9º Día Internacional del Derecho a Saber. Con tal motivo la Coalición Pro Acceso organiza a las 18,00 horas en la Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el siguiente evento:

Propuestas para la Transparencia para la proxima legislatura

Ponentes:

Arturo García Tizón, PP.
David Ortega, UPyD.
Armando Recio, IU.
Lucila Corral o Juan Antonio Barrio, PSOE.

Os animamos a difudir en vuestros sitios web y blogs los siguientes materiales elaborados por la Red Internacional de Defensores de la Libertad de Información (FOIAnet):

EL GOBIERNO PUBLICA EL ANTEPROTECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2011-07-30T16:49:00.003+02:00

Madrid, 29 de julio de 2011.

El mismo día que anuncia el adelanto de las elecciones, el Ministerio de la Presidencia envía a Access Info Europe el anteproyecto de la futura Ley de Transparencia, cumpliendo por fin con una promesa electoral que data de 2004.

Oficialmente enviado a la sociedad civil por el Ministro de la Presidencia Ramón Jauregui la tarde del viernes 29 de julio, el gobierno presenta un texto de ley que aporta mejoras sustanciales al texto que conocíamos.

Desgraciadamente, no existe la posibilidad de que este texto se apruebe durante esta legislatura, pero el documento presentado hoy sube el listón de la transparencia para la campaña de las próximas elecciones del 20 de noviembre.

La Ley de Transparencia ha sido demandada desde 2006 por la Coalición Pro Acceso, formada por 54 organizaciones de la sociedad civil, y es una de las exigencias prioritarias del movimiento 15M.

El PP presentó en el Congreso el pasado 29 de junio de 2011 su propia propuesta de ley que mejoraba ligeramente el anterior borrador del PSOE, filtrado a Access Info Europe en septiembre de 2010, pero que seguía siendo insuficiente para cumplir con los estándares internacionales mínimos en materia de acceso a la información.

Respondiendo a las críticas de la sociedad civil española y de expertos internacionales, el nuevo anteproyecto, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, cuenta con muchos puntos positivos: reconoce la titularidad del derecho a todas las personas, y obliga a todos los poderes del estado, a todos los niveles regionales y a las entidades privadas que ejercen una potestad administrativa.

Entre los defectos hay que destacar que sigue excluyendo un gran volumen de información que debería ser por pública por ser de utilidad general, entre otra información se excluye la información de apoyo (informes, notas, opiniones…), gran parte de los archivos, los registros públicos, y las estadísticas.

“Aunque sigue necesitando algunas mejoras, este es el primer borrador de ley de acceso a la información que presenta una calidad suficiente para avanzar cuantiosamente por la transparencia en España”, comentaba Victoria Anderica, Access Info Europe.

Entre los fallos también hay que destacar, que no reconoce explícitamente el carácter fundamental del derecho de acceso la información como se hace a nivel internacional, y que no contempla la creación de un órgano garante independiente, ya que este estaría adscrito al Ministerio de la Presidencia.

(Fuente: Access Info Europe)

SOBRE LA SUPRESIÓN DE LAS COMISIONES CALIFICADORAS DE DOCUMENTOS EN EL ESTADO

2011-06-30T23:05:00.001+02:00

La Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) desea poner de manifiesto su total coincidencia con lo manifestado en este breve artículo de Enrique Borruel López, archivero del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, acerca de la supresión de buena parte de las Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos de los Departamentos ministeriales.

Zaragoza, 28 de junio de 2011.

Enrique Borruel López

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

El mayor reto archivístico, todavía no resuelto, al que los archiveros de cualquier administración se enfrentan cada día es, sin duda, el de la selección y, en su caso, conservación únicamente de la documentación que merece ser conservada, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en las normas autonómicas en la materia. Documentación que ya desde su generación forma parte del Patrimonio Documental de la Nación.

A nadie se le oculta que el funcionamiento actual de la Administración General del Estado genera cantidades ingentes de documentos, en distintos soportes, que pueden y deben ser eliminados de acuerdo con dicha legislación tras los consiguientes procesos de valoración y selección propios de la metodología archivística y que se han implantado en el día a día de las administraciones. Procesos que no son sino otro procedimiento administrativo más.

¿Por qué un reto? Primero, porque esa tarea exige de los profesionales de los archivos un profundo conocimiento del funcionamiento integrado de la administración en la que desarrollamos nuestro trabajo. Y segundo porque ayuda a ahorrar dinero al Estado.

¿Dónde se produce el ahorro? En primer lugar, la selección y eliminación de documentos evita un gasto innecesario en las arcas públicas, que se verían obligadas a desembolsar grandes cantidades de euros para conservar documentos que no merecen ser conservados: gastos de transporte de las sucesivas transferencias de la documentación, ampliación de los edificios de archivos intermedios carísimo mantenimiento de los mismos, gastos de personal, de seguridad y otros que ocasiona la conservación de los documentos. Resulta gratificante para cualquier archivero del Estado pensar que con nuestro trabajo y asesoramiento estamos ayudando a que no se malgaste inútilmente el dinero de los contribuyentes.

La organización de nuestro sistema archivístico actual, mejor o peor determinado por las normas citadas, tiene por único objetivo mejorar la eficacia administrativa, la satisfacción efectiva del derecho constitucional de acceso a la documentación administrativa y del acceso a la cultura por parte de los ciudadanos y conservación de nuestro Patrimonio Documental. Por lo que se refiere a la Administración General del Estado, la Ley 16/1985 creó la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos para estudiar y dictaminar sobre las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos, sobre la inutilidad administrativa de los mismos, sobre su régimen de acceso y sobre su integración en los archivos. Asimismo animaba a que otros organismos públicos llegaran a constituir sendas Comisiones Calificadoras de Documentos, lo que hasta la fecha había venido sucediendo ya que sucesivas disposiciones (especialmente el Real Decreto 1164/2002) facilitaron la creación de estos órganos colegiados en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Educación, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, Sanidad, Política Social e Igualdad, Ciencia e Innovación. Cada organismo, a través de su comisión, valoraba sus propias series documentales y dirigía su propuesta a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuyo dictamen era finalmente objeto de resolución por parte del titular del Ministerio de Cultura.

Aunque faltaban por crearse comisiones en no pocos Organismos Públicos, parecía que el procedimiento se estuviera implantando de una vez por todas en la Administración General del Estado.

Dicho todo esto causa asombro y estupefacción la publicación del reciente Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, (BOE 4 de junio de 2011) por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismo Públicos.

Si bien no se pone en duda la conveniencia de la supresión de varios órganos colegiados en algunos Ministerios, no parece en manera alguna que fuese conveniente la supresión de las Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos, dado que todas ellas se atendían con los medios personales y materiales de cada Departamento y su creación y funcionamiento nunca supuso incremento de gasto público alguno. El esfuerzo de austeridad que parece justificar la promulgación del mencionado Real Decreto en este caso se evidencia no ya baldío sino contraproducente. Sobre todo porque, permaneciendo la necesidad de seleccionar la documentación, dudamos mucho de que se haya previsto alguna alternativa razonable. Más bien va a propiciarse un futuro de desorganización y por lo tanto de despilfarro. El Sistema Archivístico Estatal da un gran paso atrás ante la falta de actuación de nuestro Ministerio de Cultura que lejos de defender sus competencias en relación con el Patrimonio Documental Español se muestra en retirada ya no sólo ante las otras Administraciones sino también ante el resto de los órganos de la Administración General del Estado.

Momento triste para el Sistema Archivístico Estatal que ve cómo se paraliza su ya siempre demasiado lenta implantación.

CELEBRACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN 2011-001 CUR "HABLAMOS DE ARCHIVOS CON... EVA MERINO FLECHA"

2011-05-06T20:21:00.005+02:00

Bajo el título "Normalización de modelos de gestión en archivos públicos (código: 2011001CUR)", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza este curso de formación que tendrá lugar el próximo día 31 de mayo de 2011 en el Café del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

Junta Directiva
Uno de los objetivos que se ha propuesto la actual Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública para el período 2009 – 2012 es el desarrollo, bajo un formato más distendido, de pequeñas jornadas de carácter técnico donde los diferentes profesionales de los archivos públicos y cualesquier otras personas interesadas puedan intercambiar experiencias o resolver dudas sobre cualquier aspecto que pueda atañer a nuestra profesión.

Por todo ello, hemos creído conveniente poner en marcha esta nueva modalidad de cursos, con un carácter eminentemente práctico y distendido, al modo de una charla o tertulia de carácter más informal, en la que a partir de las experiencias mostradas por la persona invitada se pueda desarrollar un debate, un intercambio de opiniones y de “saber hacer” entre el público asistente y el invitado que presentamos.

En esta primera edición de Hablamos de Archivos con…, contaremos con Eva Merino Flecha, Directora del Archivo Histórico Provincial de León, para tratar un tema muy en boga en el ámbito de los archivos públicos, pero a la vez un gran desconocido para muchos profesionales, como es el de la utilización de modelos normalizados para la gestión de archivos basados en sistemas de mejora.

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de este curso, así como el resto de información relativa a los plazos y proceso de inscripción en el mismo.

VERSIÓN DEFINITIVA DE LA NORMA GALLEGA DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA (NOGADA) EN NUESTRO SITIO WEB

2011-03-22T20:28:00.001+01:00

Junta Directiva
Gracias a la Subdirección Xeral de Arquivos de la Xunta de Galicia, ponemos a disposición de toda la comunidad archivística en nuestra sección de Documentos del área de Servicios de nuestro sitio web la versión definitiva de la Norma Gallega de Descripción Archivística (NOGADA) de febrero de 2010, elaborada por el Grupo de Arquiveiros de Galicia.

Para su descarga, acudid a la sección de Documentos del área de Servicios de nuestro sitio web.

O ARQUIVO (VIVO?) DA NAÇÃO

2011-01-27T14:58:00.004+01:00

22 de enero de 2011

Prof. José Maria Jardim

Escola da Arquivologia da UNIRIO

No Brasil, a idéia de arquivo é associada, com muita frequência, a de arquivo morto. A expressão "virou arquivo" designa as pessoas que, por alguma razão, foram silenciadas por seus assassinos. "Arquivo" e "morte" são termos associados por grande parte da sociedade brasileira, especialmente aquela que mais sofre com a falta de informações relevantes para o exercício dos seus direitos. "Arquivos" têm sido "mortos" sistematicamente ao longo da história do Brasil, especialmente no e pelo Estado brasileiro.

O reencontro com a democracia nos anos 1980, trouxe um sopro de vitalidade inédita para nossos arquivos públicos, órgãos tradicionalmente "mortos" na estrutura da nossa administração pública. Afinal, sem arquivos plenos de vitalidade, dinâmicos e facilmente acessíveis pela sociedade, como o Estado pode ser transparente? E sem transparência do Estado, qual democracia almejamos construir e ampliar?

Os arquivos públicos são territórios do Estado a serviço da sociedade, da democratização da informação governamental e do exercício do direito do cidadão à informação e à memória. Seu papel como infraestrutura para a transparência da administração pública é imprescindível para que a sociedade controle a atuação do Estado e do governo.

Os arquivos públicos não são apenas um depósito de documentos. São instituições com múltiplas facetas: cultural, científica, administrativa, etc. É agência de transparência do Estado e território de construção da memória coletiva e, ao mesmo tempo, infraestrutura para a produção de conhecimento científico.

Os arquivos públicos dos governos mais avançados em termos de transparência e interação social são infraestruturas governamentais de informação para o Estado e a sociedade. Trata-se de órgãos supraministeriais com múltiplas funções de apoio à gestão pública e à produção de conhecimento científico e tecnológico. São territórios da memória coletiva, cultura e cidadania.

Não por acaso, o primeiro Arquivo Nacional criado foi o da França, em 1790, logo após a Revolução Francesa. A ideia de organização e, sobretudo, de publicidade dos documentos do governo por um tipo de instituição até então inexistente tem suas bases na construção do novo regime. Esse é um marco da história dos arquivos e da Arquivologia. O arquivo público é neste momento instrumento da administração do Estado.

Ao longo do século XIX, a formação dos Estados Nacionais traz em seu bojo a construção de identidades nacionais para as quais é imprescindível uma "memória nacional". Os arquivos públicos passam também à condição de depositários e construtores dessa memória nacional. São, nesse momento, território da História.

A criação do Arquivo Público do Império brasileiro estava prevista na Constituição de 1824, mas a fundação só ocorreu em 1838, aliás o mesmo ano de criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).

Como chama atenção a historiadora Célia Costa, autora da tese de doutorado intitulada "Memória e administração: o Arquivo Público do Império e a consolidação do Estado brasileiro", o acesso aos documentos no Arquivo Público do Império era garantido estritamente ao governo ou usuários que fossem indicados pelo imperador.

Ao contrário dos arquivos nacionais europeus, a historiadora nos lembra que o Arquivo Público do Império caracterizou-se muito mais como espaço do segredo do Estado, perspectiva procedente do período colonial, do que como um órgão envolvido nos processos de construção da história nacional.

O nome "Arquivo Nacional" só foi adotado em 1911. Ao longo da República, o Arquivo Nacional, como os demais arquivos públicos do país, sobreviveram na periferia do Estado. Eram voltados quase exclusivamente para a guarda e acesso de documentos considerados, sem parâmetros científicos, como de "valor histórico", ignorando-se a produção documental que resultava de um Estado com funções cada vez mais amplas.

Neste cenário, os documentos eram acumulados ou eliminados - quase sempre sem critérios científicos - nos serviços arquivísticos do Estado. Tal ocorreu - e ainda ocorre em vários setores do Estado brasileiro - em função da inexistência de políticas públicas arquivísticas.

A ruptura da visão de arquivo público como apenas um depósito de documentos e a adoção de um novo modelo de gestão envolvendo todo o ciclo documental, desde a produção até a eliminação ou guarda permanente, só ocorrerá, em diversos países, após a década de 50 do século passado.

No Brasil, a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991 garante o marco legal para essa concepção, incluindo também os arquivos estaduais e municipais. Além de suas atribuições em relação aos documentos federais, o Arquivo Nacional deve ainda implementar a política nacional de arquivos, a ser definida pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). Esse Conselho, subordinado ao Arquivo Nacional, é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos.

O Arquivo Nacional teve grande protagonismo nesse processo, a partir dos anos 80 e 90, influenciando arquivos estaduais e municipais. No entanto, de modo geral, nossos arquivos públicos permanecem periféricos no Estado e pouco visíveis à sociedade. Ainda se caracterizam mais como reserva de opacidade do que de transparência.

Não se altera uma cultura de opacidade do Estado em apenas três décadas. A maior parte dos nossos arquivos públicos segue socialmente pouco visível. Na Europa e Estados Unidos, a abertura crescente dos arquivos a um uso social mais amplo ganha terreno após a II Guerra Mundial.

Procura-se cada vez mais superar a ideia dos arquivos como espaços acessíveis apenas a eruditos e cientistas. Por outro lado, as crescentes demandas sociais pelo direito à informação colocam os arquivos no epicentro das políticas públicas de transparência. A democratização do acesso aos arquivos tende a ser cada vez maior e diversificada, mesmo nas sociedades cujo regime democrático já se encontra mais consolidado.

As demandas sociais pelos arquivos se ampliam e mudam com o uso crescente das tecnologias da informação e comunicação. Novas fronteiras vêm sendo conquistadas pelos arquivos, ampliando-se a sua interatividade com a sociedade mediante programas de difusão via web, incluindo, mais recentemente, o uso cada vez maior das redes sociais.

Essa perspectiva tem orientado os caminhos do Arquivo Nacional do Brasil desde a década de 80. Talvez poucas instituições públicas brasileiras tenham passado por um processo de modernização tão intenso e em tão pouco tempo, influenciando ações semelhantes nos planos estadual e municipal.

Esse "dever de casa" encontrava limites no fato do Arquivo Nacional ser subordinado, há décadas, ao Ministério da Justiça. Ao ser vinculado à Casa Civil da Presidência da República, em 2000, o Arquivo Nacional adquiriu melhores condições - especialmente políticas e orçamentárias - para avançar num novo modelo de gestão das informações governamentais. Beneficiou-se diretamente desse novo cenário o Conselho Nacional de Arquivos, subordinado ao Arquivo Nacional, responsável pela política nacional de arquivos.

Neste sentido, é um retrocesso político, gerencial e científico a transferência do Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça. Essa inadequação, vale lembrar, seria a mesma em qualquer outro ministério, dada a abrangência de atuação da instituição em todo Executivo Federal.

Esse novo destino institucional provavelmente comprometerá frontalmente a dimensão nacional do Conselho Nacional de Arquivos. Setores diversos da sociedade brasileira, representantes do mundo acadêmico e de associações profissionais, vêm expressando seu descontentamento face a essa decisão.

Ainda que fosse mantido na Presidência da República, seriam muitos os desafios a serem enfrentados pelo principal arquivo público do país para atuar plenamente na gestão das informações governamentais e torná-las acessíveis à sociedade brasileira. A política nacional de arquivos ainda está por se definir. O Sistema Nacional de Arquivos não foi operacionalizado. O Arquivo Nacional encontra-se distante do que pode e deve vir a ser, embora tenha acumulado suficiente vitalidade para deixar de ser um "arquivo histórico" do século XIX e projetar-se como um centro de informações governamentais do século XXI.

Ao ser excluído da Presidência da República e inserido no Ministério da Justiça, o Arquivo Nacional protagonizará, uma vez mais, o velho e ainda insuperado drama brasileiro de periferização dos arquivos do Estado e sua inevitável invisibilidade social. O Arquivo Nacional provavelmente não morrerá porque, de alguma forma, aprendeu a sobreviver perifericamente ao longo da sua história, mas certamente será um órgão aquém de suas transformações recentes, de suas atribuições legais e da democracia que buscamos.

Artículo originalmente publicado en: Jornal da Ciência
Fuente: Blog "Archivística y Sociedad"

CELEBRACIÓN DEL I CICLO DE CINE Y ARCHIVOS (cINaRCH)

2010-10-25T20:36:00.005+02:00

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza este ciclo, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y la Filmoteca Española (Ministerio de Cultura, que tendrán lugar entre los días 17 de noviembre y 4 de diciembre de 2010.

Junta Directiva

El I Ciclo de Cine y Archivos (cINaRCH) es la plasmación de una aspiración largamente mantenida. Desde su fundación, en junio de 2006, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha tratado de organizar una actividad que relacionara cine y archivos. Después de varios intentos, vemos con gran satisfacción que, finalmente, el proyecto se ha convertido en realidad gracias a la Filmoteca Española (Ministerio de Cultura) y a la Facultad de Ciencias de la Documentación (Universidad Complutense de Madrid); y no sólo nos satisface por el hecho de contar entre nuestros miembros con un importante grupo de cinéfilos, con nuestra Presidenta de Honor, Vicenta Cortés Alonso, a la cabeza, sino, sobre todo, porque nos parecía que un ciclo como el que presentamos podría tener un gran interés para estudiar cuál es la imagen que desde el cine se ofrece de nuestra profesión.

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de este ciclo, así como el más información relativa al mismo.

ACCESS INFO EUROPE LANZA UNA CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA FILTRADO

2010-09-25T19:16:00.003+02:00

Madrid, 22 de septiembre de 2010.

Access Info Europe lanza hoy una consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, después de recibir una copia filtrada de dicho anteproyecto de ley. Las respuestas serán enviadas al Gobierno.

Access Info Europe junto a otras 40 ONGs miembros de la Coalición Pro Acceso han reclamado mayor transparencia sobre dicho anteproyecto de ley. Hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta a la carta enviada al Gobierno el 20 de agosto requiriendo una copia del borrador y reclamando una consulta pública sobre el anteproyecto.

Se invita a la ciudadanía a aportar sus opiniones sobre el borrador, sobre todo en aquellas áreas donde el anteproyecto de ley no cumple con los estándares europeos, como, por ejemplo:

• La definición de información excluye gran cantidad de información.

• El alcance limitado –sólo la Administración y no los Poderes Legislativo ni Judicial–.

• Plazos muy largos –30 días para responder a una solicitud, tiempo adicional para proporcionar la información y, además, la posibilidad de extender el plazo otros 30 días más–.

Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública:

Análisis breve del Anteproyecto de Ley:
Cuadro comparativo del Anteproyecto de Ley:

(Fuente: Access Info Europe/Coalición Pro Acceso)

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA: ANÁLISIS Y GUÍAS

2010-08-16T21:52:00.005+02:00

Access Info Europe presenta cuatro documentos que analizan la situación actual del derecho de acceso a la información en España. Estos documentos incluyen un análisis detallado, así como una guía sobre cómo acceder a la información en España.

En España no existe una regulación adecuada del derecho de acceso a la información. La única normativa dedicada de forma exclusiva a la protección este derecho resulta ser insuficiente y no cumple con las garantías mínimas otorgadas a nivel internacional.

Estos documentos, que pretenden ser un acercamiento a la situación actual del derecho de acceso a la información en España, son una ayuda para conocer a distintos niveles cómo acceder a la información pública en España.

Análisis de los nueves principios y de la legislación española:

El derecho de acceso a la información: principios básicos:

Preguntas y respuestas:
Guía sobre cómo solicitar información en España

(Fuente: Access !nfo Europe/Coalición Pro Acceso)

LA COALICIÓN PRO ACCESO PONE A PRUEBA LA TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

2010-04-15T17:47:00.002+02:00

Coalición Pro Acceso – Comunicado de Prensa
7 de Abril de 2010

Madrid, 5 de abril de 2010 (Comunicado de Prensa, 7 de abril de 2010 - Coalición Pro Acceso)

Ante la falta de transparencia de las instituciones españolas y la falta de una ley que garantice el derecho de acceso la información pública, la Coalición Pro Acceso lanza hoy la “Campaña de las 100 Preguntas” con la que pretende reclamar y demostrar la necesidad de un mayor aperturismo de la administración española.

La Coalición Pro Acceso, un grupo de 29 organizaciones unidas a favor de la aprobación de una ley de acceso a la información en España, ha empezado a presentar solicitudes de información a todo tipo de entidades públicas. Monitoreos previos revelaron entre un 60% y 78% de silencio administrativo como respuesta a las solicitudes presentadas.

Teniendo en cuenta la dificultad que tiene la ciudadanía para acceder a datos públicos debido a la carencia de una ley de acceso a la información en España, la Coalición Pro Acceso quiere demostrar la urgente necesidad de mejorar el cumplimiento de un derecho que está protegido por la Constitución Española.

“El derecho de acceso a la información es esencial para la lucha contra la corrupción, y para facilitar el debate público sobre temas importantes como la situación económica, el desempleo, y la protección del medio ambiente” dijo Victoria Anderica, de Access Info Europe, miembro de la Coalición Pro Acceso.

Según la información que posee la Coalición Pro Acceso, el Gobierno, para cumplir con sus promesas electorales de 2004 y 2008 de aprobar una ley de acceso a la información, está trabajando en una ley cuyo borrador aún no ha sido compartido con la sociedad civil.

Victoria Anderica comentó: “Conseguir recibir información de las instituciones españolas es una odisea, requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte del solicitante y ante la continua falta de respuesta, el desgaste hace que la gente desista”.

Las preguntas serán de toda índole e irán dirigidas a todo tipo de entidad pública de cualquier parte del territorio español. Estas preguntas son propuestas que la Coalición Pro Acceso recoge de los ciudadanos a través de su página web.

Las primeras solicitudes han ido dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al Ayuntamiento de Madrid, al Ministerio de Trabajo e Inmigración, y al Ministerio de Sanidad y Política Social. A la espera de los resultados que se irán publicando en la página de la Coalición Pro Acceso, ésta anima a todo aquel que quiera participar en esta campaña a proponer sus preguntas en http://www.proacceso.org y a exigir una mayor transparencia en su relación con la administración.

Para saber más sobre la Coalición Pro Acceso ir a http://www.proacceso.org
Para mayor información, contactar con: Access Info

CELEBRACIÓN DE LAS II JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

2010-03-08T19:26:00.004+01:00

Bajo el título "El derecho a la intimidad y el derecho a la información pública", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza estas jornadas técnicas, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, que tendrán lugar los próximos días 23 y 24 de marzo de 2010.

Junta Directiva
En las I Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas en 2009, ya se planteó el tema del acceso en relación con la protección del derecho al honor y a la intimidad como uno de los puntos cruciales que afectan a archiveros y ciudadanos. Por todo ello, nos proponemos suscitar en estas II Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales las siguientes preguntas: ¿qué datos entendemos que pertenecen al ámbito del honor, la intimidad y la propia imagen?, ¿cuáles deben ser los límites del derecho al honor y a la intimidad?, ¿cuáles los del derecho de acceso a los documentos públicos?, ¿qué lagunas existen y deberían recogerse en la legislación española en cuanto a la regulación del derecho de acceso a los documentos desde este punto de vista? o ¿qué supone para la gestión de los archivos y para sus profesionales la protección del derecho al honor y a la intimidad?

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de estas jornadas, así como el resto de información relativa a los plazos y proceso de inscripción en las mismas

NEUMONITIS HIPERSENSIBLE: UNA MUY PELIGROSA ENFERMEDAD PROFESIONAL

2010-02-10T16:19:00.003+01:00

Antonio González Quintana (*)

A partir de la experiencia personal de Lisbeth Barrientos (**), archivera guatemalteca, hoy asesora técnica del Archivo General de Centro América para el Proyecto de Recuperación del Archivo de la Policía Nacional, queremos llamar la atención de la comunidad profesional sobre una enfermedad altamente dañina.

Lisbeth padece neumonitis hipersensible, una enfermedad que tenemos que catalogar como profesional y que es propia de quienes trabajan o han trabajado con documentos muy sucios o en lugares altamente contaminados por polvo y hongos. La enfermedad es muy seria y, por su alto peligro potencial, debemos llamar la atención sobre las condiciones de trabajo de los archiveros y las necesarias medidas preventivas que hemos de tomar (guantes, mascarillas...) así como sobre la necesidad de controlar biológicamente los depósitos y de mantener estos y los documentos que conservan en las condiciones adecuadas para evitar la proliferación de agentes contaminantes.

Con nuestro deseo de que nuestra colega Lisbeth mejore su salud y haciéndonos eco de su petición, divulgamos la siguiente información sobre la neumonitis hipersensible, como enfermedad profesional de los archiveros.

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Estimados señores:
Reciban un atento saludo. Me permito trasladar la siguiente información personal con el fin de evitar que más personas vean comprometida su salud en el ejercicio de la profesión que ejercemos.
Dentro de mis multiples correrías al médico, confirmaron mi dolencia bronquial de neumonitis hipersensible (alveolitis alérgica extrínseca) y están en proceso de verificar el posible diagnostico de fibrosis, el cual deseo fervientemente que no se confirme. He tenido mejoras debido a las multiples tratamientos y terapias a las que me someto, pero todos conocen de la condición que presento debido a la profesión y el contacto con agentes contaminantes.

He copiado este enlace para que puedan tener presente los síntomas en personal que ha laborado y labora en el archivo y que se ha visto afectado en su salud.

Pido que por favor puedan circular en enlace a los colegas que han manifestado deterioro en su salud luego del contacto cercano que hemos tenido con la contaminación que puede encontrarse en los archivos y para ilustrar a los administradores sobre los riesgos de la profesión, así como la importancia de la bioseguridad. especialmente porque muchos médicos que nos ven posiblemente no estén familiarizados con este tipo de enfermedad profesional.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000109.htm

Lizbeth Barrientos

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(*) Socio de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

(**) Archivera guatemalteca que, además, trabaja como asesora técnica, en su calidad de miembro del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, en el Archivo Histórico de la Municipalidad de Antigua (Guatemala)

ACCESS INFO IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EL SILENCIO DEL GOBIERNO SOBRE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

2010-01-19T19:51:00.007+01:00

La falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia a preguntas de ciudadanos sobre medidas contra la corrupción ha llegado hoy al Tribunal Supremo donde la asociación Access Info Europe busca el amparo del derecho de acceso a la información pública.

Madrid, 19 de enero de 2010 (Comunicado de prensa. Access Info Europe)

Access Info ha calificado como “absurda” la necesidad de recurrir al Tribunal Supremo para obtener una respuesta a una pregunta sobre un tema tan importante como la lucha contra corrupción; situación que no hace más que consolidar la necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información en España.

El 14 de junio de 2007, un miembro de Access Info presentó una serie de preguntas al Ministerio de Justicia sobre las medidas contra la corrupción. Por ejemplo, preguntó “2. En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?”

El Ministerio no sólo nunca contestó, sino que rechazó el recurso administrativo. La Audiencia Nacional a su vez desestimó la demanda, argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública.

La desestimación del recurso por la Audiencia Nacional sorprendió a Access Info dada la claridad de la jurisprudencia internacional al respecto. En la demanda presentada hoy al Supremo, Access Info cita recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que protegen el acceso a la información como derecho necesario para el ejercicio de libertad de expresión y para que las organizaciones no gubernamentales puedan crear foros de debate público.

En su demanda presentada al Tribunal Supremo, Access Info reclama el derecho de acceso a la información pública en base al artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de expresión y de opinión, y en base al artículo 23 que establece el derecho de participación de los ciudadanos en la vida política.

“Cómo puedo participar en el debate sobre corrupción si no tengo información sobre que está haciendo el gobierno?” pregunta Juanjo Cordero, miembro de la Junta Directiva de Access Info y el solicitante. “Cómo puedo expresar mis ideas y opiniones, ejercer mi derecho de libertad de expresión, sin información adecuada del gobierno?” añade.

Access Info Europe es una de las ONGs fundadoras de la Coalición Pro Acceso que está reclamando una ley de acceso a la información en España, el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una ley al respecto. En diciembre 2009 el gobierno confirmó que está trabajando en un borrador de una ley de acceso a la información, cumpliendo una promesa electoral incluida en su programa electoral de 2004, y repetido en el de 2008.

“La absurdidad de este caso subraya la necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información”, comenta Helen Darbishire, directora de Access Info. “Es impensable que cada ciudadana o ciudadano que quiera saber algo de la Administración Pública, sobre todo en un tema tan importante en España como la lucha contra la corrupción, tenga que acudir al Tribunal Supremo” .

Una copia de la demanda se encuentra en el sitio web de Access Info Europe: http://www.access-info.org/.

Para mayor información, contacta:
Helen Darbishire

Directora Ejecutiva

Access Info Europe
+ 34 667 685 319

helen@access-info.org

EL GOBIERNO TRABAJA EN UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2009-12-10T18:51:00.002+01:00

Hoy, 10 de diciembre, miembros de la Coalición Pro Acceso[1] se reunieron con autoridades del Ministerio de la Presidencia para intercambiar puntos de vista sobre una futura Ley de Acceso a la Información Pública.

Los miembros de la Coalición Pro Acceso insistieron que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental incardinado dentro de la libertad de información del apartado d), párrafo 1 del artículo 20 de la Constitución Española. Pues es así como se está caracterizando por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al igual que hizo la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales.

La reunión, intensa y de dos horas de duración, fue sumamente cordial, con un interesante intercambio de opiniones. Desde la Dirección General de Coordinación Jurídica consideran que el borrador que se está redactando cumplirá los 9 principios de la Coalición Pro Acceso.

Aún hay muchas cuestiones pendientes, como la configuración de la autoridad independiente, incluso con la posibilidad de combinar esa autoridad con el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos. Para la Coalición Pro Acceso lo importante es que esta entidad esté dotada con los recursos y poderes necesarios para proteger el derecho de acceso a la información. En otros países europeos, la combinación de protección de datos personales con la protección de acceso a la información funciona bien para asegurar un buen equilibrio entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información pública.

Ambas partes están de acuerdo en que las administraciones públicas deben de ofrecer información de forma activa, ponerla a disposición del público antes incluso de que se presenten solicitudes. Consideran que habrá que realizar un esfuerzo importante para adaptar las Administraciones Públicas a este derecho de acceso a la información pública.

“España es uno de los últimos países europeos en adoptar una ley de acceso a la información por lo cual tiene la oportunidad de adoptar una ley progresista que refleje los estándares más altos. Se trata de demostrar el liderazgo de nuestro país con este derecho que es tan importante en un estado democrático, participativo, y libre de corrupción”, comentó Helen Darbishire de Access Info Europe, uno de los miembros de la Coalición Pro Acceso.

La Coalición Pro Acceso considera muy positivo este primer intercambio de opiniones y confía que las reuniones seguirán en un futuro.

[1] Por parte de la Coalición Pro Acceso participaron: Helen Darbishire, Directora Ejecutiva, Access Info Europe; Manuel Sánchez de Diego, Profesor, Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid; Jesus Lizcano, Presidente, Transparencia Internacional España; Francisco Daunis, Asociación de la Prensa de Madrid; Ana Etchenique, Vicepresidenta, Confederación de Consumidores y Usuarios – CECU; Miguel Ángel García Garrido, Plataforma por la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid (COABDM); Rosana de Andrés Díaz, Presidenta, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP).
Por parte del Ministerio de la Presidencia participaron: Maria Ángeles Ahumado, Directora General de Coordinación Jurídica; Emilio Guichot, experto en Derecho Constitucional; y Juan José San Miguel, Gabinete de Comunicación.

Fuente: Coalición Pro Acceso (http://access-info.org/proacceso/actualidad) (NOTA DE PRENSA: 10/12/2009)

NUEVA CAMPAÑA DE LA COALICIÓN PRO ACCESO Y REUNIÓN CON EL GOBIERNO

2009-12-07T19:42:00.006+01:00

Ante la inminente reunión de los miembros de la Coalición Pro Acceso con representantes del Ministerio de la Presidencia sobre la regulación del acceso a la información pública, la Coalición lanza una campaña a través de Internet.

Junta Directiva

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) quiere sumarse a la nueva campaña de la Coalición para lograr una regulación del acceso a los documentos públicos y oficiales en España en consonancia con los 9 principios, dentro de la cual la propia Coalición estrena un nuevo diseño de su sitio web.

La campaña se centra en la difusión a través de redes sociales, blogs y sitios web tanto mediante la difusión del formulario de adhesión a los 9 principios o la inserción de alguno de los siguientes banners (más información en Proacceso.org):

Banner horizontal 468x60 píxeles

Billete de metro (255x106 píxiles)

Bocadillo "quiero saber" (200x163 píxiles)

Por otro lado os queremos informar de la próxima reunión de la Coalición Pro Acceso de este 10 de diciembre con representantes del Gobierno (fuente: Coalición Pro Acceso):

El próximo jueves 10 de diciembre, precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, representantes de la Coalición Pro Acceso se reúnen con el Gobierno.

En la reunión propuesta sobre regulación del acceso a la información estará presente la Directora General de Coordinación Jurídica, que la convoca, y algunos de los expertos del Ministerio de la Presidencia directamente implicados en los trabajos de preparación del borrador.

Se trata de una reunión de contacto que tiene por objeto informar del estado de los trabajos de preparación de la ley y de las cuestiones actualmente bajo examen y para las que se recaba opinión.

El texto que se usará de referencia es el convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales de 18.VI.2009. Asimismo se tienen en cuenta la regulación y, muy particularmente, las experiencias de otros países europeos y americanos con leyes de acceso a la información.

LA COALICIÓN PRO ACCESO EXIGE UN DEBATE ABIERTO Y PARTICIPATIVO SOBRE LA NUEVA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA

2009-10-09T22:03:00.011+02:00

El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber: La Coalición lanza una campaña de apoyo al derecho de acceso a la información pública en España.

25 de septiembre de 2009, Comunicado de Prensa. Coalición Pro Acceso

La Coalición Pro Acceso ha felicitado el Presidente Zapatero, en una carta enviada ayer, por sus recientes manifestaciones que desvelan que el Gobierno español está trabajando en la preparación de una Ley de acceso a la información pública y han exigido un proceso transparente y participativo en el desarrollo de la ley para asegurar la incorporación en la misma de los Nueve Principios sobre el derecho desarrollados hace tres años por la Coalición. Estos principios han sido definidos a partir del estudio del Derecho comparado y de la práctica en otros países.

En su carta al presidente del Gobierno, la Coalición subraya la urgencia de aprobar una ley sobre un derecho que ya se reconoce en las leyes nacionales de más de 80 países, entre ellos en 24 países de la Unión Europea, pero no en España. Se puede leer la carta aqui.

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Madrid, 24 de septiembre de 2009

A/A: D. José Luis Rodríguez Zapatero
CC: Dª. María Teresa Fernández de la Vega

Palacio de la Moncloa

28071 Madrid

Excmo. Sr. Presidente,
Los miembros de la Coalición Pro Acceso se congratulan de sus manifestaciones que desvelan que el Gobierno está trabajando en la preparación de una Ley de acceso a la información pública (discurso ante el Comité Federal de 19 de septiembre de 2009). Se trata de una aspiración social que ya figuraba en los programas electorales del PSOE del año 2004 y del 2008[1] y que usted personalmente apoyó en la ceremonia de clausura de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid el 7 de octubre de 2008.

Consideramos urgente la aprobación en España de una ley sobre el derecho de acceso a la información, que regule su pleno reconocimiento y ejercicio de acuerdo a los estándares adoptados internacionalmente. Esta ley debería acoger los Nueve Principios desarrollados hace tres años por la Coalición Pro Acceso, que le adjuntamos en esta carta. Estos principios han sido definidos a partir del estudio del derecho comparado y de la práctica en otros países. El Derecho de Acceso a la Información[2] se reconoce ya en las leyes nacionales de más de 80 países, entre ellos en 24 de los países de la Unión Europea.

Una ley de acceso a la información pública es una norma básica en cualquier democracia; y, por lo tanto, es imprescindible que su desarrollo se realice de manera transparente y participativa. Por eso, nos dirigimos a usted de nuevo para solicitarle información sobre el proyecto de Ley que estaría preparando, su estado, su contenido y las previsiones del trámite parlamentario. También sería de suma importancia para nosotros conocer qué Ministerio o Secretaría de Estado es el responsable del desarrollo de esta iniciativa legislativa, con el objetivo de poder mantener alguna reunión con las personas responsables para transmitirles nuestras sugerencias.

Le reiteramos nuestra disponibilidad como parte interesada en participar en el proceso legislativo, pudiendo aportar personas y organizaciones con conocimiento técnico y jurídico en el campo del Derecho de Acceso a la Información, visión de la sociedad civil, así como experiencia en procesos legislativos y normativos en el ámbito nacional e internacional.

Quedamos a la espera de la información que le solicitamos y a su disposición para cualquier aclaración que necesite.

Atentamente,

En nombre de la Coalición Pro Acceso formada por:
Access Info Europe

Amnistía Internacional
Asociación de Archiveros de Castilla y León
Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública
Asociación de la Prensa de Madrid
Asociación de Profesionales Especialistas en la Información – Asturias (APEI)
Asociación de Usuarios de la Comunicación
Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Comisión de Libertades Informáticas
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Coordinadora de ONG
Coordinadora Ecoloxista d´Asturies
Ecologistas en Acción
Economistas sin Fronteras
Fundación Ciencias de la Documentación
Fundación Cultura de la Paz
Fundación IPADE
Greenpeace España
Ingeniería sin Fronteras
Intermón Oxfam
Observatorio de la RSC
Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Reporteros Sin Fronteras
Sunaptein – Asociación para la Promoción de la Salud Mental
SEO – Birdlife
Transparencia Internacional (España)
WWF-Adena

Personas a título individual:
Manuel Sánchez de Diego- Departamento de Derecho Constitucional- Universidad Complutense de Madrid

Miguel A. Gallardo – CITA

Severiano Fernández Ramos – Profesor Derecho Administrativo – Universidad de Cádiz

...................................................................................................................

[1] PSOE Programa Electoral 2008, página 258: Fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía mediante la mejora de sus relaciones con las Administraciones Públicas: ”
(…) Impulsaremos una Ley sobre el derecho al libre acceso a la Información, que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales. (…) Crearemos una institución que garantice el derecho de acceso a la información pública de manera eficaz”.

[2] El acceso a la información es un derecho humano fundamental, reconocido por normas internacionales de derechos humanos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su art 19.2, que establece un derecho positivo a buscar y a recibir información.

Este derecho has sido confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo al interpretar el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en su reciente fallo del 14 abril 2009 reconoció que el derecho de libertad de expresión incluye expresamente el derecho de acceso a la información en las manos de entidades públicas. El tribunal afirma que el estado tiene la obligación de asegurar acceso a la información y que denegar acceso a la información en manos de entidades públicas es una violación del derecho de libertad de expresión. Este derecho es especialmente relevante cuando la información existe (y en consecuencia suministrarla no implica una obligación de recopilar la información por parte de la autoridad pública) y cuando no está disponible a través de otras fuentes públicas (Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary (no. 37374/05)

El artículo 10 del Convenio Europeo es el equivalente al artículo 20 de la Constitución Española consagrado al derecho fundamental de libertad de pensamiento y expresión. La Constitución Española también ampara el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos en su artículo 105.b.

La Corte Interamericana en su fallo en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, (resolución del 19 de septiembre 2006) estableció que, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

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“Esta ley es una aspiración social que ya figuraba en los programas electorales del PSOE del año 2004 y del 2008. Es una norma básica en cualquier democracia; y, por lo tanto, es imprescindible que su desarrollo se realice de manera abierta y en consulta con los expertos de la sociedad civil,” comentó Helen Darbishire, directora de Access Info y uno de los fundadores de la Coalición Pro Acceso.

Actividades de la Coalición para el día del Derecho a Saber:
*Lanzamiento de solicitudes al Gobierno
*Campaña de apoyo a los Nueve Principios de la Coalición Pro Acceso

Para apoyar a y participar en la Coalición, visita: www.proacceso.org
Para mayor información sobre el Día de Derecho a Saber ver: www.foiadvocates.net

APUNTES SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS: LA SITUACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

2009-08-07T19:19:00.007+02:00

Elisa Avilés Betegón (*)
El día 21 de julio de 2009 ha sido destituida Natalie Roque, Directora hasta ese momento de la Hemeroteca Nacional de Honduras. Este grave y lamentable hecho se produce prácticamente un mes después del “golpe militar” que conllevó la expulsión del presidente legitimado por las urnas José Manuel Zelaya y la formación de un gobierno de facto de carácter dictatorial, presidido por Roberto Micheletti. Este cese se ha producido tras dos semanas de investigaciones encargadas por la Ministra de Cultura, Artes y Deportes de facto, Myrna Castro.

Natalie Roque Sandoval, desde su cargo de Directora de la Hemeroteca Nacional de Honduras, ha intentado combatir a los golpistas difundiendo noticias publicadas en su día en la prensa nacional así como los decretos aparecidos en el boletín oficial, ilustrando así a sus conciudadanos sobre el pasado de los protagonistas del golpe militar. Un simple repaso por aquellas noticias recopiladas venían a señalar entre otras cuestiones no menores las siguientes: la participación de Micheletti en 1985 en el intento de creación de una asamblea constituyente que permitiera la reelección del presidente Suazo Córdoba; el papel desempeñado por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la masacre del Río Sumpul en 1982; la existencia de una partida de lempiras (moneda hondureña) al cardenal Óscar Andrés Rodríguez por el entonces Presidente de la República Carlos R. Flores, acordada por decreto de 2002; y la implicación de Romeo Vásquez en una banda de ladrones de coches. Esta actitud activa de denuncia ha conllevado que fuera acusada ante el Ministerio Público por “emisión de pensamiento y difusión del material público”, según denuncia públicamente la propia Natalie Roque a fecha de 21 de julio de 2009. Se ha desatado así un proceso de persecución y difamación política y profesional que ha desembocado en su cese.

“El día de hoy en horas de la tarde y luego de dos semanas de pesquisas y denuncias en mi contra, al no poder justificar mi despido deshonroso, la Ministra de Facto Myrna Castro me ha enviado mi cancelación por cesantía.
Notificándome su mensaje: que mi presencia no sería soportada ni un minuto más, una comitiva de Personal, Bienes Nacionales y Jefatura de Seguridad me escoltaron (disculpándose, pues me conocen hace tres años) mientras recogía mis pertenencias y desalojaba mí hasta hoy centro laboral.
La Sra. Castro no pudo soportar que frente a frente le expresara mi repudio al golpe y el desconocimiento a su autoridad de facto, tampoco soportó que publicara el sucio pasado de sus ahora jefes, denunciándome inclusive ante el Ministerio Público por emisión de pensamiento y difusión de material público! No faltaba más!
Denuncio a la Sra. Castro por persecución ideológica, acoso y despido injustificado.
La denuncio también en nombre de la comunidad artística y cultural: nos sentimos profundamente ofendidos y preocupados por el nombramiento ilegal y encima de una persona tan poco calificada para el puesto.
Finalmente la denuncio en nombre de los niños, jóvenes y comunidades postergadas, a quienes quiere limitar el acceso a libros y bibliotecas, en nombre de los escritores a quienes piensa censurar.
Reitero mi repudio al golpe de Estado y mi desconocimiento a las autoridades de facto.
¡RESISTENCIA!

Natalie Roque Sandoval

21 de julio de 2009”.

El asunto no ha finalizado ahí. Un día después la misma Natalie Roque alertaba sobre la posible destrucción de periódicos y material hemerográfico en la Hemeroteca Nacional:

“Amig@s y Compañer@s: Es de tod@s conocida la ideologìa fascista de la Ministra de Facto Myrna Castro (la quema libros), en cuyas declaraciones ha planteado la posibilidad sustraer la bibliografìa ¨progresista¨ de las bibliotecas pùblicas del paìs.Asì mismo su intenciòn de convertir en una sede de reservistas del ejèrcito el Centro Documental de Investigaciones Històricas de Honduras, donde se resguardan los documentos del archivo naciònal, la biblioteca especializada en antropologìa e historia y el archivo etnohistòrico del IHAH.Mediante la presente levanto una ALERTA por una posible sustracciòn y/o destrucciòn de periòdicos y material hemerogràfico de la Hemeroteca Nacional que pueda poseer evidencia relacionada con el pasado de los golpistas. El dìa de ayer, la Sra. Castro al destituirme exigiò le entregase a sus delegados las llaves de la dependencia, temo por la seguridad del patrimonio hemerogràfico.Alerto a la comunidad hondureña e internacional! Alerto a l@s Colegas, Compañer@s y amig@s defensores del patrimonio!

ALERTA PUEBLO HONDUREÑO!

ALERTA!!

Natalie Roque

Ex-Directora Hemeroteca Nacional”

A escasos metros de la Hemeroteca Nacional en Tegucigalpa se encuentra la Antigua Casa Presidencial que alberga desde mayo de 2007 el Archivo Nacional de Honduras (ANH), junto al Archivo Etnohistórico de Honduras y a la Biblioteca del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Éste último ha cedido parte de sus instalaciones en dicho edificio para la ubicación del ANH. Desde el año 2006 ambos organismos, el IHAH y el ANH conforman el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH), creado bajo el auspicio del Secretario de Estado de Cultura, Artes y Deportes, Rodolfo Pastor Fascuelle. La Gerencia del IHAH, a fecha de 18 de julio y ante las constantes noticias que circulan por la red sobre la toma del edificio por parte de reservistas militares, se ha visto obligado a emitir una aclaración pública. En la misma se recuerda la pertenencia de la Antigua Casa Presidencial al Patrimonio Cultural de Honduras, y como tal la protección que le brinda la ley hondureña de protección del patrimonio, así como la Convención de La Haya de 1954 de Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Igualmente señala que, según establece la ley hondureña de protección del patrimonio, el IHAH es el custodio y administrador de los monumentos nacionales y, por tanto, también de la Antigua Casa Presidencial. De momento, con la resolución del Consejo Directivo del IHAH de no instalar ninguna oficina para reservistas, parece que se ha frenado dicha iniciativa de la Ministra de Cultura de facto.

Hemos optado por reproducir la aclaración pública del IHAH íntegramente, a pesar de su extensión, dada su relevancia para el futuro del Archivo Nacional de Honduras, ubicado en la mencionada Antigua Casa Presidencial.

ACLARACIÓN PÚBLICA
En la Ciudad de Tegucigalpa, Capital de Honduras, a los dieciocho días del mes de Julio del año dos mil nueve, la Gerencia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, (http://www.ihah.hn/) al Público en General ACLARA:
Ante la información que circula en el internet sobre la posible presencia de reservistas militares que ocuparán el edificio de la Antigua Casa Presidencial, ubicado en el Centro Histórico de Tegucigalpa, se informa lo siguiente:
PRIMERO: El Edificio de la Antigua Casa Presidencial, en donde se encuentra ubicado el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH)-(que alberga el Archivo Nacional de Honduras, el Archivo Etnohistórico de Honduras y la Biblioteca del Instituto Hondureño de Antropología e Historia), es Patrimonio Cultural de Honduras y se rige por la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. (Decreto 220-97).
SEGUNDO: Según la enunciada Ley, la autoridad que oficialmente es la encargada de custodiar y administrar el edificio de la Antigua Casa Presidencial, como todo Monumento Nacional, es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) a través de su Gerente y representante legal.
TERCERO: La Gerencia del IHAH no ha recibido comunicación oficial (por escrito) departe de ninguna autoridad del Estado con respecto al papel de este Monumento Nacional, u otro, en algún caso de emergencia o en estado de normalidad de la nación.
CUARTO: Aún en el caso de una situación de emergencia Nacional o Estado de Guerra decretado legalmente, este Monumento Nacional, o cualquier otro Monumento Nacional inventariado como Patrimonio Cultural de Honduras, está bajo la protección de la Convención de la Haya de 1954, “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”. Honduras forma parte de esta Convención.
Merece, en este marco, destacar 3 Artículos de dicha Convención:
Artículo 1) En el que se establece la definición de Patrimonio Cultural y Bienes de Patrimonio Cultural que son protegidos por esta Convención.
Artículo 4) Que trata del respeto que se debe de tener a los bienes culturales en caso de conflicto armado y que literalmente expresa:
“Las altas partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como el de las otras altas partes Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción, o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad en caso de conflicto armado.
Artículo 8) inciso b, entre otros.

En los últimos años el Ministerio de Cultura hondureño había realizado importantes esfuerzos por mejorar la situación de su patrimonio cultural, esfuerzos canalizados a través de la creación del citado Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras. Por lo que respecta a los archivos públicos, se habían tomado una serie de medidas que merece la pena resaltar, entre ellas, la dotación de un nuevo equipo informático, que sustituía a los antiguos ordenadores del ANH, sin renovar desde la década de los ochenta del siglo pasado. Este proyecto que se enmarcaba dentro de una política general de facilitar el acceso al ciudadano mediante la digitalización de fondos documentales, hemerográficos, etc. A ello hemos de añadir, como ya se mencionó previamente, el traslado del Archivo Nacional en 2007 a la Antigua Casa Presidencial, que si bien se encuentra peligrosamente ubicada en la orilla del río Choluteca, cuyas terrazas inferiores se vieron afectadas por el huracán Mitch en 1998, parece reúne unas condiciones más favorables que el edificio anterior. Por último, cabe mencionar los proyectos de cooperación internacional realizados con España: en el seno de las Escuelas de Archivos para Iberoamérica, a las que han asistido Olga Maldonado y Melida Velasques, antiguas archiveras del ANH, Dilcia Valle, de los Archivos Judiciales o la propia Natalie Roque; los cursos de la AECID; el proyecto de cooperación llevado a cabo en 2008 por el Instituto Valenciano de Restauración; las asistencias técnicas realizadas por personal del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial en el sistema de archivos judiciales hondureño o la realización por parte de archiveros del Ministerio de Cultura de una asistencia técnica de una semana en el Archivo Nacional de Honduras en diciembre de 2008, en la que participé.

Concluimos. Visto lo anterior, sin entrar en más consideraciones de índole política y desde una perspectiva profesional, todo parece conducir a que la gestión realizada en los últimos años por los hasta ahora Secretario de Estado de Cultura, Artes y Deportes, Rodolfo Pastor Fascuelle, y Directora General del Libro y el Documento, Rebeca Becerra, ahora abruptamente interrumpida, pudiera caer en el más absoluto de los olvidos.

(*) Archivera del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP): MENSAJES DE LOS PRESIDENTES SALIENTE Y ENTRANTE

2009-06-24T19:56:00.009+02:00

MENSAJE DE ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA, PRESIDENTE SALIENTE DE ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP)

Madrid, 20 de junio de 2009.

El pasado 17 de mayo se han cumplido tres años de la fundación de nuestra asociación. Aquel día, una comisión gestora surgida del grupo fundador convocaba, para el día 6 de julio de 2006, la Asamblea General de socios de la que saldría la primera Junta Directiva. Sobre mí recayó la responsabilidad de la Presidencia de esa primera Junta, para los siguientes tres años, de acuerdo con nuestros Estatutos. Ese primer trienio de vida de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) llegaba a su fin ahora y procedía renovar los cargos. Así, se ha hecho en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado sábado 20 de junio.

Personalmente, he afrontado este relevo como un paso trascendental para la consolidación de la asociación, algo así como una prueba del nueve de credibilidad y viabilidad de la misma.

En estos años, aunque nuestro colectivo ha crecido lentamente, su presencia en el debate público sobre los archivos ha sido constante y su implicación en los retos fundamentales de la profesión ha sido patente, tanto en la participación en las distintas plataformas interprofesionales como en la promoción de jornadas o seminarios dedicados a los temas que consideramos claves. En paralelo, la labor desarrollada por nuestros grupos de trabajo, realizada muy discretamente, va a darnos pronto frutos tangibles, en forma de publicaciones, en temas vitales para los archivos públicos como la evaluación de la externalización de servicios profesionales en archivos o el diseño del perfil profesional de los archiveros y, asociada al mismo, la definición de contenidos de los temarios básicos de oposiciones en los procesos selectivos de archiveros de las administraciones públicas. Internamente, la consolidación institucional de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha sido total en cuanto a su régimen jurídico y a su funcionamiento de acuerdo con al Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Obviamente, estos aparentemente humildes logros han requerido de mucho trabajo, el trabajo colectivo de una Junta Directiva en la que todos sus componentes han tenido una entrega absoluta y de la que no puedo sentirme más orgulloso: Javier Díez Llamazares en la Secretaría, auténtico motor y alma de la Asociación, y nuestro representante en la Coalición Pro – Acceso; María Teresa Piris Peña, en la Tesorería, en la que los milagros no han cesado de repetirse (no hemos dejado de realizar ninguna actividad por falta de medios), y en tantos otros frentes; Fuensanta Muñoz Fernández, en la coordinación de los grupos de trabajo, en la atención de las consultas llegadas a la web y en su relación con los asociados en general; Eduardo Marchena, durante el tiempo que estuvo con nosotros, y aún después, por su impagable trabajo en nuestro sitio web, auténtico escaparate de la asociación; y, por último, Eduardo Gómez – Llera, el último en incorporarse, apoyando todos los trabajos y aportando siempre su valiosa experiencia y sus conocimientos jurídicos.

Conscientes de nuestras limitaciones, hemos tratado de unir nuestras fuerzas a otros compañeros o a otros profesionales para presionar en la consecución de objetivos comunes. Así, creamos la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, sobre la base de nuestro Manifiesto fundacional, a la que invitamos a incorporarse a todas las asociaciones y personas que compartieran nuestras demandas. Al mismo tiempo nos integramos en la Coalición Pro – Acceso embarcándonos en el principal grupo de presión de la sociedad civil en demanda de una Ley de Libertad de Información y de Acceso a los Documentos Oficiales.

Siempre hemos querido hacer nuestra labor con la máxima transparencia, abriendo nuestras asambleas a todo el que quisiera acudir a ellas y ofreciendo nuestros documentos y convocatorias no sólo en nuestra web, sino también en un blog, pionero por cierto en nuestras asociaciones españolas de archiveros. El blog siempre ha recibido los comentarios con satisfacción por lo que suponían de confirmación de que nuestros proyectos e iniciativas eran seguidos. Sin embargo, somos conscientes de que más de uno de estos seguidores, amparado en el anonimato, ha intentado utilizar nuestra herramienta para atacarnos. No nos ha hecho cambiar de criterio: seguiremos con el blog abierto a todo comentario y procuraremos contestar con argumentos a las críticas.

Sí que hemos de reconocer que, en este afán de aunar esfuerzos en defensa de archivos y archiveros, no hemos conseguido todos los objetivos propuestos. Así, aunque desde nuestra constitución intentamos dejar claro que no nacíamos contra ninguna asociación, sino que buscábamos cubrir una parte del espacio asociativo que estaba yerma, la realidad es que por algunos de nuestros colegas no siempre fuimos recibidos con agrado. Afortunadamente, hemos observado también respeto y aceptación en otros; de esta manera, hemos podido establecer una línea cordial de trabajo y colaboración con algunas asociaciones como la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), donde siempre hemos encontrado compañeros y colegas receptivos y abiertos a debatir propuestas profesionales.

Recordemos que nuestra aparición en el mundo asociativo en algún caso fue calificada como plataforma personal de Antonio González Quintana y de otros “agraviados” para hacer oposición al Ministerio de Cultura. Y aquí sí que hemos encontrado un muro infranqueable, el muro del recelo que percibimos entre los seguidores acríticos de las siglas de los partidos o entre los funcionarios agradecidos por los favores recibidos -o los que pretenden alcanzarlos-. Sin la superación de esa dependencia en el actuar, cualquier acercamiento a esos colectivos será difícil para nosotros; debemos resignarnos, sobre todo, cuando de criticar a sus pagadores o favorecedores se trate. Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) no va entrar en el terreno del seguidismo político, aunque tengamos que quedarnos solos o aunque tengamos que seguir sufriendo represalias (serán menores en la medida en que seamos capaces de denunciarlas y enfrentarlas unidos). A lo que no nos resignaremos es a tener que guardar silencio cuando algo nos parezca criticable, del mismo modo que estaremos encantados de apoyar las políticas archivísticas o las actuaciones que consideremos correctas para los intereses de archivos, archiveros y usuarios. A lo que no estamos dispuestos a renunciar es a la libertad de expresión y a ejercer nuestra libertad de asociación sin ser discriminados por ello.

Nuestra asociación optó desde el comienzo de su andadura por no acudir a la convocatoria de subvenciones públicas de ningún tipo y por financiar sus actividades con sus exclusivos medios. No porque no ambicionemos una mayor capacidad financiera para desarrollar ambiciosos proyectos, sino porque somos conscientes de que el papel de los archivos públicos en la transparencia administrativa o en la defensa de los derechos ciudadanos no encuentra, salvo en casos excepcionales, el apoyo entusiasta de los gobernantes. De ahí que tengamos que ser independientes de ellos, para buscar, con la sociedad civil, el objetivo común de que los archivos sean ese instrumento participativo que las sociedades democráticas demandan. Si hacemos extensiva esa utilización a los documentos electrónicos, al control, custodia y disponibilidad de los mismos, esa necesidad queda aún mucho más clara. En suma, queremos vivir alejados de lo que podríamos llamar asociacionismo de pesebre, ese que vive por y para el poder: vive por sus subvenciones y vive para dar palmas cuando los políticos que lo pagan son llamados a escena.

La elección de la nueva Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), presidida a partir de este sábado 20 de junio por Rosana de Andrés Díaz, es el colofón de una primera etapa difícil pero prometedora. Conociendo a los miembros de la nueva Junta Directiva estoy convencido, tanto por su capacidad intelectual y su experiencia profesional como por su calidad humana, de que la asociación va a crecer y a madurar en los próximos meses. Las ideas que los nuevos responsables han presentado en la Asamblea, en su programa de trabajo para los próximos tres años, son brillantes y cautivadoras y han recibido el apoyo unánime de todos los socios.

Desde estas líneas de recapitulación, sólo me queda desear los mayores éxitos a la nueva Junta Directiva y a su presidenta, agradecer a todos los socios el apoyo y el cariño que me han manifestado a lo largo de todo este tiempo y manifestarles que a partir de este momento, ya como simple socio de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), me tienen a su completa disposición para ayudarles en cualquier iniciativa que desarrollen.

Antonio González Quintana

Ex-Presidente y socio de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

MENSAJE DE ROSANA DE ANDRÉS DÍAZ, NUEVA PRESIDENTA DE ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP)

Madrid, 20 de junio de 2009.

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Presidente y a la Junta Directiva saliente, que han liderado nuestros proyectos e inquietudes con tanto entusiasmo y dedicación. Podemos decir que ha cristalizado un proyecto que, aunque concebido hace casi dos décadas, iniciaba su andadura hace tres años. Han sido tres años muy fructíferos, de trabajo en equipo, en los que se ha demostrado que no estábamos equivocados en nuestros objetivos y que, indudablemente, tenemos un terreno de actuación enorme. Desde el mismo momento de su nacimiento, nuestra asociación ya constituyó un éxito solamente por su razón de ser. Pretendemos llenar un vacío en el que hay mucho por hacer.

La nueva etapa que iniciamos es en realidad una continuación en las líneas de trabajo emprendidas y desarrolladas hasta ahora. Queremos consolidar los proyectos en marcha y abordar otros nuevos. Pretendemos actuar con la misma impronta de transparencia en nuestras actuaciones con la que ha actuado la anterior Junta Directiva y también con la misma paciencia al explicar las razones estrictamente profesionales de nuestras posiciones a aquellos que no las han comprendido o las consideran influidas por coyunturas circunstanciales. El paso del tiempo pone siempre las cosas en su sitio. Por eso, nosotros seguimos como desde un principio a lo nuestro: los archivos públicos y los archiveros de la Función Pública.

En cuanto a los nuevos proyectos que deseamos abordar, tienen un denominador común: nuestra máxima es llegar a la Administración y a los funcionarios, a los funcionarios de todos los niveles, directivos y de a pie, para que nadie pueda decir “no sé qué hacen los archiveros”, “no sé cómo solucionar el problema del archivo”, “esto no me concierne”, “no sé a quién dirigirme”, etc.

Conocemos a los funcionarios, tenemos experiencia en el contacto con ellos, sabemos cómo dialogar con ellos porque sabemos cuáles son los condicionantes en los que se mueven. Hay que sensibilizarlos sobre los archivos para que adquieran buenos reflejos al respecto.

En este sentido, creo que debemos encontrar las vías para comunicarles criterios y razones que superen la percepción habitual de las Administraciones Públicas sobre qué somos y qué papel podemos desempeñar, por ejemplo, en la implantación de la Administración electrónica. Hemos comenzado los trabajos de elaboración de un informe sobre el papel de los archiveros en la Administración electrónica. En aras de la transparencia, eficacia y calidad de los servicios públicos, y de la garantía adecuada de los derechos y deberes de la Administración y de los ciudadanos, es necesario reconducir y plantear en sus justos términos el papel de los archivos y los archiveros en las políticas públicas de información y, dentro de ellas, en los sistemas de gestión de documentos de archivo. Este informe trata de centrar la necesidad de incluir la información archivística en los sistemas de información pública (objetivo, definiciones, análisis de la situación actual, competencias profesionales de los archiveros, propuestas de solución, plan de actuaciones prioritarias, etc.).

Como hemos dicho anteriormente, junto con la continuidad de las líneas puestas en marcha por la anterior Junta Directiva, nos proponemos estudiar y comenzar el debate sobre los siguientes puntos:
-El planteamiento de una oferta formativa y de sensibilización sobre la importancia de los archivos públicos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
-El desarrollo de contactos con los Departamentos de Historia Contemporánea de las universidades para que conozcan los archivos y los fondos documentales que albergan.

Por todo eso, nos dirigimos a todos nuestros socios y proponemos que con vuestras aportaciones, opiniones y sugerencias vayamos redondeando el proyecto y los diferentes elementos que lo componen. Como Presidenta, agradezco de antemano vuestro apoyo.

A todos aquellos que trabajan en los archivos públicos, les invitamos a conocernos y, sobre todo, a que piensen que resulta muy poco útil lamentarse de la situación y no unir sus esfuerzos para solucionarla. Conviene no recrearse en el pesimismo que reflejaban aquellos versos de Góngora: “... oscuro todo, el designio, la fabrica y el modo...”. Podemos hacer mucho y haremos más si aunamos fuerzas.
De nuevo, y por último, reiteramos nuestro agradecimiento a Antonio González Quintana, con el que seguimos trabajando codo con codo, y hago mías sus palabras de agradecimiento a los que han colaborado con él en la anterior Junta Directiva.

Rosana de Andrés Díaz

Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE AEFP

2009-06-21T13:12:00.002+02:00

La Asamblea General Extraordinaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha elegido a los nuevos miembros de su Junta Directiva en las elecciones celebradas el pasado 20 de junio de 2009.

Junta Directiva
En el proceso electoral celebrado el pasado sábado, 20 de junio de 2009, han resultado elegidos los siguientes socios como miembros titulares del órgano directivo de nuestra Asociación:
-Dª Rosana de Andrés Díaz, PRESIDENTA.
-Dª María Teresa Piris Peña, VICEPRESIDENTA - TESORERA.
-Dª Alejandra Gil de Gandarillas, SECRETARIA.
-D. Javier Díez Llamazares, VOCAL.
-Dª Ana Laviña Rodríguez, VOCAL.

Para más información, podéis acudir a nuestro sitio web.

LA RESPUESTA DEL TERROR A LA APERTURA A LA CONSULTA DEL ARCHIVO DE LA POLICÍA NACIONAL DE GUATEMALA

2009-03-31T21:02:00.002+02:00

Antonio González Quintana

El pasado 24 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Guatemala la presentacióndel informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala "El derecho a Saber", sobre los datos proporcionados por el Archivo de la Policía Nacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante los años del denominado *Conflicto Armado Interno*. El mismo día de la presentación del informe se abrieron a la consulta pública los fondos digitalizados del archivo, mediante el SEREVIDH (Servicio de Referencias sobre Violaciones de Derechos Humanos), de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, y pocos días antes se publicaba el reglamento que regula el acceso a este servicio. El SEREVIDH cuenta con las bases de datos y los instrumentos de descripción elaborados por el Proyecto de Recuperación del Archivo de la Policía Nacional y con las imágenes digitalizadas en el marco del mismo, correspondientes en su mayor parte a los años que van de 1975 a 1985, que en la actualidad suponen casi el 10% del volumen de documentos del archivo y un volumen absoluto de unas 7.500.000 imágenes. El día de la presentación del informe fue el caos en ciudad de Guatemala. Hubo asesinatos de conductores de autobuses y de civiles viajando en ellos, además de otros múltiples ataques a medios de transporte sin resultado de muertes, que bloquearon la ciudad de Guatemala y sembraron la confusión. Corrieron todo tipo de rumores. Finalmente, el presidente Colom hizo una comparecencia pública alertando sobre una escalada de violencia planificada y orientada a crear un clima de desorden y pánico. Ninguno de los que acudimos al acto de la mencionada presentación pudo evitar pensar que todo aquello tenía relación con la presentación del informe y la apertura del archivo. El acto en sí estuvo cargado de emoción y se vivió con enorme expectación de público y medios. Estuvieron presentes todos los poderes del Estado a través de sus máximos representantes (excepto el ejecutivo, que envío al Vicepresidente en sustitución del Presidente, que al final no pudo acudir por su conferencia de prensa relacionada con los acontecimientos violentos reseñados). Al día siguiente, nos despertábamos con la noticia del secuestro de la esposa del Procurador de los Derechos Humanos. Afortunadamente, fue liberada tras doce horas de cautiverio en las que fue sometida a torturas, vejacionesy malos tratos, hasta dejarla abandonada en la calle. Los monstruos andan sueltos. Como sucedío en Argentina con la desaparición de Julio López -testigo en el primer juicio contra los torturadores de la dictadura una vez anuladas las leyes de punto final y obediencia debida- estas son las típicas respuestas de los matones que los criminales usan para amedrentar a la sociedad y pretender seguir viviendo en la más absoluta impunidad. Confiemos en que no lo consigan. Dar a conocer en nuestros países lo que está pasando en Guatemala, divulgarlo cuanto sea posible, puede ayudar a quienes allá se afanan por conocer la verdad y exigir justicia. Tenemos que seguir apoyando el proyecto de Recuperación del Archivo de la Policía Nacional, defendiendo, como archiveros, lo que nos parezca más adecuado para el mismo. Eso sí, sin perder de vista que quienes tienen que lidiar todos los días con las fieras son los guatemaltecos; y esta visto que se juegan mucho.

DOCUMENTACIÓN Y RESUMEN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS I JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

2009-03-20T22:11:00.021+01:00

Ponemos a disposición de todos nuestros colegas, a través de nuestro sitio web, las presentaciones y ponencia cedidas por los ponentes que participaron en las I Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas los pasados días 25 y 26 de febrero de 2009, asi como el audio de las mismas en formato MP3.

Junta Directiva
Los pasados días 25 y 26 de febrero de 2009 han tenido lugar las I Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales organizadas por Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), en colaboración con la Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC), la Cátedra Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid y la Embajada de los Estados de Unidos de América en Madrid.

El 25 de febrero, primer día de las jornadas, celebramos el comienzo de las jornadas con un breve acto de inauguración en el que estuvieron presentes: Antonio González Quintana, Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP); Severiano Hernández Vicente, Subdirector General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura; Luis Enrique Otero Carvajal, Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid; y Julio Aróstegui Sánchez, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Además, contamos con la presencia de Mercedes Molina Ibáñez, Decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Durante este mismo acto, Severiano Hernández Vicente nos adelantó algunas de las pautas que el Ministerio de Cultura pretende seguir en la elaboración del futuro proyecto de ley de archivos. Este mismo día pudimos escuchar las intervenciones de Severiano Fernández Ramos, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, y Eva Moraga Guerrero, Abogada y Directora de Proyectos de Access Info Europe, que nos proporcionaron una visión general de la situación española y a nivel europeo en lo que respecta a la necesidad e importancia de una ley que regule el acceso a los documentos y a la información en España.

El 26 de febrero pudimos, segundo y último día, pudimos escuchar a Emilene Martínez Morales, Transparency Programas Coordinator de The National Security Archive (EE.UU.), que nos mostró numerosos ejemplos de como se articula el acceso en los Estados Unidos de América a la luz de la aplicación de la Freedom of Information Act (FoIA).
A continuación, pudimos escuchar las intervenciones de Rosana de Andrés Díaz, Jefa de Área de Coordinación de Archivos y Gestión Documental del Ministerio del Interior, y Eduardo Gómez-Llera García-Nava, Director del Archivo Histórico Provincial de Segovia, que nos presentaron algunas de las dificultades y retos a los que se enfrentan los archiveros de las administraciones públicas a la hora de aplicar el derecho de acceso a los documentos públicos y oficiales. Finalmente, Antonio González Quintana, Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), realizó una intervención en el que resaltó el panorama de los archivos militares en relación con la regulación del secreto oficial y los problemas de acceso físico a algunos archivos concretos, como los judiciales militares.

NOTA: Las presentaciones, ponencia y audios MP3 (os advertimos que los audios están alojados en un servidor externo de descarga indirecta) de estas jornadas están disponibles en nuestro sitio web, dentro del apartado del programa de las jornadas, a disposición de todos los internautas. Todavía no se encuentran todos disponibles, cuando así lo estén os lo anunciaremos a través de la lista de distribución ARXIFORUM.

SOLIDARIDAD CON COLONIA

2009-03-06T20:28:00.009+01:00

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) quiere hacer pública esta nota de prensa, mostrando su condolencia con sus colegas archiveros alemanes y con la propia ciudad de Colonia por la catástrofe ocurrida en el Archivo Histórico de esta ciudad.

Junta Directiva

Madrid. 6 de marzo de 2008.

La Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) desea mostrar su condolencia a la ciudad de Colonia y muy en particular a los archiveros y trabajadores del Archivo Histórico de la Ciudad por el hundimiento de su edificio. Compartimos igualmente la preocupación por el destino de las personas dadas por desaparecidas en tan trágico suceso y deseamos fervientemente que sean localizadas con prontitud, con nuestro deseo de que no se lleguen a confirmar daños personales de importancia.

En el orden material, y al margen del recordatorio que este episodio nos ofrece sobre la importancia de las políticas preventivas y la necesidad de planes de prevención de catástrofes en las instituciones archivísticas, queremos ofrecer nuestro modesto apoyo a las labores de recuperación de documentos que el gobierno municipal y la comunidad archivística alemana afronten en los próximos días, cuando sea posible hacer un balance detallado de las pérdidas y una vez hayan sido valoradas las posibilidades de recuperación de los documentos afectados por la catástrofe.

La Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Descargar nota de prensa

CELEBRACIÓN DEL II CONGRESO MUNDIAL SOBRE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

2009-01-24T18:41:00.001+01:00

Este II Congreso Mundial, bajo el título "Aspectos tecnológicos", tendrá lugar del 13 al 15 de mayo de 2009 en Santo Domingo y en su organización colaboran importantes archiveros e instituciones archivísticas iberoamericanas.

Para más información, podéis acudir al sitio web de la Fundación Ciencias de la Documentación.

Fuente: Fundación Ciencias de la Documentación

CELEBRACIÓN DE LAS I JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

2009-01-24T16:42:00.003+01:00

Bajo el título "Los límites del secreto oficial", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza estas jornadas técnicas que tendrán lugar los próximos días 25 y 26 de febrero de 2009.

Junta Directiva
Nos proponemos suscitar en estas I Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales las siguientes preguntas: ¿cuáles deben ser los límites del secreto oficial?, ¿en qué situación se encuentra la legislación española con respecto al derecho de acceso y en comparación con la de otros países? o ¿qué supone para la gestión de los archivos y para sus profesionales el derecho de acceso? En definitiva, nos planteamos el acceso a los documentos de los poderes públicos como un derecho de los ciudadanos.

Fechas de celebración: 25 y 26 de febrero de 2009.
Lugar de celebración: Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Edificio B. C/Profesor Aranguren, s/n - Ciudad Universitaria (Madrid).
Accesos: Metro (Línea 6 - Ciudad Universitaria) y Autobuses urbanos de la EMT (Líneas F y G).
Características: Jornadas de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Se expedirá diploma/certificado de asistencia previa inscripción (nº máximo de plazas: 75). Para realizar la misma, se deberá rellenar el boletín electrónico de inscripción (http://www.aefp.org.es/NS/Servicios/Alta_JC_g.html).
Horario: De 17 a 20 horas.

Para más información, podéis acudir a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de estas jornadas.

NUEVA DIRECCIÓN POSTAL DE AEFP Y LA PLATAFORMA

2009-01-05T22:21:00.003+01:00

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) y la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos cuentan con una nueva dirección postal.

Junta Directiva
Os comunicamos que desde hoy, 5 de enero de 2009, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) y la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos cuentan con una nueva dirección postal en la que vamos a centralizar todo el correo ordinario dirigido a las mismas. Si deséais comunicaros con nosotros o con la Plataforma debéis escribir a:

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)
Apartado de Correos nº 54
28080 - Madrid (MADRID)

Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos
Apartado de Correos nº 54
28080 - Madrid (MADRID)

ZAPATERO SE COMPROMETE A APROBAR UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2008-10-07T20:31:00.005+02:00

ACCESS INFO EUROPE da la bienvenida al anuncio y hace un llamamiento al Gobiernopara que la elaboración de la ley sea un proceso abierto y transparente en el que la sociedad civil participe activamente.

El Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy en la clausura de la 64 Asamblea de la Sociedad Interamericanade Prensa (SIP) en Madrid que su Gobierno aprobará “una nueva ley que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España". No ha ampliado más detalles sobre el contenido de esta ley por el momento.

Access Info recuerda que este compromiso del Gobierno socialista ya se recogió en sus programas electorales de 2004 y 2008. Dado que España es uno de los pocos países en Europa que no tienen una ley específica de acceso a la información y que la normativa actual tiene serias carencias como muestra el informe “Cuando lo público no es público” (1) publicado la semana pasada, su aprobación debería ser una prioridad.

Esta ley debería respetar los principios fundamentales del derecho de acceso aceptados a nivel internacional. Estos principios son los que promueve la Coalición Pro Acceso (http://www.proacceso.org/), una plataforma de 23 organizaciones que defiende el reconocimiento pleno de este derecho en nuestro país. El proceso de elaboración de la ley debería ser transparente y participativo.

Más información en: http://www.access-info.org/.

(1) El informe “Cuando lo público no es público. ¿Por qué se necesita una ley de acceso a la información pública en España?” se publicó la semana pasada y se puede encontrar en: http://www.access-info.org/data/File/CUANDO%20LO%20PUBLICO%20NO%20ES%20PUBLICO%20Def.doc.

Fuente: Access Info Europe (NOTA DE PRENSA: 07/10/2008)

INFORME "CUANDO LO PÚBLICO NO ES PÚBLICO. ¿POR QUÉ SE NECESITA UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA?"

2008-10-03T17:53:00.004+02:00

“Pero ¿esa información se puede dar a personas normales?” - Ministerio de Fomento
"Dar esa información a particulares “resulta desaconsejable” - Ministerio del Interior
"Presente su escrito pero esa información no se le va a dar” - Ministerio de la Presidencia

INFORME “CUANDO LO PÚBLICO NO ES PÚBLICO”
La situación no mejora. A falta de ley y de voluntad en las instituciones los ciudadanos siguen sin recibir la información que necesitan.

El día 1 de octubre ACCESS INFO EUROPE publica un nuevo informe sobre los resultados del seguimiento de cuarenta solicitudes realizadas a más de veinte instituciones en España en el último año. El 78% no recibió la información solicitada.

El informe “Cuando lo público no es público” desvela las respuestas insólitas e inadmisibles que la Administración da a las solicitudes de información que los ciudadanos le presentan. En este estudio se analizan también las carencias de la normativa española actual y las prácticas restrictivas de la Administración que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.

Ministerios que se callan cuando se les pregunta si se ha adaptado a derecho español el Convenio para la lucha contra la corrupción (Ministerio de Justicia); o que se niegan a dar información sobre el número de inmuebles de su propiedad vendidos en el 2007 (Ministerio de Defensa). Funcionarios que preguntan “pero ¿esa información se puede dar a personas normales?” cuando se les pide información sobre las reuniones de la Ministra con grupos externos de interés (Ministerio de Fomento); o que cuando se les pregunta sobre el número de días que el Presidente del Gobierno estuvo fuera del país el año pasado dicen por teléfono “presente su escrito pero esa información no se le va a dar” (Ministerio de la Presidencia). Ayuntamientos que rehúsan escritos al Alcalde y los devuelven sin abrir aunque contengan un recurso(Ayuntamiento de Madrid). Todas éstas son algunas de las turbadoras respuestas que la Administración da para denegar la información.

Eva Moraga, autora del informe, comenta: “la mayoría de las razones dadas por las instituciones para no facilitar los datos no están en consonancia con los principios internacionales del derecho de acceso a la información pública y con la práctica de otros países de la Unión Europea”. Y añade: “La ausencia de una ley específica de acceso a la información pública facilita este tipo de comportamiento por parte de la Administración".
Argumentos paternalistas se entremezclan con el silencio absoluto o con respuestas con motivaciones sorprendentes ancladas en los obstáculos de nuestra normativa actual y en la tradición oscurantista de la Administración. Access Info Europe hace un llamamiento al Gobierno para que cumpla su compromiso electoral de aprobar una ley que acabe con este tipo de situaciones y reconozca plenamente el derecho de toda persona a acceder en condiciones de igualdad a toda información en poder de las instituciones públicas.

Puedes encontrar el informe completo en: http://www.access-info.org/data/File/CUANDO%20LO%20PUBLICO%20NO%20ES%20PUBLICO%20Def.doc.

También puedes ver el cuadro de todas las solicitudes en: http://www.access-info.org/data/File/Cuadro%20Solicitudes%20AIE%20prensa%20def.pdf

Más información en: http://www.access-info.org/

Access Info Europe es una organización de derechos humanos, dedicada apromover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa y acontribuir al desarrollo de este derecho a nivel mundial. Conformada por expertos en acceso a la información europeos einternacionales, Access Info Europe trabaja para impulsar los más altosestándares de transparencia en el gobierno y otros organismos públicos, asícomo para promover el acceso a la información en poder de entidades privadascuando es necesaria para la protección de derechos fundamentales. Entre sus múltiples actividades, Access Info Europe presta asesoría jurídicaa todos aquéllos que encuentren dificultades a la hora de intentar conseguirinformación en manos de todas las administraciones y poderes públicos.

Fuente: Access Info Europe (NOTA DE PRENSA: 01/10/2008)

RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VARIAS SECCIONES DE NUESTRO SITIO WEB (II)

2008-08-02T16:51:00.002+02:00

El sitio web de (Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) pone a disposición de la comunidad archivística dos nuevas secciones (Cursos de formación y Jornadas/Congresos).

Junta Directiva
Dentro del proceso de renovación y actualización de nuestro sitio web, se ha puesto a disposición de todos vosotros dos nuevas secciones (Cursos de formación y Jornadas/Congresos). En ellas, se irán anunciando los diferentes cursos de formación y jornadas o congresos que nuestra Asociación organice.

Más información en nuestro sitio web: http://www.aefp.org.es

RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VARIAS SECCIONES DE NUESTRO SITIO WEB

2008-07-28T15:25:00.003+02:00

El sitio web de (Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) pone a disposición de la comunidad archivística dos nuevas secciones (Empleo público e Histórico de noticias) y otra sección renovada y actualizada (Documentos).

Junta Directiva
Dentro del proceso de renovación y actualización de nuestro sitio web, se ha puesto a disposición de todos vosotros dos nuevas secciones (Empleo público e Histórico de noticias). Asimismo, se ha reestructurado y actualizado la antigua sección de Documentos profesionales (ahora denominada Documentos), la cual figura ahora dentro del área de Servicios con una información más amplia.

Más información en nuestro sitio web: http://www.aefp.org.es

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODELO DE OPOSICIONES PARA EL ACCESO AL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS DEL ESTADO

2008-07-12T13:52:00.002+02:00

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) presenta ante la comunidad archivística profesional su propuesta de temario y modelo de oposiciones para el acceso al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos)

Junta Directiva
Fruto del trabajo realizado por uno de los grupos de trabajo que se constituyeron en el momento de la fundación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), se presenta ante la comunidad archivística profesional nuestra propuesta de modelo de oposiciones para el acceso al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos) de la Administración General del Estado. Asimismo, hemos presentado esta misma propuesta al nuevo Subdirector general de los Archivos Estatales, D. Severiano Hernández Vicente.

Una de las preocupaciones de nuestra Asociación, reflejada en nuestro Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos, es la ausencia de una titulación académica que homologue a los archiveros. Por ello, nuestra opinión como asociación es que, sin renunciar a esa deseada titulación específica, la profesión se vaya consolidando a partir de un amplio consenso sobre los conocimientos y competencias que los profesionales de los archivos deben poseer. Los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos o escalas funcionariales de archiveros pueden empezar a marcar esa pauta. Por estas razones, proponemos un debate abierto entre administraciones públicas, archivos y asociaciones de archiveros sobre esos contenidos. Por todo ello, dentro del ámbito de la Administración General del Estado, hemos elaborado y aprobado la propuesta que os presentamos, que ofrecemos para iniciar el referido debate.

Con todo ello, creemos que no ha concluido nuestra labor en el campo de la función pública; por lo que es nuestro objetivo elaborar, a corto o medio plazo, propuestas similares para el resto de los cuerpos o escalas de archiveros de la Administración General del Estado: el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección Archivos) y la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura (Sección Archivos).

El texto de la propuesta de temario y modelo de oposiciones para el acceso al Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado os lo podéis descargar de nuestro sitio web (http://www.aefp.org.es/).

NUESTRO MANIFIESTO VUELVE DE NUEVO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

2008-07-08T19:01:00.006+02:00

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-ICV, ha vuelto a presentar la misma Proposición no de Ley que, basándose en nuestro Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos, presentó la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados.

Junta Directiva

Nos congratulamos que, de nuevo, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-ICV haya vuelto a presentar la Proposición no de Ley nº 162/000018 sobre la conservación y defensa de los archivos públicos, cuyo texto es similar al de la Proposición no de Ley nº 162/000587 que presentó en la pasada legislatura el entonces Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-ICV. Esperamos que, esta vez sí, pueda ser discutida en el Pleno del Congreso de los Diputados por parte de todos los grupos políticos.

Los textos de las Proposiciones no de Ley nº 162/000018 (IX Legislatura: 2008-presente) y 162/000587 (VIII Legislatura: 2004-2008), así como de nuestro "Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos" (en sus versiones amplia y reducida), os los podéis descargar de nuestro sitio web: http://www.aefp.org.es/.

ACTUALIZADA LA SECCIÓN DE "DOCUMENTOS PROFESIONALES" DE NUESTRO SITIO WEB

2008-06-20T17:54:00.002+02:00

La sección de Documentos profesionales del sitio web de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha sido actualizada con la inclusión de las últimas normas surgidas en nuestro ámbito profesional.

Junta Directiva
Os invitamos a visitar la sección de Documentos profesionales de nuestro sitio web. Hemos procedido a poner a vuestra disposición los últimos documentos de interés para toda la comunidad profesional. Dentro del mismo, podréis encontrar las últimas normas aprobadas por el Consejo Internacional de Archivos, la primera versión de la NEDA, la norma catalana NODAC o la versión preliminar de la norma descriptiva gallega NOGADA.

Más información en nuestro sitio web: http://www.aefp.org.es

LA IMPORTANCIA DE UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LOS ARCHIVOS

2008-06-18T18:18:00.002+02:00

"¿Por qué es importante una ley de acceso a la información para los archivos de las Administraciones Públicas y los archiveros que los sirven?"

Junta Directiva

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), como miembro de la Coalición Pro-Acceso (agrupación de entidades, instituciones y ciudadanos que abogan por la aprobación de una ley de acceso a la información, explica, a través de este artículo, por qué es importante y necesaria una ley de este tipo para los archivos y los archiveros de las administraciones y organismos públicos. Y, en definitiva, para el buen servicio que debemos prestar a los ciudadanos como unidades administrativas que gestionan documentos generadores de derechos.

El texto de este artículo os lo podéis descargar aquí: Artículo sobre la importancia de una ley de acceso para los archivos públicos.

PARTICIPACIÓN DE "AEFP" EN LA MESA REDONDA "POR UN COLEGIO OFICIAL"

2008-06-01T15:50:00.004+02:00

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) participó, el pasado 29 de mayo, en la mesa redonda titulada "Por un Colefio Oficial" que tuvo lugar dentro de las XVII Jornadas de Archivos Municipales de Madrid.

Junta Directiva

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) estuvo presente, como asociación profesional que ha manifestado su opínión contraria a la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid, a través de su Presidente, D. Antonio González Quintana, en la mesa redonda que al efecto de tratar esta iniciativa tuvo lugar en el marco de las XVII Jornadas de Archivos Municipales de Madrid el pasado 29 de mayo. Durante su celebración, nuestra Asociación tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos contrarios a la creación de este Colegio, así como de debatir acerca de la formación profesional universitaria de los archiveros.

Texto del comunicado oficial de la Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) sobre la posible creación del Colegio Oficial en Madrid: http://www.aefp.org.es/PDF/Comunicado_Colegio_ABD_Madrid.pdf.

Ante la posible creación de un Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas en Madrid...

2008-05-21T17:07:00.006+02:00

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP) EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN COLEGIO OFICIAL DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Junta Directiva

Madrid, 19 de mayo de 2008.

La Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) quiere hacer pública su opinión contraria a la propuesta de creación de un Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas en la Comunidad de Madrid.

Consideramos, en primer lugar, que, en caso de prosperar, esta iniciativa supondría un retroceso importante para los archiveros en su avance hacia el reconocimiento social de la nuestra como una profesión independiente de cualquier otra. Porque la existencia de este colegio interdisciplinar, en realidad interprofesional, potenciaría la idea de que existe una familia común de ciencias de la documentación en la que estaría incluida la archivística, concepción que nuestra asociación no comparte.

En el camino hacia la consolidación de la profesión de archivero, un título académico universitario en archivística, por el que las asociaciones de archiveros llevamos años abogando, supondría un paso adelante esencial. Por el contrario, la integración de los diplomados en Biblioteconomía y Documentación o de los licenciados en Documentación en un colectivo mixto, en el que esas titulaciones avalaran la pertenencia al colegio, no ayudaría a avanzar en la referida consolidación profesional. Hemos de recordar que la legislación sobre colegios profesionales exige, como requisito básico para la creación de un colegio, que haya una titulación académica que acredite la solvencia de los colegiados; y entendemos que los promotores del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid piensan en el título de diplomado en Biblioteconomía y Documentación o de licenciado en Documentación como el título a exigir a sus integrantes.

En segundo lugar, la colegiación sólo puede pretender ordenar el ejercicio liberal de la profesión, de modo que sólo puedan ejercer como archiveros, bibliotecarios o documentalistas quienes estén previamente colegiados. Esta medida, beneficiosa, obviamente, para quienes con un título en la mano pretendan acceder a la contratación de sus servicios sin la desleal competencia de intrusos podría producir la paradoja de que los auténticos intrusos –eso sí, con patente profesional acreditativa— llegaran a ser los propios colegiados: porque podrían llegar a trabajar como archiveros, sin la mínima preparación exigible, colegiados que fueran contratados en cualquiera de los cientos de contratos que los archivos y organismos públicos en general suscriben actualmente con empresas de servicios o con autónomos en la ascendente dinámica de externalización de servicios que vive la Función Pública. Y es que el bagaje de conocimientos que los diplomados en Biblioteconomía y Documentación así como los licenciados en Documentación tienen a la finalización de sus estudios, a pesar de tener unos programas amplios y ambiciosos y sin prejuzgar la valía académica o intelectual de estos para el desarrollo de otras profesiones, es claramente insuficiente para realizar la mayor parte de los trabajos que ha de hacer un archivero.

Sin embargo, nuestra sociedad adolece de vías adecuadas para el aprendizaje y la adquisición de las capacidades que van a ser demandadas de los archiveros y, en última instancia, a pesar del déficit estructural de archiveros que presentan nuestras administraciones públicas, con frecuencia, la oferta de plazas no puede ser cubierta en su totalidad por falta de opositores en condiciones de superar los procesos selectivos.

El presente debate sobre el colegio profesional nos da la oportunidad de reflexionar sobre esta realidad, que no puede seguir siendo ignorada. Porque, además, presenta el caldo de cultivo ideal para el fomento de la endogamia en la profesión (las enseñanzas se obtienen en el entorno familiar o de amistad) cuando no del negocio en torno a la formación de los archiveros en marcos muy exclusivos e inaccesibles por su coste para la mayor parte de los ciudadanos.

Para superar esta situación, la definición clara de lo que se espera y se exige de un archivero público y, por tanto, de las capacidades y conocimientos mínimos que debe tener, sería un primer paso adelante. Consensuados y asentados entre instituciones archivísticas y asociaciones profesionales los conocimientos exigibles a los archiveros y dotándoles de una mínima estabilidad en el tiempo, sería mucho más fácil construir alternativas docentes y formativas estables y no sometidas a los cambios de rumbo coyunturales, derivados de la alternancia política fundamentalmente, pero guiados en algunas ocasiones sólo por intereses económicos.

Desde Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) confiamos en que el debate sobre el perfil profesional del archivero nos ayude a separar el grano de la paja a la hora de diseñar los temarios de oposiciones; pues, en algún ejemplo, sólo la lectura de los enunciados de los temas nos muestra tal panoplia de conocimientos exigidos que nos acercaríamos más al funcionario polivalente, mezcla de documentalista, bibliotecario y archivero, experto tanto en letras antiguas como en lenguajes documentales y en tecnologías de la información y de las comunicaciones, que al archivero como profesional consciente de sus responsabilidades en la gestión de documentos que testimonian las actividades del organismo para el que trabajan, incluidas la custodia, la valoración, la selección, la descripción y la disposición de los documentos. En el caso de los organismos públicos, estas responsabilidades están íntimamente ligadas al ejercicio de los derechos ciudadanos y a la garantía de un funcionamiento transparente de las administraciones y los poderes públicos, lo que convierte a los archivos en elementos esenciales del Estado democrático.

Lo que pueden y deben plantearse las instituciones archivísticas es que si necesitan, como parece evidente, documentalistas para sus centros de archivo, los incorporen a sus plantillas para hacer, precisamente, de documentalistas: para explotar y difundir la información lo más y mejor posible, ya que son expertos en esas técnicas. Pero, estamos ante cosas distintas, seamos conscientes de ello.

La Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

*El texto del comunicado os lo podéis descargar desde el siguiente enlace: http://www.aefp.org.es/PDF/Comunicado_Colegio_ABD_Madrid.pdf

INVITACIÓN AL FORO "EL DERECHO A SABER. POR UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA"

2008-01-14T19:56:00.000+01:00

En algunos países de nuestro entorno no sólo los periodistas sino cualquier ciudadano puede solicitar con una simple llamada de teléfono que se le remita listado de todos los contratos realizados por un organismo público durante un período de tiempo y la Administración tiene la obligación de contestar de forma inmediata o en un plazo no superior a 14 días de media.

¿Qué es lo que ocurre en España para que esta situación nos suene a utópica o ciencia ficción? ¿Por qué España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley específica de acceso a la información pública que regule este derecho en toda su extensión?

En este foro tendremos la oportunidad de conocer cómo se concibe en otros países de nuestro entorno el acceso a la información pública así como los modos en que los periodistas de otros países europeos están utilizando la legislación de acceso en su trabajo diario y la revolución periodística que ha supuesto la introducción de estas normativas en esos países.

Ponentes:

· Brigitte Alfter. Periodista - Wobbing Europe
· Helen Darbishire. Directora de Access Info Europe
· Soledad Gallego. Periodista – El País
· Manuel Sánchez de Diego. Profesor de Derecho Constitucional. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

Moderadora:

· Eva Moraga. Abogada. Access Info Europe

La Coalición Pro Acceso (http://www.proacceso.org) es una plataforma formada por un grupo de 18 organizaciones de la sociedad civil (entre las cuales se encuentra la Asociación de Prensa de Madrid, Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, CECU, Greenpeace, Transparencia Internacional, Archiveros Españoles de la Función Pública, entre otras) y expertos e individuos interesados en derechos humanos que defienden la necesidad de articular una vía legal que facilite el pleno reconocimiento del derecho de acceso a la información en España.

Para más información contactar con:

Eva Moraga – eva@access-info.org – 00 34 91 743 14 73
Aunque no es imprescindible, se ruega confirmar asistencia.

Podéis consultar la hoja informativa del acto en la página principal del sitio web de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP): http://www.aefp.org.es.

Fuente: Coalición Pro-Acceso y Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

PREMIO EN EL FESTIVAL ICARO 2007 DEL DOCUMENTAL "EL ARCHIVO"

2007-12-05T18:32:00.000+01:00

El premio al Mejor Documental Institucional en el X Festival de Cine y Televisión Centroamericano ICARO 2007 fue otorgado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, por el trabajo “El Archivo” producido por la Unidad de Radio y Televisión de la Institución, bajo la dirección de Mynor Ixcot.

La premiación se realizó la noche del jueves 29 de noviembre en un acto celebrado en el Centro Cultural Miguel Angel Asturias. El documental, que tiene una duración de 43 minutos, narra las condiciones en las cuales fueron descubiertos millones de documentos de la desaparecida Policia Nacional, así como las acciones emprendidas para su recuperación. La Procuraduría de los Derechos Humanos está empeñada en los esfuerzos para presentar en los próximos meses el primer informe público sobre los avances en la investigación cuantitativa y cualitativa sobre violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1975 y 1985 por ese organismo de seguridad del Estado.

Fuente: Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional - Guatemala (PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA)

ESPAÑA SIGUE SIN TENER UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2007-09-27T19:31:00.000+02:00

Nota de prensa de la Coalición Pro-Acceso (24/09/2007)

Con ocasión del Día Internacional del derecho a Saber, que se celebrará el próximo día 28 de septiembre, quince ONG españolas denunciarán que el gobierno no ha cumplido su promesa electoral de adoptar una ley de acceso a la información pública que garantice la transparencia del gobierno y de todas las administraciones públicas y que se encuentre al nivel de las que ya existen en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Las ONG que forman la Coalición Pro Acceso exigen al Gobierno y a todos los partidos políticos que adopten una ley de acceso a la información pública que cumpla con los estándares europeos e internacionales.

Nos encontramos cerca del fin de la Legislatura, y el gobierno todavía no ha cumplido con el compromiso recogido en su programa electoral de elaborar una ley de acceso a la información. La Coalición Pro Acceso se ha dirigido al Gobierno en varias ocasiones por este motivo y sin embargo, todavía no ha recibido una respuesta al respecto.

“Todos los ciudadanos tienen el derecho a saber cómo se toman las decisiones dentro de cualquier administración pública y a conocer cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley específica de acceso a la información.” comenta Eva Moraga, abogada de Access Info Europe, ONG miembro de la Coalición.

Asimismo añade que “una ley de este tipo debe ser prioritaria para todo partido político y todo Gobierno que esté verdaderamente comprometido en la lucha contra la corrupción”.

El derecho de acceso supone que cualquier persona puede solicitar información a cualquier organismo o entidad públicos o a cualquier entidad privada que realice funciones públicas, sin tener que justificar los motivos por los que se solicita la información o el uso que se le va a dar a la misma. El derecho de acceso a la información es un derecho humano reconocido por el derecho internacional y por numerosas constituciones y leyes nacionales en todo el mundo. En ese contexto, es inaceptable que España sea, junto con Grecia, uno de los dos únicos países de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tienen una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información.

En este sentido, Marta Arias, Directora de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam, manifiesta que el acceso a la información pública es “imprescindible para que las organizaciones sociales puedan ejercer su labor, desde realizar el seguimiento de los compromisos del gobierno sobre ayuda al desarrollo hasta controlar qué exportaciones de armas autoriza España”.

Igualmente Miguel Angel Calderón, responsable de Comunicación de Amnistía Internacional considera que una ley de acceso a la información pública es básica para la defensa de los derechos humanos: “cuando investigamos sobre posibles violaciones y abusos contra los derechos de las personas o sobre las medidas que toma el Gobierno para garantizarlos, la información es vital".

En una línea similar Ana Etchenique, Directora de Relaciones Institucionales de CECU, considera que para que un ciudadano “actúe de forma responsable y sostenible como consumidor es indispensable que pueda acceder fácilmente a la información necesaria”.

La Coalición Pro Acceso ha definido los nueve principios esenciales que deberían recogerse en una futura ley española de acceso a la información, basándose en la legislación y la práctica en más de 70 países del mundo que tienen leyes de acceso a la información así como en la Recomendación 2000 del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos oficiales:

1. El derecho a la información es un derecho de todos.
2. El derecho se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
3. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
4. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
5. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de acceso deben ser la excepción.
6. Las denegaciones de acceso deben limitarse y estar debidamente motivadas.
7. Toda persona tiene derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
8. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
9. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

*Para más información, acude a la página web: http://www.proacceso.org

*Contacto:
- Eva Moraga eva@access-info.org
- Helen Darbishire: helen@access-info.org
- Carlos Cordero: carlos.cordero@sustentia.com

Es una plataforma formada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil e individuos interesados en derechos humanos que se constituyó en Octubre de 2006 que promueve la elaboración de una Ley de Acceso a la Información en España que facilite el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho en España.

Sus miembros en la actualidad son las siguientes asociaciones y ONGs: Transparencia Internacional (España), Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Access Info Europe, Greenpeace España, Observatorio de la RSC, Ecologistas en Acción, SEO – Birdlife, Economistas sin Fronteras, Fundación IPADE, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Statewatch, Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública y Comité de Libertades Informáticas, así como las siguientes personalidades y expertos que apoyan y suscriben estos principios: Pilar Cusido (Departamento de Derecho Constitucional- Universidad Complutense de Madrid), Manuel Sánchez de Diego (Departamento de Derecho Constitucional- Universidad Complutense de Madrid), Estrella Gutiérrez (Departamento de Derecho Constitucional- Universidad Complutense de Madrid UCM), Miguel A. Gallardo (CITA), Daniel Wagman (GEA21), Severiano Fernández Ramos (Profesor Derecho Administrativo – Universidad de Cádiz).

Comentarios a la Ley de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP)

2007-07-12T17:12:00.000+02:00

Junta Directiva

Por su especial interés, reproducimos un pequeño comentario recogido por el portal HISPALINUX (http://www.hispalinux.es) en su página web con respecto a ciertos aspectos de la Ley de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP) recientemente aprobada que no fueron recogidos en el trámite de la aprobación de enmiendas por el Senado:

La Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos..... y los derechos de los ciudadanos.

El pasado día 31 de mayo la Comisión de Administración pública del Senado votó las enmiendas propuestas por los grupos a la Ley de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP). Posteriormente, el dia 6 de junio el Pleno del Senado ratificó estas decisiones. El próximo 14 de junio el Congreso no tendrá muchas oportunidades de arreglarlo.
Entre las enmiendas propuestas se encontraban varias destinadas a garantizar derechos básicos de los ciudadanos propuestas por algunos grupos (GPMX y Entesa) y que eran respaldadas por las principales asociaciones profesionales informáticas españolas: Hispalinux, Asociación Internautas, Asociación de Técnicos de Informática, FFII, RITSI, Comfia-CCOO, entre otras muchs hasta completar una representación de 350.000 profesionales de las TIC en total.
Estas propuestas, correspondían al primer paquete comprendido entre la primera y la nº 13, que se repetían en otras dado que, como se ha dicho ya, varios grupos las trasladaron y aseguraban tres derechos básicos de los ciudadanos:
El primero, amparándose en el artículo 14 de la Constitución, es el de que ningún ciudadano pueda ser discriminado debido a su preferencia tecnológica, esto es, por razón del tipo de ordenador o software que decida usar para comunicarse con las administraciones públicas. Para ello establece que las administraciones públicas deben tener que usar siempre estándares abiertos para comunicarse con la ciudadanía y viceversa, o sea, estándares que estén libres de cualquier restricción legal o atadura tecnológica para que cualquier empresa o ciudadano pueda usarla o implementarla.
Un estándar abierto, lejos de ser un concepto técnico, es una definición jurídica/legal de las restricciones de propiedad intelectual que no puede tener una especificación técnica para ser aceptable en el ámbito de la relación entre entidades públicas y de estas con los ciudadanos .
Esto es algo tan básico como el hecho de que para llamar por teléfono a un servicio de emergencias o a una entidad pública no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa de telefonía o tener una marca de teléfono concreto. Por muy extendida que esté esa empresa o muy barata que sea no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser cliente de nadie en concreto. También sería inconcebible que las administraciones públicasestuvieran obligadas a tener contratos con todas las operadoras imaginables para poder atender las llamadas de los ciudadanos.
Esta situación ya fue resuelta por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica "que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes. Este caso es idéntico al del intercambio de archivos y la prestación de servicios en Informática a través de formatos, protocolos e interfaces sin embargo desde el MAP se ha venido usando una lenguaje ambiguo para este asunto desde el primer borrador de la ley y se ha consolidado a lo largo de su tramitación la formula “usará estándares abiertos o, es su caso y de forma complementaría, aquellos que sean de uso generalizado por parte de los ciudadanos” aún a sabiendas de que la empresa dominante tendría asegurado no tener que hacer públicos sus formatos o usar estándares abiertos ya que ese “en su caso” podría ampararla si posteriormente las AAPP hacen una interpretación laxa del término.La propuesta de los grupos sociales trataba de clarificar ese “en su caso” y solicitaba que se precisara “en caso de no existir o de forma complementaria, aquellos reconocidos internacionalmente” y que las Administraciones públicas solo admitieran de los ciudadanos “estándares abiertos” para evitar que tengan que ser clientes a la fuerza de esas empresas concretas.
Existen gran cantidad de artículos de la Ley que incluyen esta formula en lo que se refiere al hecho de la comunicación entre administraciones públicas y ciudadanía. tanto en una como en otra dirección.
Al no haberse aprobado la enmienda nº 6 , que eliminaba la posibilidad de que el ciudadano se dirija a las AAPP en otra cosa que no sea un estándar abierto, el Estado (todas las administraciones públicas) va a ser cliente cautivo de una multinacional para que los ciudadanos puedan ejercer sus legítimos derechos. Lo que incrementará notablemente el gasto público en TIC .
También es sumamente preocupante la enmienda 21 aprobada por la Comisión del Senado dado que elimina la definición de Estándar Abierto incluida en la ley dejando este concepto sujeto a interpretaciones.La definición era Estándar abierto: aquel que reuna las siguientes condiciones:— Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso.— Su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Hispalinux propuso una definición mucho más precisa y aceptada internacionalmente pero no se aceptó la enmienda (13).

k) Estándar Abierto: Aquel que cumple las siguientes condiciones:

1.Su especificación sea pública en su uso, creación y mantenimiento y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso.

2. El uso, aplicación, implementación, reutilización y comercialización del estándar no esté condicionado a pago o condición alguna de derecho de propiedad intelectual o industrial.

3.Existe al menos una implementación de referencia que desarrolla todas las funcionalidades de la especificación, que está disponible bajo una licencia que permite que sea usada para cualquier propósito, y que puede ser copiada, estudiada, mejorada y distribuida libremente, con o sin cambios.

Constitución española

Estos hechos contravienen, además del 14, ya citado, el artículo 9.2. "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". También contradice el 31 de la Constitución, que establece que el gasto público responderá a los criterios de eficiencia y economía, y el 103, que vuelve a hacer referencia al principio de eficacia y a los intereses generales en las actuaciones de la Administración.

Legislación vigente

La Ley 30/1992 del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en su artículo 3, "Principios Generales", se establecen los principios de eficacia, coordinación y transparencia. También habla de garantizar la calidad de actuación administrativa y sobre la necesidad de tecnificación, modernización y de adaptación a las innovaciones tecnológicas.

La segunda gran demanda de las organizaciones sociales tiene que ver con el Software, y en general el conocimiento, que se produce para satisfacer las necesidades de nuestras entidades públicas y que es pagado con el erario público esté a plena disposición de todos.
La propuesta de enmienda que se ofrecía a ser aprobada establecía que todas las Administraciones Públicas compartieran ese software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios. Siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto supondría que aumentaría enormemente la base tecnológica con la que nuestras PYMES podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están otras empresas pero también las AAPP. Mejoraría drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-administración -que todos pagamos- dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales. También sería una forma perfecta de que las CCAA recibieran transferencia tecnológica (y económica, en forma de código fuente) de otras CCAA sin tener que pasar por la Administración General del Estado.
Pero la razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece. Nadie entendería que depues de pagar con los impuestos la creación de una autovía se le permitiera a la empresa constructora cobrar por su utilización como si fuera una autopista sin embargo parece que muchos responsables políticos aún no se han dado cuenta de que el Software es la infraestructura que más impacto tiene hoy día en la economía y no están haciendo nada para poner a disposición de todos aquella que es generada por las instituciones públicas.

Constitución española

Articulo 44.2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general".
Artículo 128

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Artículo 132

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

La enmienda 11, inspirándose en estos preceptos así lo establecía sin embargo no ha sido aprobada.

Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la administración

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, las pondrán a disposición de cualquier administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior serán publicadas como de fuentes abiertas mediante una licencia que asegure que las obras derivadas se distribuyan en los mismos términos.

3. Aquellas aplicaciones que puedan afectar a la seguridad nacional se publicaran plenamente funcionales pero modificadas de tal forma que no supongan riesgos para la misma.

El tercer derecho que se reclama es que cualquier ciudadano debe poder auditar el código fuente de los programas que ejecutan sus trámites administrativos a través de la enmienda nº2 al articulo 37.

"Todo el código fuente del software interviniente en la tramitación de procedimientos podrá ser auditado e inspeccionado por cualquier ciudadano o ciudadana que lo solicite, previa identificación"
Los ciudadanos quieren poder saber que se hace exactamente con sus datos, cual es el procedimiento que se sigue, a donde van, de donde vienen, quien los ve, para que los usa...etc. Quieren estar seguros de que no se hace nada que no esté previsto en las leyes, que no se manipulan inadecuadamente, aunque sea de forma inadvertida. Quieren esa garantía, no solo esa promesa. Sin embargo El GPSocialista ha transaccionado una enmienda que elimina esa garantía y deja en manos de "un organismo" la responsabilidad de hacerlo pero esto quizá sea suficiente a nivel de efectividad pero claramente no lo es a nivel de transparencia.
Mientras los procedimientos administrativos no sean transparentes y puedan auditarse por parte de los ciudadanos no habrá confianza en nuestros organismos públicos porque además del factor humano ahora se añade el del software y ese software que maneja los derechos de los ciudadanos no puede ser cerrado, oculto y secreto.

Constitución española

Artículo 105

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
El artículo 18 de la constitución establece el secreto de las comunicaciones y la limitación del uso la informática para garantizar la intimidad de los ciudadanos.

Legislación vigente

Fuente: HISPALINUX (http://www.hispalinux.es/node/640)

NUESTRAS PROPUESTAS ENTRAN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

2007-06-21T17:29:00.000+02:00

El grupo parlamentario de IU-ICV, haciéndose eco de nuestro Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos, ha presentado en el Congreso de los diputados una Proposición no de Ley que recoge, de forma íntegra, tanto el análisis como las propuestas que hemos definido en el Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos.

Junta Directiva

El texto de la Proposición no de Ley (162/000587) sobre la conservación y defensa de los archivos públicos os lo podéis descargar en el siguiente enlace: http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_550.PDF

RESUMEN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA

2007-06-13T18:48:00.000+02:00

RESUMEN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos

Aunque con un poco de retraso, ya está a vuestra disposición el resumen del acto de presentación de la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos que tuvo lugar el pasado 20 de abril de 2007 en el Salón de Actos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

Podéis descargaros el resumen en la siguiente dirección web: http://plataforma.aefp.org.es/Documentos/Acto_Pres_Plataf.pdf

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS
Visítanos en: http://plataforma.aefp.org.es
Correo-e: plataforma@plataforma.aefp.org.es

LOS NUEVOS EDIFICIOS DEL ACUARTELAMIENTO "INFANTE DON JUAN" DEBEN MANTENER SU DESTINO PREVISTO

2007-05-15T17:09:00.000+02:00

EL ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID Y EL NUEVO ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE LA DEFENSA SERIAMENTE AMENAZADOS
Primera toma de postura de la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos

Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos

Manifiesto en defensa del proyecto de infraestructuras archivísticas del Ministerio de Defensa en el Acuartelamiento Infante don Juan (Paseo de Moret – Madrid)

Madrid, 20 de abril de 2007

Los participantes en el acto de constitución de la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, desarrollado en Madrid, el día 20 de abril de 2007,

MANIFESTAMOS:

Nuestra profunda preocupación por la situación del proyecto de infraestructuras archivísticas que el Ministerio de Defensa viene desarrollando desde el año 1997 en el Acuartelamiento Infante don Juan en el Paseo de Moret de Madrid.

Las citadas infraestructuras fueron concebidas para albergar los Archivos General Militar de Madrid y General e Histórico de la Defensa en unas sedes debidamente acondicionadas y homologables con los parámetros exigibles para un correcto tratamiento de los documentos.

Por fin, después de enormes esfuerzos de archiveros, ingenieros, arquitectos y todo un amplio conjunto de funcionarios civiles y militares, esos edificios están terminados y dotados del material necesario para jugar su papel como archivos nacionales. Así, junto con el Archivo Intermedio del Cuartel General del Ejército y con el Archivo Eclesiástico del Ejército, ya instalados en ese Acuartelamiento, tras rehabilitación y acondicionamiento de los edificios necesarios, estas nuevas instalaciones estaban llamadas a convertir el actual Acuartelamiento Infante don Juan en la primera infraestructura archivística de la ciudad de Madrid.

El anuncio hecho en determinados ámbitos de una posible ubicación en este espacio de la nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y la aparente parálisis en el traslado de los centros citados, que debía haber tenido lugar hace meses, nos lleva a pedir al Ministerio de Defensa que haga público con urgencia un informe sobre el estado de este proyecto. En ningún caso podríamos entender que las necesidades de edificios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pudieran atenderse a expensas de dañar unas instalaciones largamente demandadas y absolutamente esenciales si se quiere realmente dar una solución a los graves problemas que aquejan a gran parte del patrimonio documental militar.

Podéis descargaros el manifiesto en la siguiente dirección web: http://plataforma.aefp.org.es/Documentos/Man_Edif_Militares

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS
Visítanos en: http://plataforma.aefp.org.es
Correo-e: plataforma@plataforma.aefp.org.es

20 DE ABRIL: PRESENTACIÓN DE LA "PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"

2007-04-18T22:01:00.000+02:00

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS
Junta Directiva

20 DE ABRIL DE 2007
A las 18 horas

Organizada por:
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Lugar: Salón de Actos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

Para más información, consulten el tríptico del acto de presentación en http://www.aefp.org.es/PDF/Pres_Plataf.pdf o en la página web de la Plataforma (http://plataforma.aefp.org.es)

Presentación de la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos

2007-04-13T19:57:00.000+02:00

Junta Directiva

Tríptico informativo

Estimados colegas:

Como presidente de esta nueva asociación quiero enviaros un saludo muy cordial y haceros una doble petición: que os adhiráis a la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos y que nos acompañéis el día 20 de abril del 2007 en su presentación oficial, a las 18 horas en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, situado en la C/ Ramírez de Prado, nº 3.

Comentaros brevemente que lo que nos ha impulsado realmente a crear esta asociación (que no trata de competir con las ya existentes asociaciones de archiveros) es la necesidad, desde nuestro punto de vista, de iniciar una auténtica batalla en defensa de los archivos públicos en la que los archiveros de todas las administraciones y de todas las comunidades deberíamos tener una voz común en la exigencia de responsabilidades en la conservación y disponibilidad de los documentos de los organismos públicos, de modo que se garanticen de verdad la transparencia administrativa, el ejercicio de derechos ciudadanos y el acceso al conocimiento de nuestro pasado reciente.

Como archiveros estamos muy preocupados por el discurso que se está dando en algunas políticas públicas en relación con el tema de la recuperación de la memoria histórica, que apoyamos, como sabéis, en cuanto traten de hacer realidad el derecho a la verdad; pero que criticamos con dureza en cuanto supongan poner en entredicho el carácter y la función que los archivos han de desempeñar en esa labor, como herramientas insustituibles que son de testimonio de nuestro pasado. Nuevas instituciones como el Centro Documental de la Memoria Histórica no deben llevarnos a pensar que desde los archivos ya no se puede hacer un trabajo de recuperación de ésta y que son necesarias otras formas de afrontar esto de modo más dinámico o más "moderno" en las que los fondos de los archivos se podrían diluir...

Y ya conocéis nuestra insistencia en recalcar el carácter diferencial del documento de archivo en relación con bibliotecas o centros de documentación, y en el valor añadido que supone la preservación de su contextualidad. Además, algunas iniciativas de gran impacto mediático pueden desviar la atención sobre la situación de abandono extremo de importantísimos archivos: los de los tribunales militares sobre todo, absolutamente claves para conocer la represión franquista; o sobre la pérdida de algunos otros de los que no tenemos noticias desde el comienzo de la transición, como el del Servicio Central de Documentación (SECED) de la Presidencia del Gobierno, fundamental para conocer la actuación de los servicios de información a partir de los años sesenta. A todo ello añadamos la tendencia cada vez más extendida de que los organismos públicos se desentiendan de sus documentos y contraten su gestión por empresas privadas, que hacen así cada día más difícil la exigencia de responsabilidades en las labores de guarda, custodia y disponibilidad de los documentos. La llamada externalización de servicios archivísticos impide, asimismo, garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la documentación de los organismos públicos o, en otro caso, garantizar la privacidad de los datos en ellos contenidos, como vemos ha sucedido con los documentos de la sanidad pública gestionados por algunas de esas empresas, sin garantía alguna de confidencialidad o respeto a la intimidad.

En nuestra opinión, sólo una política archivística que asegure las infraestructuras y los medios humanos necesarios para un tratamiento adecuado de los documentos de las administraciones y organismos públicos junto con una labor profesional de los archiveros, independiente de presiones políticas y basada en un fuerte compromiso ético con la sociedad para la que trabajan, nos permitirá, a todos los ciudadanos, el acceso al conocimiento de los testimonios del pasado que conservan los archivos y el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos que los archivos sustentan en nuestra convivencia diaria. Por todo esto es necesaria una Ley de Archivos específica en el ámbito estatal y en el de algunas Comunidades Autónomas, que por su propia competencia están obligadas a regular sus propios archivos y los de sus entidades locales; leyes en cuyos textos respectivos es necesario que se concreten, de forma plena, las garantías anteriormente apuntadas.

El año pasado elaboramos el Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos que adjunto a este mensaje, al final del cual proponemos la creación de esta Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos que fortalezca la base social de esta batalla que, si bien la iniciamos los archiveros, afecta a otros múltiples colectivos. Si la iniciativa os parece interesante os pedimos que os suméis a Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, ya que si todos nosotros nos unimos, resultará mucho más fácil conseguir los objetivos propuestos. Podéis adheriros vía Internet a través de nuestra página web (http://www.aefp.org.es/), de nuestro correo electrónico (aefp@aefp.org.es) o por carta a nuestra dirección postal (C/ Alfaro, 35, 2º A, 28035 Madrid). Para cualquier duda relativa a esta iniciativa, quedo a vuestra disposición.
Un abrazo,
Antonio González Quintana
Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Tríptico informativo

La Dirección General de Registros avala la libre consulta de los libros de defunciones de más de cincuenta años

2007-04-13T19:51:00.000+02:00

Un importante avance hacia el libre acceso a los archivos y registros

Los amigos de Todos (...) Los Nombres nos hacen llegar esta importante noticia: Una resolución de la Dirección General de Registros, de 26/03/2007 (9ª) (nº ref.6.2.2.1,- 1352/2006) deja sin efecto el acuerdo de la Juez encargada del RegistroCivil de Posadas en el que se denegaba "la consulta de los Libros de Defunciones y expedientes judiciales correspondientes al periodo de 1930 a 1955" realizada por el "Foro ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía" de dicho pueblo cordobés, acuerdo tomado citando como precedente una Resolución de la Dirección General de 2 de Abril de 2004. En los Fundamentos de Derecho de la Resolución, que cuenta con cinco apartados, se lee que ahora, en el caso planteado, predomina la regla general de publicidad de los datos registrales (Arts, 6 L.R.C. y 17 R.R.C.) porque "han transcurrido mas de cincuenta años desde la fecha de la muerte y hoy en día no se considera deshonroso que ésta se haya producido, por motivos políticos, como consecuencia de la represión de la guerra civil" . Además de que la consulta "obedece a una investigación y estudio de los hechos acaecidos en la guerra civil y posguerra" , considerando ese interés "perfectamente congruente con los fines de la institución registral". En consecuencia se estima el recurso, se revoca el Auto apelado y se autoriza a aquella entidad "para que pueda examinar los libros de defunciones relativos a los años solicitados en los términos que determina el Art. 18 del R.R.C." .

Fuente: TLN (Colaboradores)

CONCLUSIONES DE LA JORNADA DE DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE "MEMORIA HISTÓRICA"

2007-03-26T16:25:00.000+02:00

CONCLUSIONES DE LA JORNADA DE DEBATE "LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS ARCHIVOS QUE TESTIMONIAN LA REPRESIÓN EN EL PROYECTO DE LEY DE "MEMORIA HISTÓRICA": ¿RESPETO A LA INTIMIDAD O VÍA DE IMPUNIDAD?"

(Aprobadas el 7 de marzo de 2007)

Junta Directiva
Tras la celebración de la Jornada de Debate titulada “La regulación del acceso a los archivos que testimonian la represión en el Proyecto de ley de Memoria Histórica: ¿Respecto a la intimidad o vía de impunidad” celebrada el 7 de marzo de 2007 en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, los abajo firmantes concluyen y declaran ante la próxima aprobación del “Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura” lo siguiente:

1. Piden la supresión del artículo 25.3, por cuanto implica la inclusión de mecanismos de impunidad, al no permitir el conocimiento de los nombres de los responsables de los hechos relacionados con la represión política, la violación de los derechos humanos o la realización de crímenes contra la humanidad. Asimismo, denuncian que la ambigüedad en la redacción de este artículo, según la lectura que de él se haga, puede llevar a interpretar que los funcionarios públicos archiveros se conviertan, por virtud de esta ley, en censores de una documentación que, en la mayor parte de los casos, es hoy de libre acceso según queda establecido en la vigente legislación de patrimonio histórico español.

2. Critican la redacción del artículo 22 del citado Proyecto de ley en relación con la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que queda descrito como un centro de carácter híbrido. De ese modo, el actual Archivo General de la Guerra Civil Española podría ver desdibujado su carácter de archivo público y, con ello, perder su responsabilidad como garante de la puesta a disposición del público de los documentos producidos por la Administración y los organismos públicos, de la transparencia administrativa y de los derechos ciudadanos que reflejan los fondos documentales que sirve y custodia.

3. Piden la aprobación de una ley de archivos, como primer paso para la elaboración de una verdadera política archivística por parte del Gobierno, basada en criterios técnicos y profesionales.

4. Piden que, fruto de esa política archivística, se dote a los archivos públicos de los medios materiales y humanos necesarios e imprescindibles para poder dar un buen servicio a los ciudadanos.

5. Piden la aprobación de una ley de libertad de información que, superando la dispersión y las contradicciones de las normas legales que existen, clarifique y armonice el derecho de acceso a la documentación custodiada en los archivos públicos.
Además, denuncian que la aprobación del Proyecto de ley analizado en esta Jornada de Debate, en su actual redacción, podría derivar en una mayor restricción en el acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos, incrementando la dispersión y contradicción que en esta materia ya existe en la legislación actual.

6. Piden la creación de un organismo, de rápido y fácil acceso, al que pueda recurrir cualquier ciudadano cuando se le deniegue el acceso a un fondo documental o parte de él en cualquier archivo público.

Antonio González Quintana
Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Severiano Fernández Ramos
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz

Virginia Álvarez Salinas
Responsable de Política Interior y Derechos Humanos de Amnistía Internacional - Sección Española

Julio Aróstegui Sánchez
Director de la Cátedra "Memoria Histórica del siglo XX" de la Universidad Complutense de Madrid

Para descargarse estas conclusiones en formato PDF, acuda al siguiente enlace: http://www.aefp.org.es/PDF/CON_Jornada.pdf

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA JORNADA DE DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE "MEMORIA HISTÓRICA"

2007-03-26T16:21:00.000+02:00

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA JORNADA DE DEBATE "LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS ARCHIVOS QUE TESTIMONIAN LA REPRESIÓN EN EL PROYECTO DE LEY DE "MEMORIA HISTÓRICA": ¿RESPETO A LA INTIMIDAD O VÍA DE IMPUNIDAD?"

Junta Directiva
D. Antonio González Quintana, Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), comenzó abriendo el turno de intervenciones mediante la exposición del objetivo de esta Jornada de Debate: la preocupación que para Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) suponen dos de los artículos del Proyecto de ley y, especialmente, su artículo 25.3. Por ello, procedió a la lectura del citado artículo y comentó que, aunque remite al artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, añade una nota por la que obliga a los archiveros a omitir el nombre de las personas vinculadas en los procesos de represión para preservar su identidad. Esto, dijo, constituía una novedad, cuyo objetivo no queda claro si es: el de salvaguardar la intimidad de las personas, o el de mantener su impunidad. El conjunto de su intervención se puede resumir en los siguientes puntos:

- A modo de introducción, destacó que la Transición española no fue ejemplar por lo que respecta a la gestión de su pasado reciente, pues hubo, si no una obstaculización, sí un olvido oficial por parte de los distintos Gobiernos de la UCD y del PSOE. En este sentido, destacó que la Ley de Amnistía de 1977 no quería exigir responsabilidades, puesto que su objetivo era no querer saber ni que nadie supiera. Así, una de las principales fuentes de estudio, como eran los archivos de justicia militar, quedaron en el limbo durante la transición: no pasaron a depender de ninguna infraestructura archivística y, por ello, se convirtieron en inaccesibles. Ningún partido político se preocupó por la ubicación de los archivos del SECED –servicios de información del franquismo—, desconociéndose donde se encuentran. Así mismo, se transmutó el Archivo de Salamanca desde una Sección del AHN hasta el actual Archivo General, como si se tratara de un simple archivo histórico. Esta actitud se corrobora en el informe de la Comisión Interministerial para la elaboración de este Proyecto de ley.
Por otro lado, comentó que siempre se ha planteado la importancia de la restitución de los fondos documentales, pero pocas veces se ha invocado su importancia para llevar a cabo las medidas de reparación o para conocer el alcance real de la represión política o para saber los nombres de los responsables de los organismos represivos.

- Por otro lado, señaló que desde la instauración de la democracia, tan sólo ha habido 2 iniciativas legislativas que aborden el tema de los fondos documentales relativos a la represión: la ley de restitución de documentos a la Generalidad de Cataluña y el Proyecto de ley de memoria histórica. Con respecto a éste último, dijo que se hacía referencia a los archivos como parte de la política de gestión de nuestro pasado más reciente en 2 artículos concretos, de los que destacó lo siguiente:

o Del artículo 22 (relativo a Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca), comentó que inducía a pensar en un centro híbrido (biblioteca, centro de documentación y archivo) y que, a la par, existía una contradicción con la llamada al fortalecimiento del actual Archivo General de la Guerra Civil Española. Además, manifestó que no le parecía adecuado el objetivo marcado de recoger toda la documentación sobre la Guerra Civil y el Franquismo, pues era ilógico desde un punto de vista logístico y profesional, ya que en muchos casos implicaría fragmentar muchos de los fondos documentales. Tan sólo entendía que sería lógico para salvaguardar fondos en peligro de desaparición (p.ej. los relativos a la Justicia Militar) o para agrupar fondos cerrados y concretos (p.ej. el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas., etc.).

o Por lo que respecta al artículo 25 (que regula cuestiones relativas al acceso a estos fondos), lo calificó como la versión española de las leyes de punto final y obediencia debida de algunos países fundamentalmente iberoamericanos.
La elaboración de un certificado en el que sólo apareciera el nombre de la víctima, conllevaría que los archiveros tuvieran que “censurar” aquellos documentos o parte de ellos en los que apareciesen los nombres de los delatores o represores. Esto, en su opinión, sería rechazable, dado que obligaría a los funcionarios públicos archiveros a actuar como censores. Añadió que parecía pretender introducir una restricción al acceso con respecto a la legislación existente. La legislación sobre acceso actualmente se la puede tachar de dispersa, e incluso en algunos casos de contradictoria, pero no prevé las restricciones que este Proyecto de ley introduce.
Comenta que la referencia a la Ley de Patrimonio Histórico Español no implica nada nuevo, sino que es más de lo mismo. De ser así, no haría falta que lo especificara este Proyecto de ley. Comentó que no se está hablando de datos que afectan a la intimidad de las personas, sino de impunidad. Así, puso como ejemplo la legislación alemana, que permite conocer los nombres de los agentes y colaboradores de la Stasi en la antigua República Democrática Alemana. Finalmente, añadió que las cuestiones de impunidad de los actos represivos –como delitos gravísimos- no pueden quedar impunes, y ello se conseguiría no conociendo u omitiendo los nombres de las personas que actuaron en esa represión.

- Por último, señaló que el conocimiento de las actuaciones contra personas por su pertenencia política no debía quedar en el olvido (ya la Ley de Amnistía lo dejó impune penalmente) y que si se aprueba la ley debilitaría la autoridad moral de los jueces españoles en la lucha contra la impunidad en otros países, alejándose España de lo que ocurre en el resto del mundo.

En segundo lugar, intervino Dª Virginia Álvarez Salinas, Responsable de Política Interior y Derechos Humanos de Amnistía Internacional – Sección Española, que destacó lo siguiente:

- Este Proyecto de ley suponía un paso atrás, coincidiendo en esto con D. Antonio González Quintana).

- Para Amnistía Internacional la forma de abordar los grandes abusos contra la humanidad (torturas, desapariciones, etc.) se tenía que ver siempre desde un punto de vista del Derecho Internacional, que considera este tipo de delitos como imprescriptibles. En el caso de España, comentó que, dado que los hechos acontecidos ya estaban recogidos en el Derecho Internacional de la época, estos no habían prescrito y seguían vigentes.

- Desde noviembre de 2002 (con la aprobación, en el Congreso de los Diputados, de una proposición no de ley para el reconocimiento de las víctimas del franquismo), Amnistía Internacional ha estado en contacto con diferentes grupos políticos y con asociaciones de víctimas. Asimismo, hizo un breve desarrollo del seguimiento que habían hecho de este Proyecto de ley:

o En 2004, en una reunión con la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, entregaron un documento en el que se hacían una serie de recomendaciones en las que defendía la reparación de daños, siempre basándose en el Derecho Internacional.

o Estas recomendaciones se recogieron en un informe del año 2005, en el que se abordaban cuáles serían las obligaciones del Estado, según el Derecho español.

o El tiempo fue pasando y la buena voluntad dejó de existir. No obstante, vieron que había cosas que el Gobierno podía hacer sin necesidad de una nueva ley.

o En marzo de 2006, presentaron un nuevo informe; pero, sin avances sustantivos.

- Destacó, en cuanto a los archivos una serie de dificultades y problemas (las malas condiciones, la falta de recursos, la arbitrariedad de criterios en el acceso, etc.), es decir, la constatación de una falta de voluntad política para arreglar estos problemas. En este sentido, la desaparición y la falta de acceso a los mismos suponían una gran dificultad para las víctimas.

- Por otro lado, desde Amnistía Internacional no se ha visto tampoco que se hayan revisado las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales represores franquistas. Es más, señaló que, sistemáticamente, el Ministerio Fiscal ha puesto trabas a la revisión de las condenas.

- Comentó que el Estado no cumplía con las obligaciones del Derecho Internacional en cuanto a la desaparición de personas en fosas comunes. Además, indicó que, aunque en diciembre de 2005 se otorgaron subvenciones para la excavación de fosas, debían de ser las propias familias quienes realizaran la búsqueda; en opinión de Amnistía Internacional, debería ser el Estado quien se ocupase de ello, y no los familiares.

- En el verano de 2006, tras la aprobación del Proyecto de ley, Amnistía Internacional presentó un nuevo informe, titulado “No hay derecho” por la falta de alusión en el mismo al Derecho Internacional en lo relativo a los derechos humanos (ya que, según el Derecho Internacional, existe el deber de proteger los derechos humanos por parte del Estado para esclarecer y, por tanto, restituir la memoria). Además, Dª Virginia Álvarez Salinas comentó que, en ningún caso, prescriben estos delitos en el Derecho Internacional; y que éste obliga a no sólo a no violar esos derechos humanos, sino también protegerlos.

- Destacó 3 aspectos preocupantes en el Proyecto de ley:

o La total ausencia de una referencia a los derechos humanos y al Derecho Internacional: la única mención que se hace es que los derechos humanos comienzan a partir de la Constitución de 1978, lo que implica mantener la impunidad.

o La inclusión de mecanismos de impunidad, mediante 2 mecanismos de encubrimiento:

§ Los artículos 2 a 7 (sobre declaraciones de actos injustos), que no implican responsabilidad patrimonial del Estado y que llevarían a la omisión de cualquier mención de los nombres de los implicados en actos represivos. Además, señaló que, según el Proyecto de ley, estos debían hacerse en un año; cuestionándose el porqué de tanta rapidez.

§ El artículo 25 (acceso a fondos documentales), que restringe el acceso al ordenar a los responsables de los archivos la emisión de certificados, omitiendo el nombre de los responsables. Con esto, se ignora el mandato de la proposición no de ley de 2002.
Según Amnistía Internacional, para una ley así, es mejor que no haya ley. Recomienda la supresión de estos artículos y del plazo de 1 año para la tramitación de la declaración de acto injusto –pues los derechos no prescriben-, así como que se faciliten copias completas.

o La ausencia de responsabilidad del Estado ante los crímenes cometidos se encuentra presente en todo el Proyecto de ley: así, por ejemplo, en los artículos 13 a 15 (relativos a la exhumación de fosas), en los que el Estado se convierte en un mero tramitador de las exhumaciones, eludiendo toda responsabilidad. En opinión de Amnistía Internacional, sería necesario el establecimiento de un protocolo para la exhumación.

- Finalmente, criticó que no se haya establecido un mecanismo de fiscalía especializada o de un órgano para la determinación de una versión oficial sobre lo que ocurrió en aquella época; es decir, señaló la necesidad un mecanismo independiente que estableciera qué crímenes ocurrieron. También, comentó el problema de la falta de un mecanismo judicial (ahora mismo sólo lo realiza la Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo) para la anulación de condenas.

En tercer lugar, intervino, D. Severiano Fernández Ramos, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, de cuya intervención se puede destacar lo siguiente:

- Afirmó que para establecer la verdad y alcanzar la reparación real es necesario el acceso a la información contenida en los archivos públicos y privados.

- Señaló que, de forma general, los problemas que se plantean en el acceso son los siguientes:

o PROBLEMA I (DE TIPO TÉCNICO): La dispersión de los fondos.

o PROBLEMA II (DE TIPO TÉCNICO): El estado de su conservación/organización.

o PROBLEMA III (DE TIPO LEGAL): El acceso a esos documentos.

Asimismo, comentó que el Proyecto de ley, para resolver estos tres problemas plantea lo siguiente:

o Problema I. Lo resuelve con la integración en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca de todos los fondos relativos a este período y temática.
Indicó que a la víctima no le interesa tanto la concentración de estos fondos, como un centro de información donde se le asesore acerca del lugar donde podría obtener información.

o Problema II. Comentó que no es una ley que pueda solventar este problema, pues la falta de conservación/organización es general a todos los archivos.
Además, resaltó que el Proyecto de ley dice que todos estos documentos sobre la Guerra Civil y la dictadura se declaran como integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico. En su opinión, no debería hacer relación a todos los documentos de la dictadura, sino sólo a los de la represión. De todas formas, dijo que esto ya viene contemplado en la Ley de Patrimonio Histórico Español para los archivos públicos –por lo que sorprende incorporarlo aquí—; en cuanto a los archivos privados, ya se les aplica la Ley de Patrimonio Histórico Español. En este sentido, señaló que parecía que no se habían depurado suficientemente estos aspectos en el Proyecto de ley.

o Problema III. Comenzó indicando que, en las solicitudes de acceso, prima la subjetividad, por lo que es difícil lograr unos criterios objetivos. Dijo que el Proyecto de ley comienza bien, pues reconoce un derecho de acceso tanto a los archivos públicos (ya reconocido en la Ley de Patrimonio Histórico Español) como a los privados (no reconocido en la Ley de Patrimonio Histórico Español).
Comentó que la Ley de Patrimonio Histórico Español establece unos plazos y unas cautelas. Sin embargo, señaló que lo dicho en la Ley de Patrimonio Histórico Español al respecto se utilizaba en este Proyecto de ley para preservar la intimidad de los represores, y no de las víctimas (lo contrario de lo que dice la Ley de Patrimonio Histórico Español). Por ello, concluyó que el artículo 25.3 del Proyecto de ley parecía estar más pensado para el investigador que para el ciudadano.
Por último, destacó la incongruencia de que en función de cómo llegara una persona a un archivo se le tendría que aplicar una legislación u otra: así, un investigador estaría acogido a la Ley de Patrimonio Histórico Español (lo que le permitiría ver y obtener copia de los fondos documentales que fueran accesibles según esta norma), pero un interesado no estaría sujeto a ésta (sino a esta futura ley) y se le podría restringir el acceso a fondos que según la legislación de patrimonio histórico español son accesibles.

- En general, comentó que pensaba que esta limitación deriva de la opción política del Proyecto de ley: limitación a una mera declaración simbólica. Además, destacó que todo lo limita a una retórica: el Proyecto de ley, en su opinión, es más retórico que nada, no involucrándose en resolver el problema.

- Finalmente, señaló que determinar la verdad es una función pública del Estado, por lo que éste no puede quedarse en se un simple árbitro.

En último lugar, intervino D. Julio Aróstegui Sánchez, Director de la Cátedra “Memoria histórica del siglo XX” de la Universidad Complutense de Madrid. De su intervención, se puede destacar lo siguiente:

- Señaló que para este viaje no se necesitan estas alforjas y que, por ello, el mejor Proyecto de ley hubiera sido ninguno.

- Indicó algunas de las incongruencias del Proyecto de ley:

o La historia no se puede juzgar. Dijo que hay que distinguir claramente las historias que no pueden ser juzgadas, ya que la Historia, como relación de hechos acaecidos, no puede ser juzgada. El Proyecto de ley, pues, no aborda el tratamiento histórico.

o Quienes han elaborado este Proyecto de ley dejan ver que la historia no se puede juzgar. Otra cosa es saber/conocer la verdad.
En este sentido, comentó que algunas enmiendas de este Proyecto hablan de los Consejos de Guerra, y pretenden llegar al consenso, es decir: hacer una declaración global de que los consejos fueron ilegítimos. En su opinión, eso ya se sabía; por lo que para ello no hacía falta un Proyecto de ley.

o Con respecto al artículo 7.1, dijo que la declaración de reparación y reconocimiento personal tiene como único objetivo reconocer que las condenas fueron injustas. Sin embargo, para D. Julio Aróstegui, esto da lugar a que se pueda suponer que unas declaraciones fueron justas y otras pueden no serlo.

o Recalcó la ambigüedad e incongruencia del artículo 25. En su opinión, es contradictorio porque da a entender que los interesados pueden ver el original y no obtener fotocopia; o que el ciudadano no puede ver ni el original. En este sentido, se preguntó hasta qué punto el archivero tendría que hacer de censor.

- Comentó que esto no es una ley de responsabilidades.

- Con respecto a la ocultación de los nombres de los responsables de la represión, recalcó que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto de que se puede acceder a la documentación y hacer públicos los nombres de los mismos.

- Finalmente, dijo que el quid fundamental de la cuestión en lo que afecta al conocimiento de la verdad de los hechos acaecidos y de la reparación de las víctimas sigue siendo la impotencia de la Administración para arreglar el problema de los archivos.

Tras finalizar las anteriores intervenciones, se inició un pequeño debate en el que algunas de las personas que habían asistido al acto plantearon algunas preguntas al respecto. De todas ellas, se puede destacar lo siguiente:

- Se hizo un breve comentario acerca de la declaración de reparación (que aparece en el artículo 3.3 del Proyecto de ley) y la ambigüedad en cuanto a la mención de la fecha del 18 de julio de 1936.
Con respecto a esto último, D. Severiano Fernández Ramos contestó que, en su opinión, estaba mal redactado; pero no veía intencionalidad alguna.

- Otra persona señaló la necesidad no sólo de una ley de archivos, sino de una ley de libertad de información; ya que, en su opinión, se ha desarrollado todo tipo de limitaciones al acceso, pero no una ley que lo regule.
D. Severiano Fernández Ramos comentó, con respecto a este asunto, que deberían ser 2 leyes distintas, debido a la existencia del Estado de las Autonomías: así, la ley de archivos sólo podría afectar a los archivos estatales; mientras que la ley de acceso sí que podría legislar sobre ello y para todos los archivos (se trataría de una ley común para todas las Administraciones Públicas, puesto que la regulación del acceso a los archivos y documentos públicos es una competencia estatal).

- Se preguntó, también, acerca de qué ley prima en el caso de conflicto de intereses.
D. Severiano Fernández Ramos respondió que primaría la ley más específica (Ley de “Memoria Histórica”) sobre la ley general (Ley de Patrimonio Histórico Español).

- Otro asistente preguntó acerca de quién se encargaría de hacer las certificaciones con respecto a los documentos no accesibles en los archivos privados (dado que en los públicos serían los funcionarios).
D. Severiano Fernández Ramos comentó que todo quedaba muy abierto en el Proyecto de ley.

- D. Julio Aróstegui Sánchez planteó el problema de las fuentes orales, no contempladas en el Proyecto de ley, dado que a veces son las únicas pruebas que pueden acreditar las víctimas. También se preguntó acerca de si algún grupo político había planteado que lo importante son los archivos. En este sentido, habló de una falta de una política clara al respecto, lo que ha dado lugar a una serie de problemas endémicos: ausencia de infraestructuras, falta de personal, etc.

- Por último, algunos asistentes comentaron la posibilidad de que se elaborasen una serie de peticiones a modo de conclusiones de la Jornada de Debate celebrada.
D. Antonio González Quintana propuso elaborar una declaración que incluyese unas peticiones básicas y breves.

Para descargarse este resumen en formato PDF, acuda al siguiente enlace: http://www.aefp.org.es/PDF/Resumen%20del%20desarrollo%20de%20la%20Jornada%20de%20Debate.pdf

Libertad de Información en México

2007-03-14T12:30:00.000+01:00

Junta Directiva

La tarea que diversos organismos de la Sociedad Civil mexicana, aglutinados en la plataforma México Abierto, están llevando a cabo en favor de una Ley de Libertad de Información en aquel país, de cuya aprobación se cumplen en estos días cinco años (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL:

http://www.mexicoabierto.org/download/viewer/III/3.Legislacion/1-LFTAIPG_13_06_2006.pdf)

puede ser una referencia fundamental para quienes en España estamos empeñados en conseguir un objetivo similar. Ayer, en el periódico La Jornada, de México, Elizabeth Velasco informaba de la reunión mantenida por los promotores de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública -identificados como integrantes del Grupo Oaxaca-, entre ellos académicos, representantes de organizaciones civiles y especialistas nacionales y extranjeros. En el encuentro se evaluó el papel de la sociedad civil en la reforma del artículo sexto de la Constitución y el de los medios de comunicación en la apertura de la información gubernamental. Asimismo, la sociedad civil *México Abierto* fue presentada como modelo a seguir en América Latina --podríamos añadir que también en España-- para garantizar la rendición de cuentas. Esa agrupación es impulsada por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y el instituto estadunidense National Security Archive, entre otras organizaciones. La dirección web de *México Abierto*, organización civil que lucha por la Ley de Libertad de Información en aquel país, es: http://www.mexicoabierto.org/

CELEBRACIÓN DE LA JORNADA DE DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE "MEMORIA HISTÓRICA"

2007-03-08T19:15:00.001+01:00

Junta Directiva

El día 7 se celebró una Jornada sobre
LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS ARCHIVOS QUE TESTIMONIAN LA REPRESIÓN EN EL
PROYECTO DE LEY DE "MEMORIA HISTÓRICA":
¿RESPETO A LA INTIMIDAD O VÍA DE IMPUNIDAD?
Intervinieron:
· Severiano Fernández Ramos
· Antonio González Quintana
· Julio Aróstegui Sánchez
· Virginia Álvarez Salinas
La semana que viene os ofreceremos un resumen de esta jornada

PLAZA EN PATRIMONIO NACIONAL

2007-02-23T11:47:00.000+01:00

Junta Directiva

Hoy ha salido publicado en el BOE la fecha de celebración de las pruebas selectivas para el acceso como personal laboral fijo, de una plaza de Titulado Superior Documentalista, en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en el marco de consolidación de empleo de carácter temporal. Esta noticia a simple vista carece de interés, sin embargo, si tenemos en cuenta los precedentes, de nuevo Patrimonio Nacional vuelve a sacar una plaza de laboral encubierta bajo la denominación de “documentalista”, cuando se trata en realidad de una plaza de ARCHIVERO. ¿Habrá que recordar a la Administración General del Estado, de la que forma parte Patrimonio Nacional, que existe un Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, al igual que un Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos del Estado? En este mismo contexto podemos plantearnos otra pregunta ¿qué piensa hacer Patrimonio Nacional con las plazas de funcionarios, tanto de Técnico Superior (Grupo A) como de Técnico de Archivos (Grupo B), que en este momento se encuentran vacantes en el Archivo General de Palacio?
Por último, esperemos que, al menos esta vez, los exámenes se realicen con las debidas garantías y transparencia que deben presidir todos los actos de la Administración Pública.

JORNADA DE DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE "MEMORIA HISTÓRICA"

2007-02-23T09:19:00.000+01:00

LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS ARCHIVOS QUE TESTIMONIAN LA REPRESIÓN EN EL PROYECTO DE LEY DE “MEMORIA HISTÓRICA": ¿RESPETO A LA INTIMIDAD O VÍA DE IMPUNIDAD?

Junta Directiva

7 DE MARZO DE 2007
De 18 a 21 horas

Organizada por:
Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)
Con la colaboración de la Cátedra "Memoria Histórica del siglo XX" de la Universidad Complutense de Madrid

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid

Para más información, consulten el tríptico de la Jornada de Debate en http://www.aefp.org.es/PDF/JornadaLM.pdf

75º ANIVERSARIO DEL A.H.P. DE ÁVILA

2006-12-19T16:38:00.000+01:00

VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁVILA: TODO LLEGA

Vicenta Cortés Alonso
El hecho de que los Archivos Históricos Provinciales se fueran creando desde 1931, el primero fue, precisamente, el de Ávila, y de que consiguiera un local propio y adecuado independiente de la Casa de Cultura, era siempre una noticia que me alegraba, tanto cuando tenía que visitarlos por mi trabajo, la Inspección General, como ahora que lo hago por comprobar lo que he ido leyendo y escuchando sobre las buenas novedades. Así como por felicitar a los colegas que tanto trabajan para conseguirlo. Seguí con interés el caso de Ávila y, por fin, he podido ir allí, al AHP, “edificio con declaración monumental rehabilitado con incorporación de partes nuevas, según los proyectos de Marián Álvarez-Builla y Joaquín Ibáñez, en el que se ha conseguido adecuar las construcciones conservadas y de nueva planta a las normas y características especiales para lograr la máxima funcionalidad de los servicios que presta este archivo”, como leemos en el tríptico redactado por su directora Teresa González, que lo atiende desde hace siete años.
Su atención y cuidado en mostrarnos el centro, conocer al personal y adelantarnos sus más recientes donativos de documentos privados, no han hecho más que confirmar nuestro orgullo por pertenecer a esta profesión, en general poco conocida y reconocida. Porque, amigos, si leemos que los fondos son unos 10 kilómetros entre documentos públicos y privados que se sirven a los ciudadanos, sean investigadores o no, ¿cómo es posible que haya una sola archivera y no cinco, como el material custodiado y servido establece como baremo internacional? Es lógico que muchos fondos incluyan en su descripción el paréntesis: “en organización”.
Deseamos mucho que este fallo se vaya salvando, de manera que se creen puestos de archivero permanente, aparte de los contratos temporales que ahora permiten mantener con coraje el día a día. Nos encantaría que así fuera, y no muy tarde, cuando hiciéramos una visita.
Por cierto, no queremos dejar de animaros a que visitéis la exposición conmemorativa del 75 aniversario de la fundación del Archivo.

REPOSICIÓN DE NOTA A PETICIÓN DE NUESTROS LECTORES

2006-12-19T13:54:00.000+01:00

¿ESTÁ CERRADO EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN? ¿HASTA CUANDO?

(Nota publicada en este Blog el 28 de noviembre de 2006)

Juta Directiva

“Por obras que afectan al sistema de calefacción del archivo, se cierra temporalmente la sala de usuarios del centro hasta nuevo aviso. Disculpen las molestias que se puedan ocasionar.” Este escueto anuncio aparecía en la página web del Archivo General de la Administración el pasado día 21 de noviembre, firmado por el director de ese centro.
No es precisamente un dechado de claridad informativa, la perla en cuestión. No sabemos si la ambigüedad de la noticia responde a una incapacidad de transmisión clara de los mensajes o a una vergonzante confirmación de la realidad con la que se han enfrentado los usuarios del archivo a partir de esa fecha: el cierre del Archivo General de la Administración a toda actividad. Ni siquiera el omnipotente alcalde Gallardón osaría cerrar una línea de metro sin anunciarlo con varios días de anticipación y sin dar una fecha aproximada de reapertura. En el caso que nos ocupa, lo más grave es que ni siquiera se ha informado de la situación real; podría pensarse, por la lectura del anuncio, que los usuarios pueden seguir acudiendo a buscar datos catastrales, a ver la exposición sobre los Baroja, o a consultar documentos en una sala distinta de la de investigadores (sólo se indica que se cierra tal sala, pero no se dice nada del resto de dependencias de las que se podría pensar que continúan abiertas). Sólo acudiendo al centro se adquiere conocimiento del alcance real de la situación.
El Ministerio de Cultura debe hacer, urgentemente, una nota informativa aclaratoria y, por favor, que la haga de forma transparente y no semiclandestina o de tapadillo. En una línea de coherencia con la política anunciada de ruptura de barreras al acceso a los archivos (de la que sería ejemplo paradigmático el decreto de eliminación de la Tarjeta Nacional de Investigador) se debe explicar por qué se ha producido este cierre y cuanto tiempo va a durar; es inaceptable lo de “hasta nuevo aviso”, terminología absolutamente en desuso en una administración que trata de ser transparente; ya se podía haber indicado un cálculo aproximado del período de cierre: no da lo mismo una semana que tres meses, por poner un ejemplo (no nos atrevemos a pensar en años, aunque la falta de concreción no invita, precisamente, a despejar preocupaciones). Se han de explicar los imponderables que han hecho imposible continuar con el funcionamiento normal del centro y que, obviamente, responderán a algo más que a una reparación de la calefacción. Porque, si bien en los archivos estamos acostumbrados a convivir con las obras, de gran envergadura en muchos casos, y obligadas casi siempre para mantener en óptimas condiciones edificios que requieren de un mantenimiento continuo, salvo en muy contadas excepciones, esos trabajos no han dado lugar a la cancelación de los servicios públicos; es de resaltar que particular cuidado se ha puesto siempre en garantizar, a pesar de las obras, el acceso a los fondos y los servicios de atención a los usuarios.
Es una exigencia democrática (eso sí que sería romper barreras al acceso) que un centro con un volumen de usuarios como el que tiene el AGA y con unos fondos de la importancia de los conservados en Alcalá, abra sus puertas al público en un horario más amplio del que hasta ahora ha venido manteniendo. La Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública ya ha manifestado, en su texto en defensa de los archivos públicos, su demanda de que los archivos generales se doten de los medios humanos y materiales necesarios para que puedan abrir también en horario de tarde e, incluso, los sábados. Pero, si eso no es posible hasta que se hagan las modificaciones presupuestarias y de plantillas necesarias, cuya planificación es comprensible que lleve meses, que al menos no cierren sus instalaciones sin informar debidamente a los usuarios y sin dar una explicación aceptable de los motivos que han llevado a tal decisión.

Reapertura del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares

2006-12-04T13:31:00.000+01:00

Junta Directiva

Recibimos con alegría la noticia de la reapertura del Archivo General de la Administración. Del mismo modo, pedimos disculpas si alguien ha encontrado en nuestro mensaje-pregunta del día 28 gruesas palabras; nuestra intención no era ofender a nadie personalmente. Es cierto que la expresión “una incapacidad de transmisión clara de los mensajes” ha sido desafortunada. En nuestra defensa insistiremos en que nos han movido a publicar esta nota la trascendencia y la gravedad de medidas como ésta, que ha llevado al cierre de uno de los más importantes archivos del Estado, y, sobre todo, el que se hayan tomado sin reconocimiento oficial de tal hecho. Lo hacíamos con esa tonalidad irónica no porque consideráramos al responsable de su redacción incapaz de expresarse con corrección, sino por nuestro temor a que no se quisieran decir las cosas con claridad; y con esa expresión de comparación se pretendía reforzar nuestra creencia de que, conscientemente, se estaba difuminando la realidad. Es más, la nota de reapertura vendría a confirmar esos temores: no habla de reapertura del Archivo sino de la sala de investigadores, manteniendo el equívoco de que sólo se ha cerrado esa sala y sin dar carta de naturaleza al cierre del centro.

Por otra parte, hubo una coincidencia, la publicación el mismo día de nuestra nota y del decreto sobre la TNI, que nos ha llevado a error. Preparada la nota sobre el cierre el día anterior, se hacía referencia al decreto sobre la supresión de la TNI como “nonato” (ha tardado más de un mes en publicarse desde que se anunciara la medida). Tras publicarse el citado decreto al día siguiente, una vez conocido el mismo, hemos procedido a rectificar nuestro texto, quitando ese calificativo.

En todo caso, queremos agradecer muy sinceramente los comentarios recibidos a nuestra nota. Nos son muy útiles para evitar errores, así como para tratar de corregir nuestro estilo y para no provocar equívocos o malos entendidos. No nos interesan las guerras personales sino la realidad de nuestra profesión y nuestros archivos. Si trasciende lo contrario es que nos estamos equivocando en la forma de expresarnos.

Una visita al Archivo General de Indias.

2006-11-13T14:07:00.000+01:00

Vicenta Cortés Alonso

Desde 1967, en que me trasladé de Sevilla a Madrid, no había vuelto a pisar al siempre recordado archivo de mis comienzos profesionales. Estaba al tanto de los cambios, las mejoras y también de las metas no conseguidas. Pese a ello, el volver a recorrer sus salas, oficinas y galerías, y sobre todo el depósito documental nuevo, me han producido una gran alegría porque significa que lo leído y escuchado era un avance hacia una meta que, como siempre está a cierta distancia.

Lo que más me ha gustado ha sido la ampliación de los espacios, de manera que la zona de trabajo es independiente del camino de los visitantes, pensando en cuando no teníamos despachos y estábamos en la ruta de los turistas. Además, como resultado de la gran obra que supuso La Informatización del Archivo General de Indias. Estrategias y resultados (1999), de Pedro González García, que se continúa sólo con ver el equipo con que trabaja el personal, de más de 50 personas, y los investigadores. Yo, nunca tuve máquina de escribir, lo mismo que mis compañeros, exceptuando el director, el secretario y la bibliotecaria.

Pero, si leemos la Bibliografía de los archivo españoles 1930-2000, tomo II de Los archivos españoles en el siglo XX: Políticas archivísticas y producción bibliográfica (2006), de Luis Miguel de la Cruz, publicada como la anterior por ANABAD, comprobamos que mucho de lo hecho no ha llegado a la imprenta (AGI, pp. 101-134). Sería sumamente útil que el AGI publicara, como lo hiciera en 1935 nuestro colega Juan Tamayo, entonces director, una Memoria acumulativa de los últimos veinte años. Así se lo dijimos, como solemos hacer en tales casos, a nuestra querida amiga y colega Isabel Simó, actual directora. Por lo menos, no nos sacó del archivo a cajas destempladas. Tiene temple.

Carta de Joan Pi y respuesta de A. González Quintana

2006-10-12T13:59:00.000+02:00

Mensaje enviado a Arxiforum por Joan Pi, Archivero de Sueca
Bienvenidos, yo también soy archivero de la función pública, Local, y comparto el escrito, sin embargo, creo que esta asociación sí que compite con las existentes, que son generales, y expongo (soís libres de aceptar el consejo, por descontado) que estas reivindicaciones ya se contemplan y se tramitan por las generales (de ahí que vayaís a competir), por tanto, la naturaleza de la agrupación vuestra societaria debería transformarse en SINDICATO DE ARCHIVEROS, como hicieron en su día para la defensa propia los médicos y la policía de la Administración Local o los pilotos de la aviación civil, recordad los réditos que sacan estos grupos laborales ajenos a los sindicatos también generales.De nuevo saludos cordiales y que todo sea para bien.

Joan Pi

Archivista de Sueca
Madrid, 06 de octubre de 2006
Respuesta de Antonio González Quintana
Muchas gracias por tu bienvenida y por tus consejos, aunque estos últimos, de momento, no los vamos a seguir. Te explico por qué. En primer lugar, ojalá existiese una asociación “general” de archiveros de ámbito estatal. Y digo ojalá no porque añore los tiempos preconstitucionales, sino porque, en algunas comunidades autónomas pequeñas, la única forma de sostener una asociación ha sido la de hacerla mixta (archiveros, bibliotecarios, museólogos y documentalistas) con las funestas consecuencias que esa mezcla tiene para el asociacionismo profesional, y los mensajes de arxiforum en estos días son la mejor prueba de lo que digo. En otros casos en los que se han organizado los archiveros independientemente, su escaso número les ha limitado en gran medida, siendo su único contacto con los colegas del resto del Estado el mantenido por los representantes de las distintas asociaciones en la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, que se reúne con escasa frecuencia.En segundo lugar, hemos querido constituir una asociación de funcionarios porque eso nos da un carácter profesional que, desgraciadamente, no encontramos en la titulación académica en archivística, de la que carecemos. A cambio, los procesos selectivos en todas las administraciones y organismos públicos ofrecen, hoy por hoy, la mejor homologación profesional, por la vía de unas exigencias de conocimientos y capacidades que, si bien son dispares, tienen una base común indiscutible y, sobre todo, garantizan que quienes los superan van a trabajar con archivos y con documentos de archivo. Entre los funcionarios archiveros no existen (salvo excepción que no conozco) confusiones de identidad como las que ha puesto a la luz el debate lanzado por el COBDC. Quizá este ámbito lo debamos extender a otros archiveros de las administraciones y organismos públicos que, siendo personal laboral, han accedido a una plaza catalogada para la que se han exigido conocimientos similares a los de los funcionarios; estamos estudiando la posible modificación de nuestros estatutos en este sentido.Queremos, en definitiva, tener un foro sin intermediarios que nos conecte con los colegas de todo el territorio del Estado. Creemos, por poner un ejemplo, que un archivero de la Administración General del Estado, en cualquier ciudad, tiene más en común con el resto de archiveros de la AGE, o con un archivero municipal de cualquier comunidad autónoma distinta de la suya, que con un archivero-bibliotecario-museólogo-historiador... de su vecindario, que trabaja para una fundación sin ánimo de lucro en labores de “técnico comodín en temas culturales”.Esa necesidad que sentimos de asentamiento de nuestra identidad a través del debate y del contraste de pareceres con otros colegas con los mismos cometidos y los mismos retos profesionales que nosotros, con total independencia profesional, sin distinción de ámbito geográfico dentro de España, es lo que nos ha llevado a crear una nueva asociación.En ningún caso hemos querido hacer, y no hemos constituido, un sindicato. Ni de nuestros estatutos ni de nuestros documentos publicados o de nuestras manifestaciones, propuestas o actitudes expuestas, se desprende ningún posicionamiento vindicativo de tipo laboral: ni subidas salariales, ni mejoras de las condiciones laborales, ni caja de resistencia, ni guarderías para nuestros hijos u otros salarios sociales..., ni de servicios sociales paralelos: ni grupo de montaña, ni asesoría jurídica, ni cursos de bailes de salón. Las peticiones que hacemos a los poderes públicos son tendentes a obtener mejoras para la profesión o para las instituciones archivísticas y, sobre todo, para sus usuarios. Sobre esas peticiones y sobre las propuestas relacionadas con las mismas que recogemos en nuestro manifiesto fundacional, es sobre las que nos gustaría centrar la discusión sobre nuestro “nacimiento”, y no tanto sobre lo que supuestamente somos o deseamos ser. Sin ser tan ingenuos como para pensar que los temas económicos o puramente laborales no tienen importancia, no es nuestro principal objetivo obtener grandes fortunas con nuestra profesión; si eso es lo que hubiéramos pretendido, probablemente, no la habríamos elegido. Desde luego no encontramos en los pilotos de líneas aéreas nuestro modelo a imitar; además, dudo que una huelga de archiveros de las administraciones colapsara económicamente el país.

Antonio González Quintana

Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Carta abierta a las asociaciones profesionales de archiveros y a la comunidad archivística en general

2006-10-05T20:10:00.000+02:00

Junta Directiva

Madrid, 19 de septiembre de 2006

Estimados colegas:

El pasado 25 de junio se constituyó la Asociación “Archiveros Españoles en la Función Publica” (AEFP). Esta nueva asociación profesional nace con el fin de aglutinar a los funcionarios de todas las categorías y cuerpos especializados en archivos que trabajamos para las distintas administraciones u organismos públicos y que compartimos la defensa de los archivos como servicios esenciales para la ciudadanía.

Lo que nos ha impulsado a crear esta asociación, que no trata de competir con las ya existentes asociaciones de archiveros, a las que individualmente pertenecemos muchos de los integrantes de AEFP, y a las que saludamos fraternalmente, es la necesidad, desde nuestro punto de vista, de iniciar una batalla en defensa de los archivos públicos en la que los archiveros de todas las administraciones y de todas las comunidades tengan una voz común en la exigencia de responsabilidades en la conservación y disponibilidad de los documentos de los organismos públicos, de modo que se garanticen la transparencia administrativa y el ejercicio de los derechos ciudadanos y se contribuya al conocimiento de la verdad sobre nuestro pasado reciente.

En primer lugar nos preocupa la tendencia, cada vez más extendida, a que los organismos públicos se desentiendan de sus documentos y contraten su gestión por empresas privadas; lo que hace cada día más difícil la exigencia de responsabilidades en las labores de guarda, custodia y disponibilidad de los documentos. La llamada externalización de servicios archivísticos impide, asimismo, garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la documentación de los organismos públicos o, en otro caso, garantizar la privacidad de los datos en ellos contenidos, como vemos ha sucedido con los documentos de la sanidad pública gestionados por algunas de esas empresas, sin garantía alguna de confidencialidad o respeto a la intimidad.
En segundo lugar, estamos muy preocupados por el discurso que se está dando en algunas políticas públicas en relación con el tema de la recuperación de la memoria histórica. Pues, si bien apoyamos toda iniciativa que trate de hacer una realidad el derecho a conocer la verdad y de responder al deber de recordar las atrocidades cometidas en el pasado, criticamos con firmeza cuanto pueda poner en entredicho el carácter y la función que los archivos han de desempeñar en esa labor, como herramientas insustituibles que son de testimonio de nuestro pasado.

Nuevas instituciones como los centros documentales de la memoria no deben llevarnos a pensar que desde los archivos ya no se puede hacer un trabajo de recuperación de la memoria y que son necesarias otras formas de afrontar esto de modo más dinámico o más "moderno" en las que los fondos de los archivos se podrían diluir. Al respecto conviene recalcar el carácter diferencial del documento de archivo en relación con bibliotecas o centros de documentación, y en el valor añadido que supone la preservación de su contextualidad. Además, algunas iniciativas de gran impacto mediático pueden desviar la atención sobre la situación de abandono extremo de importantísimos archivos: los de los tribunales militares sobre todo, absolutamente claves para conocer la represión franquista; o sobre la pérdida de algunos otros de los que no tenemos noticias desde el comienzo de la Transición, como el del Servicio Central de Documentación (SECED), de la Presidencia del Gobierno, fundamental para conocer la actuación de los servicios de información a partir del los años sesenta; o sobre la falta de iniciativas en cuanto a la, a nuestro entender, inaplazable desclasificación de los fondos de inteligencia militar conservados en los archivos militares.

En nuestra opinión, sólo una política archivística que asegure las infraestructuras y los medios humanos necesarios para un tratamiento adecuado de los documentos de las administraciones y organismos públicos junto con una labor profesional de los archiveros, independiente de presiones políticas y basada en un fuerte compromiso ético con la sociedad para la que trabajan, nos permitirá, a todos los ciudadanos, el acceso al conocimiento de los testimonios del pasado que conservan los archivos y el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos que los archivos sustentan en nuestra convivencia diaria.

Así, hemos elaborado el “Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos”, que se puede consultar en nuestro sitio web http://www.aefp.org.es/FR_mani.html o en nuestro blog http://archiverosefp.blogspot.com/, al final del cual proponemos la creación de una Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos, que fortalezca la base social de esta batalla que, si bien la iniciamos los archiveros, afecta a otos múltiples colectivos.

A tales efectos, proponemos la discusión del manifiesto elaborado por nosotros a todos los interesados en la creación de la plataforma y sobre las ideas anteriormente expuestas.

Antonio González Quintana

Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)

Manifiesto en Defensa de los Archivos Públicos

2006-08-25T11:12:00.000+02:00

Texto aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) el día 6 de julio de 2006

Los archivos públicos son elementos esenciales en la Sociedad Democrática como garantes de derechos y obligaciones, como soportes imprescindibles de la transparencia administrativa y como fuentes testimoniales insustituibles de la memoria colectiva. Por ello, los entendemos no sólo como los lugares de custodia de los documentos antiguos de reconocido valor testimonial, fundamentalmente usados como fuentes para los estudios históricos, sino como los servicios administrativos encargados de gestionar el tratamiento de los documentos públicos desde que son generados hasta su destrucción o selección para una conservación indefinida.

Estas garantías documentales únicamente pueden darse en la medida en que:
1.- Se asegure una correcta conservación de los documentos públicos,
2.- Se regule, de forma clara y precisa, la posibilidad de eliminación de aquellos que hubieran perdido toda validez, no sólo desde el punto de vista de las obligaciones y derechos derivados de actos administrativos, sino también desde el punto de vista del seguimiento de las actuaciones de los organismos públicos y la hipotética exigencia de responsabilidades; independientemente de su posterior valoración para ser conservados, o no, de acuerdo con su valor informativo como fuente para la historia.

La posibilidad de acreditar documentalmente los derechos individuales derivados de las actuaciones administrativas está íntimamente relacionada con una buena organización de los archivos como servicios públicos y con la accesibilidad a los mismos, tanto desde el punto de vista legal, como de la organización y descripción de los documentos. En sentido contrario, el respeto al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen sólo puede quedar a salvo en la documentación que custodian los archivos, si se garantizan su control y su seguridad mediante una gestión profesionalizada, basada en la independencia en la actuación técnica de los archiveros.

Los archivos públicos son, en definitiva, un elemento esencial para hacer efectivos los derechos y deberes de los poderes públicos y de los ciudadanos y constituyen un elemento más del Estado de Bienestar. Los archivos son mucho más que un lugar de investigación sobre el pasado remoto, abierto sólo a un reducido número de eruditos. El apoyo a su promoción, modernización y desarrollo debe venir impulsado por el convencimiento ciudadano de que archivos y archiveros son herramientas al servicio de la comunidad.

Las relaciones jurídicas, deberes y derechos de los ciudadanos que quedan bajo la legislación y reglamentación estatal, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales, así como los procedimientos de control y respaldo por cada una de estas Administraciones a la actividad de las personas físicas y jurídicas privadas, tienen que quedar en todo momento documentados, resguardados y garantizados por los organismos estatales, autonómicos y locales. En consecuencia, sus archivos han de ser gestionados con eficacia y seguridad, de tal modo que el derecho del particular o entidad que haya establecido una relación jurídica con cualquiera de los tres rangos de la Administración pueda ser en todo momento exhibido y exigido, y el acceso a los documentos que registran la vigencia de tal derecho sea siempre posible y ágil, salvados los bienes jurídicos fundamentales que protege la Constitución (seguridad, persecución de los delitos, honor e intimidad). Así pues, los archivos de organismos y entes oficiales tienen que ser objeto de atención primordial e indeclinable de la regulación, gestión y responsabilidad de las Administraciones públicas.

Sin embargo, la trascendencia que tiene una correcta administración de los documentos de las Administraciones Públicas sobre la vida cotidiana de las personas y sobre la convivencia de un pueblo, sólo se percibe de una manera plena cuando los ciudadanos no pueden obtener los testimonios documentales que necesitan. Esto se hace aún más patente en el caso de la administración electrónica en la que, cada vez más, se pone de manifiesto la indefensión de los ciudadanos ante una gestión de la información, reducida a un ámbito críptico que la sitúa al margen de la regulación que afecta a los documentos convencionales. Los poderes públicos deben garantizar que las enormes ventajas que la administración electrónica puede aportar en cuanto a una mayor eficacia, agilidad y transparencia de sus actos no menoscaben, en ningún caso, los logros democráticos consolidados en los últimos años en cuanto a la preservación y la disponibilidad de los documentos públicos y, en consecuencia, en su uso por los ciudadanos como herramienta fundamental para el ejercicio de sus derechos.
Teniendo en cuenta estos principios,

DENUNCIAMOS:

1.- La carencia de una Ley de Archivos específica en el ámbito estatal y en el de algunas Comunidades Autónomas, que por su propia competencia están obligadas a regular sus propios archivos y los de sus entidades locales; leyes en cuyos textos respectivos es necesario que se concreten, de forma plena, las garantías anteriormente apuntadas. En particular consideramos muy negativa la acumulación de lagunas y de contradicciones que, a nuestro juicio, presenta la legislación en cuanto al acceso a los documentos.

2.- La ausencia de infraestructuras y medios humanos (especialmente grave es la insuficiencia de profesionales) que garanticen la conservación de los documentos públicos, sea cual sea su soporte, en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o de las administraciones, así como la inexistencia de procedimientos para una correcta selección y eliminación de documentos, que aseguren que no serán destruidos sin la aprobación de la autoridad competente definida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o en las diferentes leyes autonómicas. Particularmente preocupante es la inoperancia de la mayoría de las comisiones calificadoras de documentos de los diversos rangos administrativos, así como la carencia de un estudio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en lo que concierne al valor jurídico del documento electrónico, las garantías de su conservación y el acceso al mismo.

3.- La falta de desarrollo legislativo en cuanto a la definición y regulación del Sistema Español de Archivos. Hemos de destacar la laguna esencial que constituye la inexistencia de un Reglamento de Archivos Estatales que la propia Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, estipulaba que debía ser elaborado en el plazo máximo de un año a partir de la publicación de aquélla. Especialmente preocupantes son dos situaciones:
a) La existencia de un denominado Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y cuya ejecución y gestión se ha encomendado a la Sociedad Española de Gestión de Inmuebles de Patrimonio, sin que existan normas reguladoras de su situación jurídica ni de sus funciones, o de sus ámbitos competencial y de actuación.
b) La indefinición en la que han quedado, a partir de los cambios político-administrativos vividos en España en los últimos veinticinco años, los archivos que han venido desempeñando las funciones de archivos intermedios e históricos de la Administración General del Estado (AGE) en cuanto a su dependencia, su ámbito competencial y su gestión, así como sobre sus relaciones con los organismos productores de los documentos que reciben, custodian y tratan. Esto es especialmente grave cuando nuestra Constitución reserva para el Estado la legislación sobre archivos estatales, mientras que la gestión de los mismos puede ser desempeñada por las Comunidades Autónomas; reparto de competencias que con enorme frecuencia se ve desvirtuado por decisiones unilaterales y situaciones de hecho, por lo general debidas a las propias Comunidades. De derecho, las normas reguladoras no han cambiado en este tiempo pero, de facto, se está reconduciendo en la práctica la función de estos archivos, alterando los fines para los que fueron creados.

4.- La ausencia de regulación para importantes archivos públicos como los archivos judiciales militares, lo que produce una fuerte inseguridad en cuanto a su correcta conservación y una desigual respuesta a las demandas de acceso. Tanto en el Reglamento de Archivos Militares de 1998 como en el Reglamento de Archivos Judiciales de 2003 estos archivos han quedado fuera de los respectivos ámbitos de aplicación, siendo así que ha quedado en una especie de limbo jurídico y sin dotación económica o de personal alguna, uno de los conjuntos de mayor valor informativo sobre la Guerra Civil y la Represión Franquista y que, sobre todo, es elemento esencial para aportar pruebas documentales para el reconocimiento de derechos a los solicitantes de indemnizaciones reconocidas a las personas que sufrieron prisión por motivos políticos, como víctimas de la represión.

5.- La imposibilidad de que los archivos cumplan su papel social sin una decidida ampliación de sus servicios y, en concreto, de sus horarios de apertura que, inexplicablemente, se circunscriben, en muchos casos, a un tiempo limitado, y en ocasiones mínimo, de mañana, sólo de lunes a viernes, haciendo así casi imposible su uso por la mayoría de los ciudadanos.

6.- La ausencia de criterios de homologación entre los diversos cuerpos de profesionales de los archivos existentes en las distintas Administraciones y organismos públicos, lo que redunda negativamente en la presencia de estos cuerpos en las plazas que les serían propias.

7.- La inadecuación de los temarios de oposiciones a las necesidades reales de los centros que han de gestionar los futuros archiveros. Especialmente preocupantes son, al respecto, los cambios inexplicables en los temarios de oposiciones a los cuerpos facultativo y de ayudantes de archiveros del Estado, publicados en 2006, que acentúan aún más la distorsión del perfil requerido para el acceso a las plazas de archiveros con relación a las funciones a desarrollar en los puestos que van a ocupar y en consecuencia con su futuro papel en la AGE. Esta desconfianza se extiende a algunas oposiciones de ámbito autonómico y a muchas de las de ámbito local.

8.- La cada vez más debilitada carrera administrativa de los funcionarios archiveros, a causa de la utilización abusiva de los procedimientos extraordinarios (comisiones de servicios y adscripciones provisionales) de adjudicación de puestos de trabajo técnicos; lo que, además, actúa en detrimento de la excelencia profesional, que debería quedar asegurada por una pública y transparente selección de candidatos, en función de los méritos alegados, juzgados en concursos limpios.

9.- Las políticas de nombramientos de los responsables de servicios archivísticos o de directores de archivos, que, en algunos casos, llevan a pensar que tales designaciones están basadas más en la previsible fidelidad personal a quienes hacen los nombramientos que en el prestigio profesional o en la experiencia contrastada de los elegidos.

10.- La falta de un cauce académico homologado para la práctica de la profesión de archivero/a, en concreto la inexistencia de una titulación universitaria propia, por la que viene abogando desde hace años el colectivo profesional de archiveros; y la intrascendencia de titulaciones universitarias de segundo ciclo basadas en asignaturas adjetivas, auxiliares, superfluas y coyunturales, quizá válidas para la formación de otros profesionales pero acusadamente deficientes en la enseñanza de lo que son los archivos y los documentos públicos.

11.- La ausencia de una institución archivística de ámbito estatal que sirva de oferta para la recogida y gestión de los depósitos o las donaciones que puedan hacer las entidades privadas de ámbito estatal como partidos políticos, sindicatos, congregaciones religiosas, federaciones deportivas, organizaciones no gubernamentales o cualesquiera otras asociaciones que deseen utilizar las infraestructuras archivísticas del Estado como destino final de su patrimonio documental.

12.- Las políticas de gestión del patrimonio histórico documental aparentemente orientadas, tanto en el ámbito estatal como autonómico, por coyunturales intereses electorales; o de rentabilidad política inmediata, con el perjuicio consiguientemente ocasionado a la independencia de los profesionales de los archivos. Consideramos especialmente grave el precedente que ha supuesto la ocupación policial del Archivo General de la Guerra Civil el pasado día 19 de enero de 2006 con el pretexto de hacer cumplir la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, desposeyendo de sus prerrogativas al director del citado archivo y limitando la movilidad y la actividad laboral de los trabajadores del centro, en una intervención completamente desproporcionada, por cuanto no había razón alguna para pensar que los funcionarios del archivo no iban a actuar dentro de la legalidad y que no iban a llevar a cabo las decisiones adoptadas por las autoridades competentes: no eran los trabajadores del centro una amenaza al cumplimiento de la Ley, en todo caso, si había alguna oposición, se situaba fuera del centro.

13.- El uso, cuando menos poco riguroso o ambiguo, del concepto de “memoria histórica”. Nos manifestamos a favor de todas aquellas iniciativas que contribuyan a ahondar en el conocimiento de nuestro pasado más reciente y compartimos la necesidad de que sean rehabilitados, en nombre del Estado todas las víctimas de la violencia política en la Guerra Civil, la Dictadura Franquista y la Transición, pero consideramos injustificado que ciertas políticas de “recuperación de la memoria” atribuyan un equívoco papel a los archivos, que terminan equiparándose a los centros de documentación; instituciones que, en tanto que suponen una selección documental, claramente se prestan para ser interpretadas como instrumentos para la “reconstrucción de un pasado a la medida de determinados intereses políticos”; por muy legítimos que estos sean, recordemos que “la Historia no la escriben los políticos sino los historiadores.

Por lo tanto,

PROPONEMOS:

1.- Elaboración de una Ley de Archivos de ámbito estatal que armonice las contradicciones existentes en múltiples y dispersas disposiciones y que dé solución a los problemas aún no abordados, y entre otros, que incluya la creación de un Consejo de Archivos que coordine de forma efectiva a todos los de las Administraciones Públicas, de cualquier rango que estas sean.

2.- Elaboración de una Ley de Libertad de Información que armonice la dispersa y a veces contradictoria normativa existente sobre acceso y garantice el derecho de acceso a los documentos públicos a través de procedimientos administrativos y recursos de rápida tramitación y resolución. En particular y por afectar a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho al honor y la intimidad, habrá de revestir rango de ley orgánica, con el fin de conciliar el derecho de acceso con las disposiciones sobre protección de datos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La aplicación, a partir de octubre de 2007, del régimen de protección de datos de esta citada Ley Orgánica 15/1999 a los ficheros no automatizados preexistentes implicaría, en el momento actual, la eliminación y no accesibilidad de fuentes hoy consideradas básicas para la investigación y la memoria históricas, y ello constituye un escollo a salvar con urgencia.

3.- Desarrollo Reglamentario de la Ley 16/1985 en cuanto a los archivos de titularidad estatal y elaboración del Reglamento de Archivos Judiciales Militares, o revisión del Reglamento de Archivos Militares de 1998, para que puedan aquellos ser incluidos en el ámbito competencial del mismo.

4.- Regulación del Sistema Español de Archivos, como conjunto de todos los archivos dependientes de los Poderes y Administraciones públicas y, dentro de él, del Sistema Archivístico de la Administración General del Estado.

5.- Adscripción de los archivos públicos a los departamentos competentes en materia de organización en las distintas administraciones; en la Administración General del Estado al Ministerio de Administraciones Públicas, si bien para gozar de una mayor proyección sobre todo el sector público, incluyendo los órganos constitucionales, sería más adecuada la dependencia de la Presidencia del Gobierno.

6.- Reconducción del proyecto “Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA)” hacia su integración en el Sistema Archivístico de la AGE.

7.- Elaboración de un Plan de Infraestructuras archivísticas que conduzca, entre otros fines, a la descongestión de las infraestructuras saturadas como el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración.

8.- Creación de una Agencia de Archivos Nacionales, que integre en una red única a todos los archivos civiles y militares de carácter nacional.

9.- Reestructuración de la Junta Superior de Archivos para convertirla en una auténtico órgano asesor y coordinador de los sistemas de archivos públicos españoles, cuya composición y funciones sean orientadas por criterios profesionales y en la que estén representadas las autoridades archivísticas central y autonómicas así como los colectivos profesionales de archiveros de todas las comunidades del Estado.

11.- Dotación de las plantillas y de los medios materiales y económicos que permitan la ampliación del tiempo de apertura de los archivos públicos, extendiendo ésta de lunes a sábados en horarios de mañana y tarde.

10.- Adscripción interdepartamental de los cuerpos funcionariales de las administraciones públicas especializados en archivos.

11.- Homologación de criterios para la selección de archiveros en las distintas administraciones públicas.

12.- Desarrollo de un cauce universitario adecuado, tanto en un primero como en un segundo ciclo, para la capacitación profesional en la organización y tratamiento de archivos, mediante una representación sustantiva, digna, seria y suficiente de las disciplinas académicas adecuadas para la comprensión y gestión de los archivos públicos y privados, y abarcando los estudios de Archivística como ciencia instrumental inexcusable.

13.- Reconocimiento de la independencia de los archiveros en su trabajo científico o técnico.

14.- Definición de la carrera administrativa de los funcionarios de los cuerpos de archiveros garantizando sus posibilidades de promoción y determinando los niveles considerados de “confianza política” que supondrían la limitación de la mencionada posibilidad de promoción basada en los méritos profesionales. En concreto las plazas vacantes deberían ofertarse en concursos de méritos, convocados regularmente.

15.- Puesta en marcha de una auténtica política de gestión de nuestro pasado inmediato, potenciando el valor de los documentos conservados en los archivos como fuentes primarias imprescindibles para acercarse al conocimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos.

16.- Generación de un instrumento para la recogida de información y protección del patrimonio documental privado de singular relevancia, para su inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles.

17.- Creación de las infraestructuras necesarias para la gestión de los fondos documentales privados que puedan incorporarse a los archivos estatales.

Por nuestra parte, como asociación,

NOS COMPROMETEMOS A:

1.- Elaboración y seguimiento de un código ético para los archiveros de la función pública sustentado en los principios de respeto a la legalidad, independencia en la actuación, respeto a los derechos humanos e igualdad de trato a los usuarios de los archivos.

2.- Puesta en marcha desde la asociación “Archiveros Españoles en la Función Pública” de una plataforma en defensa de los archivos públicos, a la que invitamos a sumarse al resto de asociaciones de archiveros, a las asociaciones ciudadanas de consumidores y usuarios, a las organizaciones sindicales, a los partidos políticos y a cuantas personas y entidades, públicas o privadas, compartan el contenido de este manifiesto.

Presentación de la Asociación

2006-08-25T09:18:00.000+02:00

Junta Directiva

Archiveros Españoles en la Función Pública se constituye como Asociación profesional destinada a agrupar a cuantos archiveros hayan accedido como funcionarios al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España y que compartan y asuman los principios y objetivos declarados en estos Estatutos.

Archiveros Españoles en la Función Pública tiene por objeto fundamental promover el desarrollo profesional de sus asociados y el de los servicios a ellos encomendados, así como fomentar la defensa de los archivos públicos como garantes de la transparencia administrativa y de la defensa de los derechos ciudadanos. Carece de finalidad lucrativa y dedicará los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de sus actividades.
Se ocupará de:
1.- Asistir y representar los intereses y derechos de los asociados en sus tareas profesionales excluyendo cualquier actividad de carácter sindical.
2.- Promover la mejor formación de los profesionales de los archivos públicos así como la creación y mejora de los mismos.
3.- Señalar las condiciones profesionales y técnicas para el desempeño de las tareas archivísticas en el sector público y promover el acceso a la función pública de los archiveros y técnicos de archivos en condiciones de igualdad a partir de una justa y ecuánime valoración de conocimientos y méritos.
4.- Fomentar las relaciones profesionales de los asociados.
5.- Fomentar el establecimiento de los mecanismos que aseguren la correcta preservación y el adecuado acceso a los documentos públicos por parte de los ciudadanos en orden a garantizar el ejercicio de sus derechos.
6.- Fomentar la defensa del Patrimonio Documental como bien cultural tanto ante las instituciones públicas como ante los ciudadanos.
7.- Fomentar un comportamiento profesional de los archiveros públicos sujeto a los códigos éticos profesionales al uso y a unas pautas generales de actuación siempre respetuosas con la Declaración Universal de Derechos Humanos, apoyando la objeción de conciencia y la desobediencia a cualquier orden superior que implique la realización de una actividad documental ajena al respeto de tales principios.
8.- Establecer cauces de información y colaboración con instituciones públicas competentes en la gestión de documentos y en la administración de archivos.
9.- Representar a los miembros de la asociación